Al tarifazo del gas anunciado de manera difusa, vía trascendidos publicados por los medios de comunicación, a fines del año pasado, se le agregó un nuevo tarifazo que promete generar una amplia polémica.
El pasado lunes 14, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó la Resolución 12 por la que puso en conocimiento del público la existencia de una «Metodología de Traslado a tarifas del precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas», que estuvo sometida a consulta pública hasta el viernes pasado. El eje de la metodología es que las distribuidoras de gas (que son las que llevan el gas al domicilio de los usuarios) deberán pagar el gas a las petroleras que lo extraen con un plazo de 30 días.
Las distribuidoras de gas se quejaron porque cobran a los usuarios finales con un retraso de 40 o 45 días respecto del gas entregado. Dijeron que la metodología les implica un agujero financiero que les encarece sus costos.
Así las cosas, se ha abierto una negociación que –según los informes que dejan trascender desde la Secretaría de Energía, las petroleras y las distribuidoras de gas– derivará en un recargo sobre los consumidores finales. Sobre el argentino de a pie.
La idea que se baraja es que el usuario pague ese costo financiero que se le generará a las distribuidoras. Incluso, trascendió el costo: 95 pesos mensuales en promedio por usuario.
La situación remite en forma inmediata a la decisión que tomó en octubre pasado el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, de compensar por la devaluación a las petroleras. Los usuarios debían abonar ese costo financiero en 24 cuotas. El escándalo posterior derivó en que el gobierno determinara que fuera el Estado el que lo pagase.
Aunque las negociaciones tripartitas aun no terminaron, es casi seguro que de ellas surja una mayor presión sobre el bolsillo de los usuarios. En ese contexto, hay dudas sobre la legalidad de una decisión semejante.
Para Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), si se confirma el traslado de los costos financieros al usuario habrá rechazo y judicialización que pida la inconstitucionalidad. Cepis impulsó el año pasado un recurso de amparo contra la idea de Iguacel de trasladar el impacto de la devaluación al usuario final y luego amplió ese recurso judicial al decreto que decidió que el Estado se haría cargo de ese costo. «En línea con lo que ya hemos impulsado el año pasado, ahora vamos a esperar a que se tome una decisión. Pero entendemos que el tema debe ser tratado en audiencia pública, que debería ser convocada para el mes de marzo, donde lo impugnaremos formalmente y después, eventualmente, lo litigaremos. Porque ahí hay un problema de costo financiero, de quién carga con la espera del pago del costo del gas a granel. Es un tema entre privados, que debería resolverse entre ellos, pero buscan la fácil, que es que lo pague el último orejón del tarro, que somos nosotros», describió.
El Enargas tomará una decisión dentro de poco tiempo, ya que está previsto que a mediados de febrero se realicen las licitaciones por las cuales las distribuidoras de gas compren el fluido a las petroleras con contratos de tres años de duración.
Tanto el ente regulador como las empresas sostienen que corresponde que el usuario final se haga cargo de los costos financieros porque así lo determinan las normas vigentes. Pero el propio gobierno, al emitir el decreto de necesidad y urgencia 1053 –por el cual el Estado se hizo cargo de las compensaciones a las petroleras–, señaló que la normativa vigente fue emitida «en otro contexto».
Las distribuidoras de gas se beneficiaron hasta ahora de la situación contraria. Pagaban a 90 días a las petroleras cuando cobraban a 45 días el gas entregado a los consumidores. «Tenían la posibilidad de aprovechar en términos financieros el tiempo que la plata del usuario quedaba en su poder», señaló Lavelli.
El gobierno debería convocar a audiencia pública para poner en debate el tarifazo del gas que hizo trascender el 28 de diciembre. Aun no hay mayores datos sobre su impacto en los bolsillos de la población. «
