La Oficina Anticorrupción emitió hace pocos días una resolución que cuestiona la mega fusión entre Cablevisión y Telecom operada durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la resolución 2022-4, del pasado 22 de febrero, que advierte que hubo funcionarios públicos de máxima jerarquía involucrados en una grave situación de conflicto de intereses al momento de avalar la compra, la más grande en la historia de las comunicaciones en el país.

En ese dictamen, la OA solicita la remisión al fuero penal de todo el sumario, a los fines de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Esteban Greco y Roberta Bidart, que en ese entonces se desempeñaban como presidente y vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), infringiendo el deber de abstención que les imponía la ley de Ética Pública.

El sumario tuvo su origen en las impugnaciones a la fusión realizadas por la abogada Liliana Zabala. En este marco, la investigación efectuada por el actual titular de la OA, Félix Crous, avanzó sustancialmente en relación a la que fuera realizada durante la gestión Laura Alonso. La funcionaria del PRO se había limitado a formular un llamado de atención a Greco por entender que debió actuar de acuerdo al principio de prudencia. Si bien esta decisión tuvo el valor de reconocer y dar por acreditado que se había infringido la ley de Ética Pública, no fue más allá en la investigación sobre un posible conflicto de intereses.

Ahora, la OA advierte que las mismas personas que durante el gobierno anterior dieron el aval técnico para habilitar semejante fusión, se habían desempeñado como asesoras estratégicas de las empresas cuestionadas, teniendo por lo tanto capacidad real para influir indebidamente en las decisiones adoptadas. De acuerdo con Zabala, se trata de un caso de “puertas giratorias”, ya que quienes intervinieron en las negociaciones pasaron de defender el interés de un privado a ocupar roles clave en los ámbitos públicos de decisión sobre esos mismos negocios. Este fenómeno está reconocido en artículo 15 de la Ley de Ética Pública, de la cual la OA es autoridad de aplicación. El artículo señala que, en caso de incompatibilidad, el funcionario deberá «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participación societaria».

            En 2017 Cablevisión compró Telecom. El 60% de Cablevisión estaba en manos de los principales accionistas de Clarín (Marcela y Felipe Noble Herrera, Héctor Magneto, José Aranda y Lucio Pagliaro); en tanto el 40% restante pertenecía a Fintech, el fondo del millonario mexicano David Martínez, dueño a su vez del 40% de Telecom. La fusión fue avalada en ese entonces por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y en junio de 2018 fue rápidamente aprobada por la CNDC. Con esta compra, el grupo empresarial expandió su hegemonía oligopólica imperante sobre la prensa gráfica, radio, TV y cable al ámbito de la telefonía y la prestación de servicios de internet, en un segundo momento después del DNU 267 mediante el cual Mauricio Macri derogó artículos medulares de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de DDHH, la concentración es una amenaza para la libertad de expresión, afectando la calidad democrática. Es que esta gigantesca fusión concentra en un mismo grupo la producción, circulación, distribución y comercialización de noticias, entretenimiento, datos y comunicaciones personales a niveles inéditos en la región. Un mismo grupo concentra y decide cuáles son las perspectivas que circulan socialmente, inhabilitando que otras se encuentren con sus audiencias. Además, al dominar el mercado, impide que otros prestadores más chicos se desarrollen como opciones en el sistema de medios.

El desempeño de Greco y Bidart como consultores principales de Cablevisión y de Telecom en materia de competencia en el mercado de la televisión se extrae de sus propios currículum vitae. Ley de Ética Pública tiene como finalidad es impedir que primen los intereses de los privados por sobre los públicos, cuya custodia se les encomienda específicamente a determinados funcionarios. Por eso no limita su ámbito de aplicación a quienes poseen atribuciones decisorias, sino que su protección se extiende también a quienes pueden torcer el sentido decisorio en función de su intervención técnica en roles claves: peritos, asesores jerárquicos, dictaminantes, etc.

La investigación y posterior dictamen de la Oficina Anticorrupción habilita ahora al Poder Judicial a revisar y, en caso de considerarlo procedente, declarar la nulidad absoluta de la fusión Cablevisión / Telecom, planteada en el expediente que se encuentra actualmente en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Federal nro. 9 Secretaría nro.17.

En el texto, la OA solicita ampliar la información, ordenar y realizar pericias y admitir o denegar la prueba ofrecida por las partes. Se trata de una resolución novedosa y necesaria, que indica un sendero hacia la correcta construcción de la institucionalidad. Su rigor técnico y solidez en la fundamentación la convierten en un factor clave para la defensa de los valores democráticos, la transparencia en la función pública y una ética adecuada a un diseño institucional con capacidad regulatoria real ante los actores de poder estratégicos de la sociedad en el siglo XXI.