El interbloque Cambiemos consiguió, tal como lo exigió el presidente Mauricio Macri, las firmas para dictaminar el cuestionado proyecto que se conoce como Participación Público-Privada (PPP) y que le abre las puertas a las empresas privadas para participar, con grandes beneficios, en las obras de infraestructura.

Antes de enfrentar a los diputados, durante la mañana, la conducción de la Cámara de Diputados se reunió con la conducción de la CGT. Las críticas de este sector se acallaron cuando les confirmaron que incrementarán en 33 por ciento la participación nacional en las futuras obras. El oficialismo tiene previsto sancionar, con modificaciones, el proyecto que los senadores aprobaron casi sin cuestionar.

El oficialismo trabajó todo el fin de semana para alcanzar el consenso necesario luego de los desaciertos que provocaron el regreso a comisión durante la sesión de la semana pasada. Hubo charlas con Sergio Massa y con Diego Bossio, con quienes reescribieron una y otra vez el texto normativo que, según sus críticos, pretende retomar aquel dogma menemista que reza: “Nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado”.

A pesar de esas advertencias que partieron desde el Frente para la Victoria e incluso de un sector del Frente Renovador (FR), el grupo mayoritario de diputados que responde a pie juntillas a Massa y el Bloque Justicialista estamparon sus firmas en el despacho de mayoría.

La mirada crítica de un sector del FR no es nueva y en los pasillos contiguos al salón donde se realizó el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, estos representantes fueron implacables en sus cuestionamientos. Uno de ellos, que prefirió el off the record, aseguró que la presencia de la CGT no sirvió de nada: “Fue para la tribuna. Y qué quieren, son los gordos”, dijo esbozando una sonrisa irónica.

Hay, en principio, una media docena de diputados del FR que no acompañarán la iniciativa. Según Facundo Moyano sólo puede reconsiderar su voto negativo si se modifica el artículo 25 que dice que “en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación”.

Moyano y Felipe Solá, entre otros, se oponen a esta prerrogativa que se arroga el Ejecutivo y consideran que debe ser el Congreso quien debe autorizar ese cambio de jurisdicción en caso de litigio con las empresas privadas. Es poco probable que se consiga esa modificación porque, como reconocen incluso en el FPV, con los votos que le quedan de Massa y el respaldo de Bossio, el oficialismo cuenta con el número suficiente para imponer la norma que deberá volver al Senado por las modificaciones introducidas.

Rendido ante la evidencia de los números otro de los diputados del FR y que también reporta ante la CGT señaló: “Conseguimos bastantes cambios. Hoy le arrancamos algo más pero ellos ya tienen los votos”.

Hace tan sólo una semana en los pasillos de la CGT se arrogaban el freno a la norma de participación público privada.

Durante la reunión plenaria el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), aseguró que los cambios acordados con el massismo y el BJ será aprobado: “El proyecto ha mejorado muchísimo en el ámbito de los controles del Estado, de asegurar a las Pymes y la industria nacional y los controles para operaciones de este tipo”, dijo. Es más, el también macrista, Luciano Laspina, confirmó que se aceptó el ruego del massista, Ignacio de Mendiguren, para elevar el el piso a la participación nacional en los contratos de PPP, a un 33 por ciento. El “Vasco”, como lo llaman a De Mendiguren, festejó la noticia aunque ya la sabía de antemano. Un compañero de bancada se burló de ese festejo y aseguró que “el Vasco la votaba igual la semana pasada”.

El representante del FPV, Axel Kicillof, sostuvo que ese incremento de la participación nacional no modifica en nada el espíritu de la ley de Macri. “En los grandes proyectos de obras de infraestructura ese porcentaje se cubre con la mano de obra y para nada beneficia a las Pymes como pretenden algunos legisladores”, indicó.

Insistió, sin éxito, en afirmar que el régimen que instituye la norma es “laxo” sino que además que “para seducir el oficialismo se hizo garantista pero de la actividad de la actividad privada y no del Estado”. Kicillofindicó que “todo el riesgo, el pasivo ambiental y los costos correrán por cuenta del Estado beneficiando a los privados”.

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