Al cierre de esta edición, los choferes de la Unión Tranviario Automotor (UTA) de Córdoba mantenían reuniones con autoridades del gobierno provincial por el conflicto salarial que durante toda la semana que pasó mantuvo sin transporte a la capital provincial.

La desavenencia arrancó tras la firma de la paritaria nacional de UTA, que firmó el sindicato conducido por Roberto Fernández el 1 de junio, y que establece una suba del 21% en tres cuotas: 8% en junio, 7% en diciembre y 6% en enero de 2018.

El acuerdo, que se inscribe dentro de lo pautado por el gobierno y firmado por otros sindicatos de la CGT cosechó un fuerte rechazo entre los trabajadores de base de la capital cordobesa, cuyo sindicato se encuentra intervenido desde 2015. El rechazo de los delegados de base se tradujo en un paro que ya lleva seis días.

Los choferes, y en particular las conductoras de los trolebuses que encabezan el conflicto, lograron la solidaridad de las dos CGT regionales, del sindicato de Luz y Fuerza, de los municipales, SMATA y hasta los taxistas y remiseros que reaccionaron frente a declaraciones del intendente radical Ramón Mestre.

Los trabajadores decidieron no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y firmada por la intervención del sindicato. La respuesta: 80 despidos.

Se trata del desafío más profundo al techo salarial que pretende imponer el gobierno y que de triunfar podría modificar drásticamente el panorama de las paritarias que están en curso, e incluso las que ya se hubieran cerrado.

La solidaridad que han cosechado los y las choferes cordobeses llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires. El pasado jueves 8, en forma autoconvocada, se reunieron cerca de 1000 choferes en una asamblea masiva que se desarrolló en la Plaza Miserere en el barrio de Balvanera, con el propósito inicial de movilizarse a la sede del sindicato a mostrar su repudio ante el acuerdo salarial y manifestar su respaldo a la lucha de sus colegas cordobeses. «