Las jornadas en las que los dueños de Vicentin vieron amenazado su poder a manos del gobierno nacional parecen haber quedado muy atrás. Por el contrario, los últimos sucesos vinculados al expediente de su convocatoria de acreedores le ofrecen un escenario por demás favorable. Esta semana, los síndicos presentaron un extenso escrito defendiendo la versión de la empresa respecto a las causas de su crisis, hecho que se suma a la decisión del juez de pesificar las deudas comerciales y la imposición de agrupar a todos los acreedores bajo una categoría única.
La situación fue advertida días atrás por los legisladores santafesinos que integran la comisión de seguimiento del caso. «Si no interviene el Estado, Vicentin terminará en el peor de los escenarios», pronosticó el diputado provincial Luis Rubeo (PJ), minutos después de mantener una entrevista con el juez de la causa Fabián Lorenzini.
A esta altura, resulta incontrastable que la agroexportadora está fortalecida dentro del proceso concursal. Con una sindicatura apoyando gran parte de sus decisiones, le quedó un camino bastante allanado para lograr las mayorías que requiere el acuerdo preventivo. Eso sí: deberá contar necesariamente con la aprobación de los bancos internacionales, que hasta ahora vienen mostrando los dientes pero sostienen puentes de negociación.
Si bien la propuesta de un grupo de 70 acreedores granarios (que exige la salida de directores y accionistas) recibió apoyo del conjunto de los bancos públicos -incluido el Nación- y de la propia Bolsa de Comercio de Rosario, no logró el aval de otros acreedores comerciales de peso, como ACA y la Unión Agrícola de Avellaneda. Estos últimos, por el contrario, vienen sosteniendo buenas relaciones con Vicentin a través de nuevos contratos de fasón en las plantas de la malograda agroexportadora.
Cancha inclinada
La noticia más relevante de esta semana fue la incorporación al expediente de un extenso escrito de la sindicatura, en la que hicieron suyas prácticamente todas las explicaciones que viene dando la compañía desde diciembre de 2019. La posición de los contadores Carlos Amut, Diego Telesco y Ernesto García se plasmó en lo que se conoce como «informe general», una instancia de gran trascendencia para el proceso concursal, en la que los profesionales vierten su opinión sobre las causas que motivaron la cesación de pagos. Si bien el expediente Vicentin es de naturaleza extraordinaria (por incorporar, por ejemplo, una auditoria forense y una veeduría), para el juzgado este diagnóstico es de vital relevancia.
«Nos encontramos con causas típicamente externas, adquiridas (…), que muestran dificultades que se fueron agravando con el transcurso del tiempo y alentaron la decisión de la presentación concursal», afirmaron en un texto de 153 páginas los síndicos, que por su tarea cobrarán entre 1000 y 4000 millones de pesos, según los honorarios que fija la ley de Concursos y Quiebras.
Algunos acreedores ya venían planteando fuertes críticas al accionar de los contadores. Por ejemplo, a través del estudio rosarino Robiolo, productores manifestaron al juez que la sindicatura viene teniendo una «actitud negligente, sospechosamente liviana» en el concurso. Solo para citar un ejemplo, en su informe general no se tuvo en cuenta una conclusión arribada por la auditoría forense, respecto a que la concursada ocultó pasivos en los balances de 2017 y 2018. Por el contrario, avaló dichas presentaciones, planteando la evolución de la empresa en los siguientes términos: «Constante crecimiento de los recursos, una solvencia adecuada con un índice de liquidez aceptable, pero en el ejercicio 2019 esas relaciones se ven discontinuadas y alteradas», sostuvieron en el extenso texto ingresado al expediente.
El juez Lorenzini puede desoír las evaluaciones de la sindicatura, pero los antecedentes indican lo contrario. Así ocurrió, por caso, con la pesificación de las deudas comerciales, un aspecto que si bien encuadra con el actual marco normativo es objetado por otros actores, que por el contrario entienden que por lo extraordinario del caso el magistrado debería haber generado un leading case. Según pudo saber este medio, Lorenzini y su equipo habían avanzado en una fórmula para que productores, corredores y acopios mantengan el valor de sus créditos, generando una indemnización basada en un criterio de equidad. El mecanismo llegó incluso a redactarse, pero terminó siendo letra muerta. La razón principal -explicaron desde el juzgado- fue el efecto «impredecible» que hubiera generado en el proceso la introducción de una innovación que escapaba a lo dictado por la ley de concursos y quiebras.
Hay otra cuestión a tener en cuenta. Si bien Vicentin generó fuerte rechazo en algunos originadores de granos, el sentimiento no es compartido por todos. Sólo 300 de los más de 1000 acreedores granarios hicieron reclamos en dólares, lo cual evidenciaba una aceptación de la cotización en pesos. Entre el grupo mayoritario se encontraban, además, grandes jugadores del sector, como ACA, AFA o la Unión Agrícola de Avellaneda.
Con este panorama, serán definitivamente los bancos internacionales los que definan el futuro de la agroexportadora. Con casi el 40% de la deuda (más de U$S 500 millones), estos organismos tienen hasta poder de veto en el concurso. No en vano existen gestiones de Vicentin vía la embajada holandesa para acercar posiciones. «
