Un decreto de necesidad y urgencia fue la fórmula a la que apeló el gobierno para obligar a empresas y organismos del Estado a ceder sus excedentes de dinero con el fin de cubrir el déficit fiscal. La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes bajo el número 688, fue firmada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los 11 ministros del Ejecutivo.
Detrás de toda la hojarasca legal, el decreto tiene un destinatario específico: la Anses y su Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS), la caja más grande del sector público, con un stock que supera los dos billones de pesos. En las últimas semanas, en ese organismo habían surgido dudas sobre posibles objeciones legales a seguir invirtiendo en títulos que habían entrado parcialmente en default.
Por eso, uno de los 13 artículos alude expresamente a las Letes que el FGS debió suscribir hace dos semanas. La imposición se cristalizó a través de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda. El artículo noveno del DNU señala que “la suscripción de las Letras del Tesoro emitidas en virtud de la Resolución Conjunta N° 62 del 13 de septiembre de 2019 (de esas secretarías) queda encuadrada en los artículos 1° a 3° del presente decreto”. En ellos se dispone que todas las empresas, sociedades y fondos fiduciarios estatales (con excepción de los bancos públicos) “sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional”.
La norma se aplica a organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios comprendidos dentro del artículo 8 de la ley 24.156. En ese lote, entre otros, se encuentran YPF, el Correo Oficial, la Administración General de Puertos y la Administración de Infraestructura Ferroviaria, como así también los fondos fiduciarios para el mejoramiento del transporte y para obras hídricas. Sin embargo, aunque algunos de ellos puedan ceder sobrantes ocasionales de dinero al Tesoro (otros en realidad demandan financiamiento, como Aerolíneas Argentinas y Télam), el único caso mencionado de manera específica es el de esas Letes con vencimiento previsto para el 13 de marzo del año que viene, en pesos por un monto nominal de $ 35 mil millones y en dólares por U$S 275 millones.
Se volvió costumbre
La suscripción forzosa de Letes es una práctica habitual para la Anses. En su informe del segundo trimestre de 2019, se detalla que el 62% de los $ 2,07 billones del FGS (el fondo que respalda el sistema previsional) está colocado en títulos públicos. Y de ellos, alrededor de $ 316 mil millones son Letes en pesos y en dólares. El reperfilamiento de esas letras que dispuso el Ministerio de Hacienda no alteró la composición de la cartera de activos pero sí su disponibilidad. Por caso, de la letra de $ 79 mil millones que vence el 26 de diciembre, el Fondo sólo cobrará en esa fecha algo menos de $ 12 mil millones y el resto será refinanciado a tres y seis meses. Se mantendrán los intereses originales (49,5% anual), que quedaron retrasados en términos reales tras la aceleración de la inflación y la suba de las tasas de referencia por parte del Banco Central, con lo cual las pretendidas ventajas de la inversión original quedaron relativizadas.
Las dudas sobre la conveniencia de convalidar esa suscripción por parte de la línea técnica de la Anses era un secreto a voces. El DNU reitera la orden, pero a la vez intenta ofrecer un paraguas legal a esa disposición y a otras que puede tomar Hacienda en los próximos días para intentar cerrar un 2019 crítico, tanto por escasez de recursos como por carencia de fuentes de financiamiento.
