Ex trabajadores y trabajadoras de empresas privatizadas en los 90 se reunieron en las últimas horas con diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP), a fin de avanzar con la previsión presupuestaria para los proyectos de ley de reparación histórica, por haber sido excluidos de los Programas de Propiedad Participada de las empresas privatizadas.
Ex trabajadores de las empresas SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, ENCoTel (Correo) y Petroquímica Mosconi mantuvieron una reunión con las Diputadas Vanesa Siley y María Rosa Martínez, y los Diputados Hugo Yasky y Juan Marino en el Salón Néstor Kirchner del Congreso Nacional con el fin de abordar el estado de los proyectos de ley de reparación histórica presentados ante la Cámara de Diputados de la Nación, que tienen por objeto lograr una indemnización para aquellos que fueran excluidos de los Programas de Propiedad Participada durante las privatizaciones de los 90.
Las distintas iniciativas prevén una indemnización reparatoria para todos aquellos ex trabajadores y trabajadoras de las empresas privatizadas (SEGBA; Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, Gas del Estado, ENCoTel, Petroquímica Mosconi) que estuvieran bajo relación de dependencia con anterioridad a la fecha que establecieron los diferentes decretos que daban inicio al proceso de venta de la empresas los cuales determinaban que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedaría en manos de su personal (Programa de Propiedad Participada). En este sentido, el espíritu de los diferentes proyectos es similar a los ya sancionados por el Congreso Nacional para el caso del personal de SOMISA, YPF y Altos Hornos Zapla antes del 2015.
Las diputadas y diputados autores de los proyectos presentaron un pedido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCDN para que se reserven las partidas presupuestarias estimativas en el Presupuesto Nacional 2024 para avanzar con el tratamiento de los proyectos en cuestión.
Las iniciativas abarcan un universo aproximado de 40 mil familias de distintas provincias argentinas, que vienen luchando hace décadas por un reconocimiento por parte del Estado nacional por el perjuicio causado en función de la injusta aplicación del Programa de Propiedad Participada por parte de las adquirentes de las empresas privatizadas.
