Con el objetivo de impulsar el proyecto ley de “Recuperación de Unidades Productivas”, se realizará una mesa debate entre trabajadores de empresas recuperadas, diputados y funcionarios nacionales este miércoles 15 de febrero, a las 10, en la empresa Cotramel (ex Canale), ubicada en Boulevard Santa Catalina 184, Lavallol, provincia de Buenos Aires.

El proyecto de ley estipula que el proceso de recuperación de cada empresa sea declarado de Utilidad Pública para que los trabajadores puedan continuar con la explotación de la empresa en proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para ese fin. Al mismo tiempo, se instruye la cesión en comodato por parte del Ejecutivo Nacional de los inmuebles expropiados en beneficio de las cooperativas bajo la condición que cedan parte de sus instalaciones para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, tareas de cuidado y formación profesional.

En diálogo con ANSOL, Nicolás Macchi, presidente de la cooperativa Cotramel, explicó los pormenores del proyecto y puso contexto a la mesa de diálogo entre cooperativistas y legisladores.

“Es un proyecto de ley que se viene presentando sistemáticamente hace unos veinte años. Tuvo algunas modificaciones en el camino. Arrancó con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que cumple 25 años y la problemática del sector es sistemática a través de los años. El tema es la propiedad y la falta de calidad institucional para el sector”.

Pasar de comisiones al recinto

Según relató Macchi, el MNER mantuvo distintos encuentros con diputados. “Fuimos despacho por despacho a explicar la necesidad de la ley, de modo que el proyecto supere la instancia de comisión. Después de algunas reuniones con Daniel Arroyo, que pertenece a algunas de las comisiones involucradas, se comprometió a traccionar el proyecto. El año pasado hubo poco trabajo en Diputados así que no se pudo presentar y esperamos lograr la aprobación antes de las elecciones o del posible cambio de gobierno”.

“La idea de que el debate se haga en una unidad productiva operativa y recuperada es traer a los diputados al ‘campo de batalla’ y que vean a la empresa trabajando, con sus trabajadores en las máquinas”, explicó el presidente de Cotramel, quien especificó que la empresa está “con su producción al máximo”. “Es una forma de sacar a los diputados de la discusión tecnicista entre cuatro paredes y que puedan palpar las necesidades reales de los trabajadores”, precisó.

La intención de fondo del proyecto de ley de “Recuperación de Unidades Productivas” es conseguir el marco jurídico y la calidad institucional que precisa el sector. “A partir de eso se destraba todo: las cargas sociales, la obra social y la jubilación digna. Es el trabajador registrado, saliendo del monotributo. Es ser sujetos de crédito también”, definió Macchi.

“Se pone en juego la propiedad de la empresa, porque lo que dice el proyecto de ley es que el Estado asume la propiedad de la empresa en quiebra y se la otorga en comodato a los trabajadores. Eso le daría tranquilidad a los clientes, que en el caso de Cotramel muchas veces son de primera categoría y quisieran adelantar capital para materia prima, pero no saben si el día de mañana vamos a seguir estando o no”, mostró el cooperativista como ejemplo.

El apoyo legislativo para el proyecto estaría en todas las bancas del Frente de Todos en la Cámara Baja. “Todos los legisladores dieron el okey para acompañar. En el recinto, confiamos que muchos diputados van a acompañar esta ley, porque tenemos en cuenta que en sus provincias, más allá del color político, hay necesidades reales en la industria en general. Las necesidades del interior son más complicadas que las nuestras, por el tema del flete y la distribución, lo cual nos da la pauta de que puede haber acompañamiento”, señaló Macchi.

Obstáculos para la ley

Preguntado por qué sectores se oponen a esta ley, Nicolás Macchi se refirió a algunos jugadores del sector privado. “El principal obstáculo pueden ser las deudas con bancos y entidades de crédito privado. El proyecto de ley dice que las deudas con entes estatales, provinciales y municipales, más la deuda con los trabajadores, toda esa masa crediticia, el estado la asume al expropiar la unidad productiva y dársela a los trabajadores. De esa forma, quedarían afuera los privados que tienen la expectativa de cobrar sus créditos”.

“Generalmente en el marco de una quiebra son muy pocos los que logran cobrar algo, más porque en esos casos se vende todo por debajo del precio de mercado”, explicó. “También está la posibilidad de que cuando hay quiebras fraudulentas, puede aparecer un sector del empresariado que tenga acciones e impida una movida de recuperación de la unidad productiva. De repente aparece un empresario en una licitación y se queda con lo que recuperamos”.

“Creo que va a haber una resistencia en el sector privado, teniendo en cuenta que ponemos en riesgo cierto tipo de extorsiones habituales. Nosotros venimos a hacer contrapeso”, definió Macchi.

Otra de las críticas que alimentan la falta de apoyo a este proyecto de ley se fundamenta en la visión de la empresa recuperada como una unidad productiva en condiciones supuestamente ventajosas en la comercialización o en los costos de producto frente a una empresa privada con todas las cargas privadas.

“Lo que hace falaz este argumento -describió Macchi- es que las empresas recuperadas nacemos sin capital de trabajo lo cual es una gran dificultad. En muchas ocasiones arrancamos con unidades productivas vaciadas donde las máquinas tienen escaso o nulo mantenimiento, lo que requiere una inversión importante. Luego, las condiciones laborales son precarias porque se prioriza asegurar el pan para el compañero y después se resuelve lo de las cargas sociales y jubilación”.

Por último, el presidente de Cotramel expresó el aspecto comercial y financiero de este proyecto de ley. Según él, las empresas recuperadas no acceden “a precio diferencial de mercado como las multinacionales o las empresas privadas en general que pueden stockearse o comprar en volumen. Por lo general, nosotros operamos con las compras al día. Al no acceder a crédito a 30 o 60 días, por las condiciones en que quedó la firma en el mercado, los proveedores no saben o no quieren diferenciar la cooperativa de lo que fue la empresa deudora y fallida. Eso complica lo comercial y el abastecimiento”.