El ajuste del boleto en el transporte público metropolitano que empezará a regir el miércoles 15 será el cuarto en lo que va de 2018 y no estaba previsto en el cronograma de recomposición de tarifas difundido a comienzos de año. Su repentino anuncio, junto con el aumento en el valor de distribución de la energía eléctrica y la presión para endosarles Edenor y Edesur a las administraciones porteña y bonaerense, muestran el apuro del gobierno nacional para reducir los montos a abonar por subsidios.

La urgencia es doble. Las autoridades necesitan mostrar avances concretos para cumplir la promesa formulada al Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit primario a 1,3% del PBI. Esos avances tienen que estar plasmados en el proyecto de Presupuesto 2019 que el Ejecutivo debe enviar al Congreso dentro de seis semanas. Pero también hay prisa por tapar el agujero que causó la devaluación. Ocurre que gran parte de los subsidios cubren rubros atados al dólar, como la generación de electricidad y las compras de combustible.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entre enero y mayo se habían gastado $ 70.332 millones en subsidios, algo menos de un tercio de los $ 224 mil millones en el presupuesto nacional, que ya de por sí eran un 7% menos que el año pasado. Pero los cálculos se habían hecho con un dólar promedio de $ 19,30, sin contar la devaluación que llevó la divisa a un valor 45% más alto. Ante ese cuadro, y con el FMI siguiendo la situación de cerca (el mes que viene se producirá la primera revisión trimestral del acuerdo stand by), esta nueva ronda de tarifazos se parece más a un desesperado manotazo de recursos que a una corrección de precios ya estipulada.

Todos los números, entonces, quedaron en revisión. En el caso del transporte, el ministro Guillermo Dietrich señaló que las subas “surgen de la evolución de costos” y aludió a los aumentos del gasoil y del salario de los choferes. No precisó si esta corrección alcanzará para mantener el tope anual de $ 72 mil millones destinados a subsidiar trenes y colectivos, aunque dejó una pista: “Hay un presupuesto y lo tenemos que cumplir”. De igual modo, en Aerolíneas Argentinas (complicada por la competencia de las empresas low cost que el mismo gobierno alienta) ya ven que la meta de déficit cero para 2018 no se cumplirá: “Estamos haciendo un esfuerzo para acompañar a Aerolíneas en la situación generada por la suba de combustibles”, dijo Dietrich en la asunción del nuevo presidente de la compañía, Luis Malvido.

El alza en las tarifas de electricidad se produce cuando el ministro de Energía, Javier Iguacel, busca reformular el esquema del sector energético para evitar los aumentos de hasta un 80% que tocaban con las recetas pergeñadas por su antecesor, Juan José Aranguren. En esa dirección, se redujo el precio que la estatal Cammesa paga a los productores de gas para comprar el fluido que, a su vez, les entrega a las usinas térmicas para generar electricidad. Ese valor bajó de U$S 5,20 a 4,20 por millón de BTU (unidad de cuenta para el gas), con un potencial ahorro para Cammesa de $ 17 mil millones. Pero la dolarización, principio basal para Aranguren, sigue en pie.

Cumplidos esos volantazos, el gobierno podrá retomar su senda de ajuste original, que promete al FMI ”reducir los subsidios ineficientes en energía y transporte” y “avanzar en la proporción del costo de producción de los servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores”, según reza la carta de intención. Ese rubro, junto con los recortes de los giros a las provincias y el freno a la obra pública, serán los ejes de la reducción del déficit en $ 300 mil millones para 2019. Con ese fin el gobierno nacional busca pasarle la mochila a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que se harían cargo desde enero de la política tarifaria y los subsidios que demanden Edenor, Edesur y el transporte público. Será difícil para Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal esquivar ese pedido. «