Revisar costos de producción, implementar tarifas solidarias o régimen especial para jubilados. Son algunos de los planteos que distintos especialistas en materia energética plantean para el futuro. La ley de emergencia tarifaria congelará las tarifas por seis meses, al tiempo que se intervendrá a los entes reguladores de gas y electricidad; además, se da marcha atrás con el traspaso de Edenor y Edesur a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay incertidumbre con respecto a qué ocurrirá después de estos 180 días.

La ley fue bien recibida por distintos organismos de defensa al consumidor que fueron muy críticos de la política tarifaria de Cambiemos. Así, lo expuso el documento firmado por 25 Asociaciones de Usuarios y Consumidores, que apoyan las medidas del gobierno en materia energética.

La revisión de la revisión

Uno de los puntos centrales de la ley es la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). La RTI fue la herramienta que adoptó el gobierno de Macri para establecer los aumentos de tarifas.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), opinó: “Hay que pensar detenidamente cuál es el sistema que le conviene al consumidor y al país, no a las empresas. Las diferencias que hay entre los costos de producción y el precio que pagamos los usuarios son astronómicas. Por eso, debe quedar bien claro cuáles son esos costos de producción y a partir de ahí establecer un precio razonable para la factura”.

Adrián Ganino, director de Defensa del Consumidor de San Martín, planteó: “Hoy, los trabajadores destinan en promedio el 26% del salario a estos servicios (agua, luz y gas). Se podría pensar en una tarifa solidaria, donde los que más pueden pagar subsidien de alguna manera a quienes no tienen posibilidades de pagar las tarifas. Se tiene que terminar la idea de tomar a las tarifas como una mercancía y tomarlas como un derecho humano”.

Para Ganino, “es central que en estos 180 días el gobierno convoque a una mesa amplia de discusión, con todos los sectores afectados”. Además, “debe participar el ministerio de Desarrollo Social, que tiene implicancia en la tarifa social”. El Estado “tiene que cumplir con el rol de controlar que las empresas cumplan sus obligaciones; por ejemplo, para saber qué inversiones se hicieron en estos años de tarifas tan elevadas”.

Bruno Bagnarelli, abogado del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) expresó a Tiempo su punto de vista: “Es preciso que el sector energético esté al servicio del país, no a la inversa. Hay que revisar los contratos teniendo en cuenta que las tarifas deben ser graduales, razonables y justas, como lo ordenó la Corte Suprema en el fallo CEPIS. No puede ocurrir que algunos no puedan comer para pagar la luz y otros tengan ganancias como en ninguna parte del mundo”.

“El gobierno tiene como desafío diseñar una tarifa diferenciada para jubilados y pensionados de bajos ingresos, usuarios que viven en zonas sin otro servicio público que la luz electiva (electro intensivos) y para aquellas familias que afrontan serios problemas de vulnerabilidad económica”, apuntó Bagnarelli.

La intervención del ENRE y el ENARGAS

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) serán intervenidos por un año. Este punto despertó polémica, ya que se trata de dos entes autárquicos. Durante la gestión Macri, las direcciones de ambos entes fueron duramente criticadas por las organizaciones de defensa al consumidor.

Para Bassano, “está perfecta la intervención”, ya que “quienes están a cargo son empresarios que velan por el bienestar de las empresas, tienen una infinidad de reclamos no resueltos y también resuelven en contra de los consumidores”.

Según Ganino, “corresponde la intervención porque al volver atrás con el traspaso a Ciudad y Provincia, las empresas vuelven a tener competencia federal, donde interviene es el Poder Ejecutivo”. Por tanto, “es totalmente constitucional y no va en contra de ninguna normativa”.

Finalmente, Bagnarelli dijo que se trata de “una medida necesaria”, ya que “estaban colonizados por las empresas prestatarias”.