El gobierno sigue enfocado en solucionar los grandes desafíos del presente y muchos otros que el país tiene por delante. La nueva propuesta para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera no se aparta del objetivo de hacer sostenibles las finanzas públicas, liberando recursos que son indispensables para enfrentar los desafíos que presenta la pandemia y atender los temas estructurales, dándole a su vez viabilidad al repago de las deudas.
El lunes se presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una enmienda a la oferta del 22 de abril. Más allá de que allí se reconocen algunas mejoras a los bonistas, la propuesta mantiene decididamente la idea de sostenibilidad. El comunicado del Ministerio de Economía es tajante al señalar que es “el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores”, lo cual da una clara idea de cuáles son los límites. Varios grupos de bonistas ya dieron su apoyo, entre ellos Gramercy y Fintech. No obstante, otros grupos siguen presionando, como el grupo Ad Hoc, del que participa el gigante Blackrock. Se enfrenta un período de decisiones.
En lo concreto, se extendió el plazo de aceptación hasta el 4 de agosto. Simultáneamente, el gobierno estará mandando al Congreso un proyecto de ley para que la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo ley argentina se ajuste a los mismos términos, manteniendo la buena fe y un tratamiento equivalente.
Es una oferta sensata para ambas partes. Para los bonistas, porque no se les está pidiendo que pierdan sino que dejen de “ganar en exceso”, tal como señalaron las autoridades argentinas. Hay que tener en cuenta que el cupón promedio de la deuda actual en dólares se ubica entre el 7 y el 8% y que con la nueva oferta quedaría cercano al 3%, un nivel mucho más bajo, pero que sigue siendo más que aceptable para los bonistas, comparado con los niveles internacionales.
Para nuestro país, alcanzar un arreglo manteniendo el principio de sostenibilidad constituye un primer paso indispensable para abordar el necesario programa de reconstrucción y reactivación que se precisa. Los números muestran que la oferta representa una reducción considerable del flujo de servicios de la deuda, mucho mayor en los primeros cuatro años, los de mayores restricciones y urgencias. Por ejemplo, en 2021 se pagarían solo 100 millones de dólares, y unos 1.000 millones en 2022. En el período que va desde mediados de 2020 (desde el último pago de deuda) a 2024, se dejarían de pagar 43.000 millones de dólares con la nueva propuesta de canje para bonos en dólares, respecto a las exigencias de la estructura actual de los bonos.
Luego se requerirá también el abordaje de la deuda que el anterior gobierno tomó de manera irresponsable con el Fondo Monetario Internacional, y que a la fecha llega a los 44.100 millones de dólares. Desembolsos que representan el 78,6% del préstamo —supuestamente preventivo— que se aprobó en 2018, que fue discontinuado, y que pautaba 3.700 millones de dólares de amortización en 2021, y mucho más elevadas en el 2022 y 2023, de unos 42.000 millones en dicho bienio. Un cronograma inabordable y con una notable concentración de los pagos que deberá ser reconsiderada. Cabe subrayar que el organismo ha estado avalando el proceso de reestructuración con los tenedores privados, reconociendo en numerosas ocasiones que la deuda es inviable, por lo que es de esperar que no hubiera trabas en ese proceso. El desafío es lograr una extensión de los plazos de pago, junto con la extinción de las condicionalidades de políticas económicas, usualmente impuestas por el organismo. Esta semana fue su Directora Gerente, Kristalina Georgieva, quien apoyó la propuesta a los acreedores privados y además señaló: “haremos nuestra parte por la transparencia y una prudente reestructuración de la deuda”.
Por otro lado, el Estado sigue realizando grandes esfuerzos para morigerar la situación de las familias y las empresas. El martes, el Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de moratoria impositiva al que podrán acogerse personas humanas y físicas, desde pequeñas a grandes empresas, con el fin de refinanciar en condiciones favorables las deudas que tengan con el fisco, con el sistema de la seguridad social y con la Aduana. Es muy amplia e incluye, por ejemplo, la condonación de multas y suspensión de acciones legales para todas las deudas impagas al 30 de junio. Es un enorme esfuerzo que ofrece el Estado para enfrentar las consecuencias del Covid-19 y también para mejorar las condiciones a la hora de salir de esta crisis. Posee una vocación de regularizar situaciones críticas derivadas de esta pandemia inesperada, aunque muchas empresas y personas ya venían golpeadas tras acumularse años de recesión. Un aspecto que también hay que destacar es que diferencia la situación de las pymes, que podrán acceder a una mayor cantidad de cuotas. A su vez, las empresas más grandes que accedan a la moratoria tendrán prohibido distribuir dividendos y especular con el dólar bursátil.
Matriz estructural
No hay que dejar de tener presente el punto del que se parte, con toda una serie de limitaciones fiscales y de recursos que también se percibe en el resto de la región. No es obra de la naturaleza sino que es la consecuencia de una matriz económica y social asociada a intereses concretos. En una reciente columna en el New York Times, Paul Krugman pregunta ¿por qué los ricos tienen tanto poder en Estados Unidos? La respuesta es que “enormes disparidades en ingresos y riqueza se traducen en disparidades comparables en influencia política”. Da el ejemplo de que 400 familias representaban casi la mitad del dinero recaudado en la campaña presidencial de 2016 y finaliza diciendo: “Estados Unidos es menos una democracia y más una oligarquía de lo que nos gusta pensar. Y para abordar la desigualdad, tendremos que enfrentarnos a un poder político desigual, así como a los ingresos y la riqueza desiguales”. Entre otros factores, no dejó de comentar que “los temas que discuten los medios de comunicación a menudo reflejan la agenda de una persona rica”. Deja suficiente tela para cortar a los fines de comprender muchas de las inadmisibles políticas que se aplican y benefician a unos pocos.
En este marco, y volviendo a Argentina, resulta todavía más valorable un documento de avance del Presupuesto 2021 como el que ha presentado el gobierno. Es un reflejo de los principales ejes sobre los que se trabajará y que están en sintonía con el mandato, no de las corporaciones, sino de lo que expresó la ciudadanía en las urnas. Tiene que ver con la recuperación del aparato productivo, con una importante presencia estatal regulando la economía, con la necesidad de impulsar el diálogo social, con el objetivo de ir construyendo un modelo inclusivo y sostenible, que mejore la condición de vida de los argentinos y las argentinas.
El presidente Alberto Fernández señaló en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas que cuando en el sistema “empezó a tener más importancia el gerente financiero que el de producción, (el capitalismo) empezó a ser menos noble y más débil”. También dijo que “los grandes países fueron los que desarrollaron industrias” y se está dando “una vuelta atrás del libre comercio que la globalización proponía”. Un interesante enfoque que comparto plenamente, y que resulta muy útil para reflexionar las distintas acciones para encarar la pos pandemia.
