La disparidad en el acceso al trabajo y a las oportunidades laborales y salariales es un hecho corriente. Por caso, la mitad de la población económicamente activa, constituida por las mujeres, percibe en promedio ingresos un 30% menores que la mitad masculina.
Pero el sector de la población que más sufre la discriminación laboral es, sin dudas, el travesti-transexual. En esta comunidad, el acceso (o la imposibilidad casi total de acceder) a un trabajo registrado sigue los parámetros históricos, con casi un 90% de personas travestis y trans en situación de prostitución. “Esto no ha cambiado a pesar de tener una ley de identidad de género revolucionaria desde 2012”, asegura a Tiempo la escritora y feminista travesti Florencia Guimaraes.
En La revolución de las mariposas, una investigación publicada en marzo de 2017 y realizada por el bachillerato popular trans Mocha Celis y el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, abundan estos datos. El informe señala que la separación con la familia y el alejamiento del ámbito educativo son factores negativos para que las trans y travestis accedan a un empleo e influyen “en el precoz ingreso a la prostitución como única alternativa de generación de ingresos”.
Solo el 9% de las encuestadas para la investigación dijo estar inserta en el mercado formal de trabajo, al tiempo que el 15% manifestó realizar tareas informales de carácter precario, y un 3,6%, vivir de beneficios provenientes de diversas políticas públicas. Para el resto, más del 70%, la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos.
En el caso de los hombres trans, el 85% dijo contar con un trabajo: el 48,5%, de carácter informal; el 36,4%, un empleo formal; en tanto que el 15% restante refirió que vivía de la ayuda de familiares. Los trabajos informales más nombrados fueron tareas de carácter ocasional (“changas”), comercio, cuentapropismo, y diversdos oficios tales como tatuaje, estampado, etc. Los empleos formales más citados fueron personal administrativo —en el ámbito público y el privado—, docencia e investigación.
El 88% de las mujeres trans y travestis nunca accedió a un empleo formal con posterioridad a asumir socialmente su identidad de género autopercibida. La mayoría del 12% restante lo tuvo, en su mayoría, en el sector estatal. Diferentes son los números para los varones trans. El 48,5% de ellos manifestó haber tenido un empleo formal con posterioridad a la asunción social de la identidad de género autopercibida. El 25% lo desarrolló en el Estado y el 68,8%, en alguna institución privada. El 51,5% no tuvo un empleo formal.
Los avances para revertir este cuadro de situación han sido pocos. La Ley Diana Sacayán –aprobada el 17 de septiembre de 2015– establece que el Estado bonaerense debe garantizar que “el 1% de los puestos de la administración pública deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 18 años”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo bonaerense no ha avanzado aún en la reglamentación de la ley. Para Guimaraes, “la gobernadora María Eugenia Vidal tiene la potestad de firmarla y la tiene cajoneada. Es una ley por la cual se luchó durante muchos años, para que el Estado se haga cargo y reconozca el abandono y las condiciones de vida a la que somos sometidas las personas travestis y trans”.
Guimaraes, secretaria de Género de CTA La Matanza, remarca: “Esta ley podría salvar la vida de un montón de compañeras a través del acceso a un trabajo genuino y no tener como único destino la prostitución que, en nuestro colectivo, nos lleva a una muerte temprana”.
Según un relevamiento realizado por el Inadi y el Indec en 2012, la esperanza de vida de este colectivo es de entre 35 y 41 años. En ese sentido, Guimaraes asegura: “Esto no ha cambiado. Incluso, se ha agravado porque ha bajado la expectativa de vida; en lo que va de este año ya hemos contabilizado 50 compañeras muertas. Muchas de ellas no llegaban ni a los 30 años”.
Los reclamos están a la orden del día. Por un lado, para que se implemente la ley a nivel bonaerense; por el otro, para que se apruebe –y se aplique– un proyecto de ley de cupo laboral trans a nivel nacional. Para Guimaraes, también integrante de la organización travesti-trans Furia Trava, la no implementación de este tipo de leyes “es una decisión política de seguir sosteniendo este sistema binario y heteronormativo, donde las travestis siempre quedamos por fuera de la salud, de la educación y del acceso al trabajo”.
Para la diputada nacional Mónica Macha, impulsora de la ley, este proyecto significa “retomar el legado de Diana Sacayán, en la búsqueda de más inclusión para uno de los colectivos más postergados”.
