El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL) realizó este jueves las elecciones gremiales con las que ratificó, en forma contundente, la conducción actual. La noche anterior el Ministerio de Trabajo de la Nación notificó a la junta electoral que las elecciones no estaban avaladas con el argumento de que existía una «desobediencia» a las observaciones realizadas cuando suspendió las elecciones del 15 de junio. La resolución de la cartera que conduce Jorge Triaca volvió a dejar el sindicato de los trabajadores azucareros de la empresa de la familia Blaquier, y la obra social, acéfalos y al borde de la intervención.

Los trabajadores del ingenio Ledesma ratificaron este jueves a Rafael Vargas como secretario General del SOEAIL, que con su Lista Gris obtuvo el 89,4% de los votos. En la oposición, la lista Verde cosechó el 8% (143 votos) y la Roja el 2% (37). En los comicios votó el 53% del padrón y el conteo se realizó en la sede del sindicato ubicado en Libertador General San Martín, a 100 kilómetros de la capital de Jujuy, hasta donde las urnas de las 10 mesas fueron trasladadas con el control de escribano público y juez de paz, informaron desde el sindicato.

«El ministerio de trabajo no nos da garantías de nada», se quejó Vargas. El delegado jujeños del Ministerio de Trabajo, Jorge Alberto García, entregó el miércoles a las 20.50, menos doce horas antes del inicio de la votación, un acta en la sede del sindicato en la que notifica que la cartera dispone «la ineficacia jurídica de todo lo resuelto en la asamblea de fecha 26 de junio, en particular la medida adoptada que fija fecha de elecciones para el día 6 de julio».

Ese acta intima a los miembros de la junta electoral a que se abstenga «de seguir adelante con el proceso eleccionario en la entidad Sindical hasta tanto se resuelva la impugnación».

La asamblea de 26 de junio había ratificado los miembros de la junta electoral. El cuestionamiento de la selección de sus integrantes había causado la primera intervención del Ministerio y que terminó con la suspensión de las elecciones sin otorgar prórroga a los mandatos del sindicato ni la obra social.

«Si bien hubo veedores, contamos con el escrutinio de cada una de las urnas con un juez de paz en cada una de las localidades se trasladaron al sindicato», explicó Vargas. El diputado provincial del Frente Unidos y Organizados (FUyO), Juan Manuel Esquivel, legisladores del bloque Justicialista y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), participaron como veedores para garantizar la transparencia de las elecciones.

Los comicios contaron con seguridad de la Policía provincial hasta pasado el mediodía, cuando la Unidad Regional de la Policía ordenó a los oficiales retirarse. «Pareciera que era más que nada quisieron quitarle legitimidad al acto electoral», explicó Vargas. «Se retiraron porque presentaron un papel en el que decían que las elecciones no estaban avaladas por el Ministerio de Trabajo».

«Lo más preocupante es la obra social porque estamos a 6 de julio y seguimos sin poder acceder a las cuentas. Gracias a Dios no tuvimos ninguna emergencia y sigue funcionando sola porque la parte administrativa está muy bien aceitada. Pero alguien se tiene que hacer cargo de esto, y creo que tal vez eso es lo que pretenden, que pase algo», remarcó el secretario general.

-¿Cree que la intención última es la intervención del sindicato?

-Si, yo creo que es así. Si no, ¿cómo lo van a resolver?

El Sindicato Azucarero de la empresa de la familia Blaquier tiene 3.236 afiliados en condiciones de votar, de los que sufragaron la mitad (1.715 afiliados). Está ubicado en la localidad de Libertador General San Martin conocida por el operativo de la dictadura cívico militar conocido como la «Noche del Apagón» en la que fueron secuestrados 300 personas, en su mayoría trabajadores del azúcar, para lo que el Ejército contó con el apoyo operativo del ingenio Ledesma. En esa causa por crímenes de lesa humanidad fue procesado Carlos Pedro Blaquier y el SOEAIL es querellante en el expediente.

La suspensión de las elecciones comenzó con una denuncia radicada el 30 de mayo en el Ministerio de Trabajo por dos integrantes de la Comisión Interna, Ricardo Aguilera y Lucas Mamanni, quienes en su rol institucional habían avalado la conformación de la Junta Electoral. El gremio recibió la notificación del inicio del expediente sobre la fecha de elecciones y al día siguiente la Cartera de Triaca resolvió la suspensión de la elecciones.

En ese momento el SOEAIL remarcó que la facultad Ministerial para suspender un proceso electoral es solo posible luego de que la impugnación haya sido planteada inicialmente ante la autoridad electoral. Eso no ocurrió. Para la Comisión Directiva del sindicato esos hechos estuvieron teñidos con la «manifiesta intención de proscribir a Rafael Vargas».

Para Vargas la suspensión de las elecciones está en línea con la criminalización de la protesta que tiene a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, como punto máximo del intento de disciplinamiento de las organizaciones sociales. Esos hechos fueron los que denunció en la sede de CIDH de la OEA en Washington en marzo y que repitieron en mayo ante los miembros de la Comisión antes de las 162° sesiones extraordinarias realizadas en Buenos Aires. Lo mismo que plantearon a los expertos de la ONU en Jujuy.