La resolución del Ministerio de Trabajo del 22 de julio que desestimó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por Latam fue un revés para la compañía. La firma pretendía obtener un aval oficial para avanzar con el pago de indemnizaciones al 50% cuando, además, rige el decreto de doble indemnización.
El recurso fue presentado el 19 de junio. La dilación de la cartera laboral resultó funcional a la empresa en la medida en que logró desvincular a más del 50% de sus empleados mediante retiros voluntarios para los que ofreció el pago del 100% de la indemnización.
El rechazo, en rigor, debió producirse en forma inmediata en la medida en que el propósito de los PPC es generar un mecanismo para que empresa y sindicato acuerden condiciones laborales extraordinarias durante un plazo determinado a fin de garantizar la continuidad de la empresa. Sin embargo, Latam ya había anunciado su intención de retirarse.
El titular de Trabajo, Claudio Moroni, señaló en el programa radial Toma y daca que el desenlace del conflicto, a partir de ahora, «depende de decisiones individuales», que deberán canalizarse por vía judicial ya que se agotaron los recursos del Ministerio de Trabajo.
Las decisiones a las que se refirió son las que, por un lado, deberá tomar la empresa en lo que se refiere al acatamiento de los decretos de prohibición de los despidos y de doble indemnización y la respuesta que, por el otro, adoptará cada empleado.
Con todo, los despidos resultarían jurídicamente nulos, e incluso en caso de reconocer la doble indemnización, los trabajadores podrían rechazarla e invocar ante la Justicia su derecho a la continuidad laboral.
El conflicto no cesa
El 14 de julio, durante el proceso de evaluación del PPC, la compañía intentó mover seis de sus aviones. La acción resultó un paso en falso que provocó la ocupación del hangar por parte de los técnicos enrolados en el gremio Ustara, que desató la reacción de los demás técnicos, tripulantes de cabina y del personal de tierra así como el acompañamiento de otros sectores aeronáuticos y de organizaciones sociales y políticas en general. Durante los 18 días que duró el cuidado de las aeronaves, se produjeron concentraciones en la Costanera y caravanas masivas.
Ahora, los trabajadores que siguen movilizados reclaman una intervención del Estado. En diálogo con Tiempo, Guillermo Cruz, secretario general de Ustara, observó que «es cierto que no hay herramienta administrativa que sirva para poner a Latam de rodillas. El Ministerio dice que podrían presentar otro preventivo pero en un contexto de continuidad y sin despedir, con una reestructuración o revisión de los convenios».
El dirigente aclaró que «buscamos una continuidad con la empresa. La gente que queda podría reubicarse». Sin embargo, consideró, «hay alternativas. Es difícil por el contexto, pero con una política de Estado podría haber un plan integral. Tiene viabilidad, pero depende de una decisión política».
Por su parte, Eduardo Saab, delegado de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) señaló que «estamos alerta porque vemos que el gobierno está confabulado con la empresa. La idea es salir con un plan de lucha y poner en el tablero la discusión de la continuidad laboral. Latam no se está yendo, de hecho está vendiendo pasajes. Es un vaciamiento de su personal. Quiere seguir trabajando en la Argentina con convenios a la baja. El Estado tiene la responsabilidad responder».
En el mismo sentido se pronunció Paula Vigna, una de las trabajadoras de tráfico más activas en el conflicto: «Es el cuarto mes que cobramos el 50% del sueldo y este es el segundo sin ATP. Te van ahorcando para que busques el retiro. Trabajo y Transporte están jugando a favor de la empresa, dilatando para que la gente, desesperada, se vaya». Vigna ratificó que «el reclamo es por la continuidad laboral. El que se tiene que hacer cargo es el gobierno», concluyó.
Se trata del conflicto más profundo de la etapa y de cuyo desenlace puede depender el destino de muchos trabajadores que en el marco de la pandemia, atraviesan situaciones similares.
Salario en AGD-UBA
La Asociación Gremial Docente de la UBA realizó un apagón virtual de 24 horas el pasado jueves con un escrito presentado por una delegación de dirigentes de cada una de las comisiones internas de las facultades frente al rectorado de la UBA.
La medida, adoptada en una asamblea virtual, sirvió para llevar el reclamo de «un Comité de Crisis paritario, la prórroga de las becas para los investigadores becarios de la universidad y la denuncia de los concursos de Medicina que ponen en riesgo la estabilidad laboral de los auxiliares docentes».
La medida, además, dirigió sus reclamos al Ministerio de Educación «por el aumento presupuestario y la inmediata convocatoria a paritarias».
Es que, señaló su secretaria general, Ileana Celotto, «nuestro salario está devaluado, nos negaron un bono, no aplicaron la cláusula gatillo de marzo y no abren la negociación salarial».
Dudas en el caso Vicentin
Tras la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con el decreto de intervención de Vicentin, quedaron flotando dudas acerca de qué será lo que sucederá en el futuro próximo. El retroceso del gobierno se dio un día después de que la provincia de Santa Fe también rompiera las negociaciones con la dirección de la firma con la intermediación del juez del concurso de acreedores.
Así las cosas, al juez le queda limpio el camino para proceder en el concurso según su convicción, que hasta el momento se ha mostrado muy cercana a los intereses de la empresa.
