A diferencia de otros periodos estivales, el actual resulta ser excepcionalmente más activo en materia de decisiones de política económica. Las mismas responden de manera principal, como se viene haciendo desde el año pasado, a mitigar los efectos de la inesperada pandemia sanitaria y retomar un crecimiento inclusivo.

La última semana del mes comenzó con el acuerdo del Gobierno y las industrias frigoríficas para abastecer al mercado interno con diez cortes de carne vacuna a valores hasta un 30% por debajo de lo que cotizaban en diciembre pasado, al menos hasta fines de marzo. 

A su vez, se está analizando una estrategia para desvincular los precios internos de los vaivenes de los precios internacionales en los principales granos de exportación. La cotización de estas mercancías viene mostrando una tendencia al alza en el mundo y las proyecciones indican que seguirán por ese camino. De hecho, según el reciente informe del FMI: “Perspectivas Económicas Mundiales”, el precio de las materias primas globales, sin incluir el petróleo, se elevará en casi un 13% durante 2021. Si no se regulan los precios internos, esto podría reducir la capacidad de consumo de la población de productos básicos como aceites y panificados, entre otros.

A las regulaciones sobre los granos se agregarían otras para las frutas y verduras que vienen mostrando subas importantes. También esta semana se definieron las primeras especificaciones sobre la Ley de Góndolas, para que los comercios alcanzados (supermercados e hipermercados) ofrezcan por lo menos cinco marcas alternativas para un mismo producto. También obliga a los establecimientos a que la exhibición en las góndolas de los productos de una misma marca no exceda el 30% de la superficie, que un 25% de ese espacio esté destinado a productos de pymes y como mínimo un 5% a los comercializados por empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.

Todas medidas que inciden sobre los precios de los alimentos, uno de los rubros con mayores incrementos durante el año pasado y que afectan a la mayoría de la población, en especial la de menores ingresos, que destina gran parte de ellos a la compra de comestibles. Según el IPC nacional del Indec, mientras que el nivel general de precios tuvo una variación del 36,1% durante todo 2020, en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue del 42,1%.

Es evidente que se requieren medidas regulatorias por parte del Estado para garantizar el abastecimiento de estos productos a la ciudadanía a precios accesibles. No obstante, y como ya dije en otras columnas, queda aún pendiente la aplicación plena de las tres leyes de 2014 que encaran estos temas. De esta forma se lograría un control más eficiente del Estado en las cadenas de valor de los alimentos, en donde existe una gran concentración de empresas que dominan los mercados y utilizan dicha posición para imponer valores que las benefician con ingentes ganancias.

Complementando lo anterior, otra novedad reciente fue el anuncio de un acuerdo de precios y salarios con los sectores sindical y empresario. La idea es que los ingresos de los trabajadores se ubiquen al menos en dos puntos por encima de la variación de precios y así lograr una recomposición del poder adquisitivo de los salarios. Esta iniciativa, como es de esperar, implicará importantes y muy probablemente difíciles negociaciones con los grandes sectores empresariales.

En definitiva, todas estas medidas van en el mismo sentido. Como señaló en la reunión del gabinete económico de esta semana el ministro Martín Guzmán: “Buscaremos la reducción gradual y consistente de la inflación”, a lo que agregó que “se considera a la inflación como un fenómeno multicausal, consecuencia de factores macroeconómicos y pautas de comportamiento y de formación de expectativas que le dan persistencia”. Muy lejos de la visión monetarista que se intentó instalar en la gestión de gobierno de Mauricio Macri, cuando incluso se llegó a restringir fuertemente la emisión monetaria con el convencimiento de que frenaría el alza de precios, estrategia cuya absoluta ineficacia fue demostrada por la realidad.

Proyecciones económicas mundiales

El informe de actualización de proyecciones macroeconómicas publicado hace pocos días por el FMI tuvo fuerte repercusión en los medios de nuestro país.

No obstante, varios comentarios, en especial sobre las estimaciones para Argentina, reflejaron cierta parcialidad o como mínimo fueron incompletos. Por un lado, el organismo revisó al alza su proyección mundial de crecimiento para 2021 en 0,3 puntos porcentuales quedando en +5,5%. “Esta actualización tuvo su origen principalmente en el desempeño de las economías avanzadas y refleja el apoyo fiscal adicional anunciado hacia fines de 2020, especialmente por Estados Unidos y Japón, y las expectativas de una disponibilidad más rápida de lo esperado de la vacuna en comparación con las economías emergentes y en desarrollo”, reza el documento.

Las proyecciones de Brasil y México, por su parte, también tuvieron una corrección positiva en 0,8 puntos porcentuales en ambos casos para 2021.

Para Argentina, si bien varios medios sólo destacaron el recorte en la proyección de crecimiento para 2021 del 4,9% al 4,5% que realizó el Fondo, cabe señalar que también mejoró la estimación de la actividad económica para 2020 en 1,4 puntos porcentuales: mientras que en octubre pasado se esperaba que el PIB de nuestro país decreciera un 11,8% en 2020, ahora esa baja se recortó a -10,4%. Además, se corrigió al alza en 0,2 puntos porcentuales el crecimiento de nuestro país para 2022 con respecto a lo publicado en octubre.

Por último, merece la pena mencionar que también fueron recortadas las proyecciones de crecimiento del PIB 2021 para Italia (-2,2 pp), España (-1,3 pp), Reino Unido (-1,4 pp), Alemania (-0,7 pp) y Francia (-0,5 pp), entre varios más.

Otro dato global reciente sobre los efectos de la pandemia proviene del informe de la Organización Internacional del Trabajo, que “estima que en 2020 se perdieron un 8,8% de las horas laborales del planeta, equivale a 255 millones de empleos a tiempo completo”. Esta pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.

En cuanto a los ingresos laborales, éstos se redujeron con respecto a 2019 en 3,7 billones de dólares (un 4,4% del PIB mundial de 2019). Pero, una vez más, la distribución de esa pérdida añadió mayor desigualdad al mercado laboral, dado que fue mayor “en el caso de los trabajadores jóvenes, las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de baja o mediana calificación”, concluye la OIT.

Por su parte, los datos dados a conocer por la ONG Oxfam en su informe “El virus de la desigualdad” indican la fuerte concentración de la riqueza y parte de sus efectos: “el incremento de la fortuna de los 10 supermillonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza a causa de la pandemia y para financiar una vacuna universal contra la Covid-19”.

En definitiva, si hay algo que claramente quedó de manifiesto luego del surgimiento de la pandemia es que las inequidades ya existentes en el mundo entero se exacerbaron ante la crisis económica, cuestiones que sólo comenzarán a resolverse a través de regulaciones y políticas públicas que vayan mejorando la distribución del ingreso.