Un fortísimo ajuste fiscal, que sólo en 2022 significará unos U$S 4.000 millones, y un renunciamiento a la emisión monetaria como principal mecanismo para cubrir el déficit fueron las principales concesiones que realizó el gobierno para sellar, al menos de palabra, el acuerdo de refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. A cambio, la entidad prestará su aval para que otros organismos multilaterales aporten financiamiento para obras de infraestructura y sostenimiento de otros planes que hasta ahora estaban a cargo del Estado.
“El staff del FMI y las autoridades argentinas han acordado el sendero de consolidación fiscal que formará un ancla de política clave del programa”, dijo el comunicado emitido el viernes en Washington. “Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno”, agregó la nota.
Al mismo tiempo, en el quinto piso del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, enumeraba las ventajas obtenidas en la negociación. Sobre todo, que se dejaron de lado las reformas estructurales que el Fondo suele pedir en estos casos. “No hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas. Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas”, dijo Guzmán.
De cara al crecimiento de la economía, el argumento más utilizado para rechazar exigencias más contractivas, el ministro dijo que “se logró llegar a un acuerdo sin que haya políticas de ajuste”. Y detalló: “Va a haber una mayor focalización de los recursos del Estado y una mayor expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para generar más capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones que den lugar a una actividad más vibrante”.
En ese sentido, el FMI abrió las puertas al “apoyo financiero adicional de los socios internacionales de Argentina (que) ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible”. Se descuenta que el Banco Mundial y otras instituciones podrían financiar varios proyectos de obras públicas, como también la participación de China, que sería anunciada en oportunidad del inminente viaje el presidente Alberto Fernández a ese país.
Reasignación
La reasignación y concentración de recursos en áreas clave será necesaria para paliar el doble efecto de la reducción del déficit más la falta de ingresos que se dieron en 2021 y que ya no se repetirán este año. Por caso, la reasignación de DEG que hizo el Fondo, que rondó el 1% del PBI; el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que entregó otro medio punto; y la previsible reducción de derechos de exportación por la caída en los precios internacionales de los granos.
El compromiso de las autoridades para reducir el déficit implica llevarlo de manera gradual del 3,4% del PBI que se proponía en el presupuesto 2022 a 2,5% para fin de año y a 0,9% dentro de dos años (ver “Las claves”). El economista Claudio Lozano, también director del Banco Nación, estimó que “el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado”. En su visión, si se cumple la consigna de expandir el gasto de capital, cumplir esas metas “sólo es factible reduciendo el gasto corriente, justamente el que ya se ajustó en 2021: salarios, jubilaciones y prestaciones sociales”.
El IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) armó sus propias cuentas y comparó la promesa de bajar el déficit en tres puntos del PBI con lo que se recauda de IVA (al gobierno le queda 3,1% luego de coparticiparlo con las provincias) o lo que se gasta en subsidios a la energía y en salarios públicos (2,3% en cada caso). “Llegar al equilibrio primario equivale a lograr una recaudación extra de IVA que queda en manos del gobierno nacional o a dos recaudaciones extra del impuesto al cheque”, explicó su director, Nadín Argañaraz.
Hablando en plata
Las metas prometidas al Fondo sólo llegan hasta 2024 por una razón: hasta ese momento se sucederán los envíos de dinero de la entidad, que devolverá lo ya pagado por el stand by de 2018 (U$S 4.400 millones, con la cuota que se abonó el viernes), con el fin de recomponer las reservas del Banco Central, y girará montos equivalentes a cada cuota a vencer. El nuevo acuerdo será a diez años, con cuatro de gracia: eso conduce a que las primeras amortizaciones serán a mediados de 2026 y se extenderán hasta 2032, catorce años después del pedido de auxilio que hizo Mauricio Macri a Christine Lagarde y que desencadenó este entuerto.
Claro que como requisito para girar cada cuota, el Fondo realizará inspecciones trimestrales que certifiquen que Argentina está cumpliendo las metas. Esta auditoría casi permanente podría generar, cada 90 días, tensiones similares a las de las últimas semanas. “Un esquema de desembolsos que no refuerza reservas y nos tiene atados a revisiones periódicas para evitar el default, no genera estabilidad económica y nos condena al tutelaje del FMI. Ojalá me equivoque pero creo que nos estamos disparando en el pie”, tuiteó Andrés Asiain, director del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz).
Lo mismo podría decirse del fuerte apretón monetario: la asistencia del Banco Central deberá bajar del 3,7% del PBI alcanzado el año pasado al 1% para este año y tenderá a desaparecer en 2024, lo que dejará al Tesoro a merced de los inversores en cada licitación de títulos. En esta restricción primó la visión ortodoxa del staff, que cree que la emisión de dinero es el principal motivo de la inflación; si bien aceptó algunos enfoques del gobierno (por ejemplo, la continuidad de los acuerdos de precios para calmar expectativas), en este aspecto impuso el suyo. De hecho, en el mensaje en sus redes sociales, la número 2 del FMI, Gita Gopinath, mencionó antes la promesa de reducir la asistencia monetaria que la del déficit.
Los puntos del entendimiento deberán ser confirmados en una carta de intención por los titulares del Ministerio de Economía y el Banco Central. También será necesaria la ratificación del Congreso. Luego vendrá una misión técnica desde Washington que realizará un informe para que el directorio apruebe el programa y gire el dinero. La meta es que el proceso esté listo antes del 22 de marzo, cuando Argentina tiene otro apremiante vencimiento de más de U$S 2.800 millones. «
