El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una visita de inspección a la provincia de Jujuy, con el objetivo de entrevistar a las personas privadas de la libertad tras las protestas acaecidas en la provincia, mantener reuniones institucionales y cooperar con el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. La delegación arribó a la provincia el miércoles 21 de junio y se retiró dos días después.

En primer lugar, el CNPT reconoce «la disposición de las autoridades provinciales que han brindado la información solicitada hasta el momento y facilitado el libre acceso a todos los lugares a los que concurrió». Comunicó que entrevistó a la totalidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el penal de Alto Comedero el día 21 de junio, que en ese momento ascendía a 60 personas (46 varones, 9 mujeres y 5 jóvenes adultos). Al finalizar la visita del Comité, se dispuso la libertad de todas ellas.

Durante el monitoreo, el CNPT afirmó que recibió alegaciones de golpes y malos tratos por parte del personal policial al momento de la detención y durante el traslado a dicho penal. En su mayoría, las personas entrevistadas relataron que el personal policial «no se encontraba identificado«. A su vez, «se registraron personas con heridas provocadas por el impacto de balas de goma, tanto en el rostro, como en el torso y piernas».

Asimismo, el Comité aseguró haber verificado las condiciones de detención en el penal, donde «la mayor parte de los detenidos se encontraba en sectores educativos de la unidad, para evitar su vinculación con las personas detenidas de manera permanente». A su vez, se relevaron algunas dificultades en el ejercicio efectivo de la defensa, tales como la «falta de comunicación de los motivos de la detención y el acceso lento a los legajos de investigación».

Asimismo, la delegación entrevistó a personas heridas, algunas graves, que permanecían internadas en el Hospital Pablo Soria.

Posteriormente, el Comité informó que su delegación se dirigió a Purmamarca, donde entrevistó a numerosas personas, algunas heridas, durante la represión del sábado 17 de junio. Se registraron «necesidades de atención en salud física y mental, lo que debe ser llevado a cabo por instituciones que gocen de la confianza de la comunidad, ya que se recibieron alegaciones de mucho temor por falsas informaciones».

El Comité también mantuvo una reunión con el Gobernador Gerardo Morales, a quien se le informó las alegaciones recibidas y la necesidad de realizar una investigación eficaz sobre la actuación policial. El Comité también reiteró las recomendaciones sobre el uso de la fuerza en consonancia con los pronunciamientos de organismos internacionales de DDHH.

A la vez, el Comité realizó reuniones con las organizaciones sociales y referentes de pueblos indígenas, con la Defensora General Ivonne Haquim y el Fiscal General Sergio Lello Sánchez. El objetivo de dichas reuniones fue «recabar información y recomendar cursos de acción en el ámbito de sus competencias».

El Comité se encontraba monitoreando la situación en la Provincia desde el día sábado 17 de junio, a partir de la información reportada por las organizaciones sociales y por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Jujuy con el que se trabajó de manera articulada en función de los principios de complementariedad y subsidiariedad previstos en la ley 26.827. 

El Comité elaborará un informe con recomendaciones que será remitido inicialmente a las autoridades y al Comité Provincial, con carácter confidencial, de acuerdo a la normativa del organismo.