Luego de reafirmar el viernes su plan de abandonar los vuelos de cabotaje «momentáneamente», esta semana la aerolínea Latam intentará negociar en el Ministerio de Trabajo reducir al mínimo posible el pago de las indemnizaciones a los 1712 empleados despedidos.
Así lo prevén los gremios aeronáuticos, que también se reunirán con el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, a quien le pidieron que actúe con decisión para defender los derechos laborales.
Los sindicatos del sector ya le plantearon al ministro de Transporte, Mario Meoni, el complejo cuadro en el que quedan los trabajadores y sus familias. Y también hicieron gestiones por los exempleados de Avián Argentina, además de encender una alerta sobre la situación del personal de Andes Líneas Aéreas, otra empresa que vuela rutas de cabotaje.
La carta principal de la empresa de capitales chilenos y brasileños es la supuesta acumulación de pérdidas por U$S 350 millones en los últimos tres años. Pero también añadirá el impacto de la pandemia del Covid-19, que produjo el congelamiento masivo de la industria aerocomercial.
Al gobierno le costará minimizar este último factor después de haber asistido a la empresa con fondos públicos para cubrir salarios en el marco del programa ATP, pero la cuestión previa a la crisis sanitaria abre un panorama difuso sobre los manejos de la empresa, especialmente durante el gobierno de Cambiemos.
Inflexible
Aunque el presidente Alberto Fernández y Meoni adelantaron su posición favorable a la continuidad de la empresa, en reunión con el ministro Latam ratificó que se retira del país y, tras el encuentro, sumó que acordó «continuar el tema a través del Ministerio de Trabajo sobre la base del procedimiento preventivo de crisis».
En un comunicado, la firma consignó que planteó el argumento del impacto del Covid-19, pero no mencionó el de la supuesta deuda previa. Sin embargo, la empresa apeló en la reunión a esta cuestión como segundo eje importante, según confiaron a Tiempo participantes consultados.
De hecho, la versión es que los empresarios se mostraron «muy duros en su decisión», que el argumento central fue «la pérdida de ganancias de los últimos tres años que, según dijeron es de U$S 350 millones», y que se ubicaron en el marco de la crisis del holding Latam, que tiene negocios en toda la región y que viene de presentar la quiebra en Estados Unidos, de suspender personal en Colombia y realizar despidos en Brasil.
Los consultados señalaron que frente al pedido de recapacitación, la CEO Rosario Algelt insistió con que la retirada es «una decisión de los inversionistas» tomada en el mencionado contexto. Al mismo tiempo la ejecutiva aclaró que la decisión es «un cese pero no un cierre».
Legalmente, la compañía tiene 180 días de permiso para mantenerse sin explotar sus rutas autorizadas. El gobierno señaló que respetará ese plazo antes de tomar una decisión a futuro. Según Trabajo, «todavía no se abrió el procedimiento del proceso preventivo de crisis».
Defensa
Los gremios siguieron la reunión del viernes con inquietud y seguros de que la empresa buscará arrancarle a Moroni algún tipo de beneficio. Puntualmente, creen que intentará pagar lo menos posible en concepto de indemnizaciones que, por cierto, y debido a la crisis sanitaria, rige por partida doble.
Pero también esperan que el gobierno impida que la empresa siga operando sus rutas internacionales como holding, desde sus filiales de Chile y Perú, y que evite que la firma traslade los aviones de Latam Argentina a esos países.
Los sindicatos ni siquiera dan crédito al número de pérdidas que alega Latam. El dirigente de los pilotos Pablo Biró señaló a Radio Con Vos que en los últimos dos ejercicios la filial local ganó U$S 430 millones.
En la previa a las reuniones con Trabajo, el grupo de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos le reclamó a Meoni «en reiteradas oportunidades que el objetivo prioritario será mantener las fuentes laborales». Por su parte, Pablo Brey, el secretario General de la Asociación de Aeronavegantes (AAA) reclamó «una fuerte presencia y una participación activa» del gobierno en la resolución de este conflicto.
