La corrida cambiaria dejó, como es usual, ganadores y perdedores. El presidente Mauricio Macri, sus ministros y los funcionarios con ahorros en dólares integran el grupito de argentinos afortunados que sacaron provecho de la devaluación. Otro grupo de argentinos –la gran mayoría–, padecerá las consecuencias.

No hace falta decodificar el lenguaje alambicado con el que los economistas ocultan sus embustes para comprender que la economía argentina va derecho al congelador. La ecuación tasas altas + devaluación + ajuste en la obra pública contraerá la actividad, pero eso no significa que se mitigue la inflación. Por el contrario: hasta el gobierno espera que orille el 25%, diez puntos por encima de la meta que todavía busca imponer como ancla salarial.

La combinación de retracción económica e inflación es letal para los bolsillos más postergados. Según el informe periódico de precios que elabora el Centro de Estudios Benjamin Hopenhayn, en abril la canasta alimentaria aumentó un 2,8% mensual y acumuló una suba de 26,1% interanual. El mayor incremento se registró en productos de consumo popular. Harina, panificados, leche en sachet y fideos secos, por ejemplo, tuvieron incrementos superiores al 50 por ciento.

Más allá del promedio de precios que publica el Indec, el desglose de productos muestra que el golpe al bolsillo se siente con especial intensidad en los sectores populares, que suelen gastar casi todos sus ingresos en alimentos.

«Hay más robos porque la gente no tiene para comer», graficó esta semana Fabián Perroni, jefe de policía bonaerense. Fue una declaración histórica –por lo inusual– que contrarió a sus jefes políticos por partida doble: no sólo desmintió que haya disminuido la pobreza –como sostiene el gobierno–, sino que admitió que existe relación entre exclusión y delito. «Su frase no fue feliz», lo reprendió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se entiende: es la funcionaria que tiene a cargo la criminalización de la pobreza y el conflicto social, herramientas clave para la aplicación de los programas de ajuste que agradan al capitalismo financiero. Y que el gobierno, obediente, se propone profundizar a expensas de un alto costo social.

Así las cosas, en los términos del policía Perroni, el programa que el viernes se puso en marcha se asemeja a un plan criminal. «