Tres grupos de acreedores de la Argentina salieron este lunes a explicitar su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno para la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional.
Luego de que el Gobierno diera a conocer formalmente la iniciativa el viernes, con la presentación ante la SEC estadounidense, y de la respuesta inicial de los tenedores, diversos especialistas internacionales especializados en reestructuración de deuda dijeron que «existe margen para negociar entre ambas puntas».
Caso 1
Un primer grupo de acreedores difundió esta mañana un comunicado a la prensa argentina e internacional en el que aseveró que la Argentina optó por hacer «una oferta unilateral». El grupo en cuestión, denominado Exchange Bondholder Group, dijo que la decisión argentina «no representa el producto de negociaciones de buena fe» y que por eso «lo considera inaceptable y no tiene la intención de apoyarlo».
Exchange Bondholder Group advirtió que cuenta con la minoría necesaria para bloquear la oferta para los bonos emitidos entre 2005 y 2010, ya que contaría con el 16% de ese total, según afirmó uno de sus asesores legales, Dennis Hranitzky. Ese hombre fue defensor del fondo del magnate Paul Singer en los primeros años del litigio contra la Argentina por el default del 2001, que duró 14 años, y que en la actualidad trabaja para la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Dentro de este grupo, que reconoció «haber mantenido diálogo» con el gobierno y se mostró dispuesto a «seguir dialogando», se encuentran los fondos de riesgo Monarch Alternative Capital y HBK Capital Management, que tendrían en su poder más de US$ 4.000 millones en activos argentinos.
Para los bonos emitidos entre 2005 y 2010, la mayoría que necesita la Argentina para poder cerrar de buena fe un acuerdo, es del 85%, según indicó en uno de los documentos enviados a la SEC el Gobierno.
Caso 2
Otro de los grupos que también dio a conocer su posición en las últimas horas está asesorado por el banco de inversión UBS y Mens Sana Advisors, una firma legal conducida por el argentino Marcelo Delmar. Este grupo sostuvo que la oferta se realizó «sin discusiones significativas», aunque remarcó que «una solución sostenible a la crisis de deuda de Argentina sigue al alcance»,
Delmar también representa a bonistas de la Provincia de Buenos Aires, que habían rechazado la oferta del gobernador Axel Kicillof realizada en enero.
Caso 3
El tercer grupo de acreedores, por su parte, está representado por el estudio legal White & Case, que también litigó contra el país en los juicios conducido por el fallecido juez Tomas Griesa. Este estudio afirma que tiene la representación de los fondos de inversión BlackRock, Ashmore y Fidelity, y de otros grandes inversores institucionales. Aseguran que entre todos reúnen el 25% de las emisiones realizadas a partir de 2016.
Para los bonos emitidos a partir de 2016, el umbral de mayoría de aceptación del canje es de 66,6%, por lo que por sí sólo este grupo no alcanzaría la minoría necesaria para bloquear la oferta argentina. «El grupo cree que todas las partes interesadas en Argentina deberán contribuir a una solución que ponga a Argentina en el camino hacia el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera», dijeron en un comunicado.
«Sin embargo, las propuestas incluidas en el comunicado de prensa (del gobierno argentino) no alcanzan esa marca y buscan colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales», sostuvo este grupo de tenedores según un comunicado que reprodujo el Financial Times.
Opiniones especializadas
Uno de los analistas consultados, José María Barrionuevo, de Brighthill Capital New York, consideró que la quita propuesta por el Gobierno argentino es similar a la propuesta presentada en 2005, que contuvo una quita del 67%.
Dijo que en esta oportunidad «lo más importante son las políticas económicas que le dan soporte a la propuesta» y que «a diferencia de lo que sucedió en el canje 2005, donde la Argentina había caído y estaba saliendo de su depresión, esta vez se quiere evitar entrar en depresión, con un riesgo de inflación latente mayor del que había en la oferta anterior».
Barrionuevo, quien fue asesor de la Argentina en el canje de 2005, explicó que los bonistas esperan una tasa de salida de los nuevos bonos (lo que en la jerga se conoce como exit yield) de 12%, mientras que para el Gobierno esa tasa debe rondar el 7%.
Por su parte, la analista Siobhan Morden, jefa de renta fija de América Latina en Amherst Pierpont, dijo a medios internacionales que los bonos emitidos desde 2016 tenían un valor de recuperación promedio históricamente bajo de 32 centavos por dólar, «una oferta más acorde con los precios actuales del mercado».
En tanto, para el especialista de la Universidasd de Boston, Kevin Gallagher, los acreedores y el FMI deben actuar rápidamente para detener la crisis económica y humanitaria que se desarrolla en Argentina, opinó en el blog especializado del Financial Times, Alphaville,
Gallaheer, que es miembro del Grupo de Trabajo T20 sobre Arquitectura Financiera Internacional para el G20, señaló que los bonos emitidos entre 2005 y 2010 «no cuentan con la herramientas de cláusulas de acción colectiva modernas» y que eso puede llevar a que los holdouts quieran aprovecharse de esa situación.
«Argentina está claramente dispuesta a negociar, pero no debería tener que pagar el precio por la falta de un sistema ordenado para resolver deudas insostenibles. Particularmente cuando el tiempo no es solo dinero, es muerte», sentenció Gallaheer.
Luego de que el Gobierno diera a conocer formalmente la iniciativa el viernes, con la presentación ante la SEC estadounidense, y de la respuesta inicial de los tenedores, diversos especialistas internacionales especializados en reestructuración de deuda dijeron que «existe margen para negociar entre ambas puntas».
Caso 1
Un primer grupo de acreedores difundió esta mañana un comunicado a la prensa argentina e internacional en el que aseveró que la Argentina optó por hacer «una oferta unilateral». El grupo en cuestión, denominado Exchange Bondholder Group, dijo que la decisión argentina «no representa el producto de negociaciones de buena fe» y que por eso «lo considera inaceptable y no tiene la intención de apoyarlo».
Exchange Bondholder Group advirtió que cuenta con la minoría necesaria para bloquear la oferta para los bonos emitidos entre 2005 y 2010, ya que contaría con el 16% de ese total, según afirmó uno de sus asesores legales, Dennis Hranitzky. Ese hombre fue defensor del fondo del magnate Paul Singer en los primeros años del litigio contra la Argentina por el default del 2001, que duró 14 años, y que en la actualidad trabaja para la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Dentro de este grupo, que reconoció «haber mantenido diálogo» con el gobierno y se mostró dispuesto a «seguir dialogando», se encuentran los fondos de riesgo Monarch Alternative Capital y HBK Capital Management, que tendrían en su poder más de US$ 4.000 millones en activos argentinos.
Para los bonos emitidos entre 2005 y 2010, la mayoría que necesita la Argentina para poder cerrar de buena fe un acuerdo, es del 85%, según indicó en uno de los documentos enviados a la SEC el Gobierno.
Caso 2
Otro de los grupos que también dio a conocer su posición en las últimas horas está asesorado por el banco de inversión UBS y Mens Sana Advisors, una firma legal conducida por el argentino Marcelo Delmar. Este grupo sostuvo que la oferta se realizó «sin discusiones significativas», aunque remarcó que «una solución sostenible a la crisis de deuda de Argentina sigue al alcance»,
Delmar también representa a bonistas de la Provincia de Buenos Aires, que habían rechazado la oferta del gobernador Axel Kicillof realizada en enero.
Caso 3
El tercer grupo de acreedores, por su parte, está representado por el estudio legal White & Case, que también litigó contra el país en los juicios conducido por el fallecido juez Tomas Griesa. Este estudio afirma que tiene la representación de los fondos de inversión BlackRock, Ashmore y Fidelity, y de otros grandes inversores institucionales. Aseguran que entre todos reúnen el 25% de las emisiones realizadas a partir de 2016.
Para los bonos emitidos a partir de 2016, el umbral de mayoría de aceptación del canje es de 66,6%, por lo que por sí sólo este grupo no alcanzaría la minoría necesaria para bloquear la oferta argentina. «El grupo cree que todas las partes interesadas en Argentina deberán contribuir a una solución que ponga a Argentina en el camino hacia el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera», dijeron en un comunicado.
«Sin embargo, las propuestas incluidas en el comunicado de prensa (del gobierno argentino) no alcanzan esa marca y buscan colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales», sostuvo este grupo de tenedores según un comunicado que reprodujo el Financial Times.
Opiniones especializadas
Uno de los analistas consultados, José María Barrionuevo, de Brighthill Capital New York, consideró que la quita propuesta por el Gobierno argentino es similar a la propuesta presentada en 2005, que contuvo una quita del 67%.
Dijo que en esta oportunidad «lo más importante son las políticas económicas que le dan soporte a la propuesta» y que «a diferencia de lo que sucedió en el canje 2005, donde la Argentina había caído y estaba saliendo de su depresión, esta vez se quiere evitar entrar en depresión, con un riesgo de inflación latente mayor del que había en la oferta anterior».
Barrionuevo, quien fue asesor de la Argentina en el canje de 2005, explicó que los bonistas esperan una tasa de salida de los nuevos bonos (lo que en la jerga se conoce como exit yield) de 12%, mientras que para el Gobierno esa tasa debe rondar el 7%.
Por su parte, la analista Siobhan Morden, jefa de renta fija de América Latina en Amherst Pierpont, dijo a medios internacionales que los bonos emitidos desde 2016 tenían un valor de recuperación promedio históricamente bajo de 32 centavos por dólar, «una oferta más acorde con los precios actuales del mercado».
En tanto, para el especialista de la Universidasd de Boston, Kevin Gallagher, los acreedores y el FMI deben actuar rápidamente para detener la crisis económica y humanitaria que se desarrolla en Argentina, opinó en el blog especializado del Financial Times, Alphaville,
Gallaheer, que es miembro del Grupo de Trabajo T20 sobre Arquitectura Financiera Internacional para el G20, señaló que los bonos emitidos entre 2005 y 2010 «no cuentan con la herramientas de cláusulas de acción colectiva modernas» y que eso puede llevar a que los holdouts quieran aprovecharse de esa situación.
«Argentina está claramente dispuesta a negociar, pero no debería tener que pagar el precio por la falta de un sistema ordenado para resolver deudas insostenibles. Particularmente cuando el tiempo no es solo dinero, es muerte», sentenció Gallaheer.
