La economía real comenzó a dar señales de agotamiento en los últimos meses. Diversos indicadores dan cuenta de un menor ritmo de crecimiento en materia de consumo, construcción y producción industrial con relación al que se venía advirtiendo en la primera mitad del año.
Esas cifras entran en contradicción con el informe que dio a conocer en la última semana el Indec, que reflejó una suba del 6,9% interanual en el producto bruto interno. Hay una explicación: el dato del organismo corresponde al segundo trimestre del año, que tenía una base de comparación más baja (la segunda ola de la pandemia de coronavirus, en el otoño-invierno de 2021). Además, desde entonces las condiciones macroeconómicas cambiaron demasiado. La inflación pasó del rango del 60 al 78% anual, las tasas de interés subieron 20 puntos y los salarios, que no pudieron seguir el ritmo a los precios, siguieron perdiendo su poder adquisitivo. Todo eso tuvo su impacto.
Eso no significa que la economía esté retrocediendo, pero sugiere un aterrizaje después de los elevados índices de crecimiento de 2021, año en que el PBI subió 10,3% y recuperó lo perdido durante la pandemia. Vale recordar que en el proyecto de Presupuesto que el gobierno giró al Congreso se prevé una mejora del producto de sólo 4% para el corriente año y una suba de 2% para 2023.

Las mediciones privadas
El nuevo rumbo queda claro en algunos informes del sector privado que realizan mediciones mensuales y permiten detectar esas señales con mayor rapidez. Para el Instituto de Trabajo y Economía, por ejemplo, en julio hubo una baja mensual de 2,5% en la actividad. Es la tercera consecutiva que midió ese centro de investigación. «La demanda de energía eléctrica, las cantidades exportadas y las ventas minoristas entran en terreno negativo. Esta última señal resulta una alerta temprana de una clara desaceleración de la economía», señala el ITE en su último informe.
La misma tendencia advierte la consultora OJF, que dirige Orlando Ferreres: su índice general de actividad mostró una contracción mensual de 0,3% en julio. El reporte avisa sobre «claras señales de estancamiento» y afirma que, para lo que resta del año, «no hay lugar para esperar una mejora de los indicadores y el mismo proceso de ajuste restringirá el desarrollo de la actividad».
Otro de los síntomas es el amesetamiento del consumo privado. Según los datos de la consultora Scentia, que se basa en los tickets emitidos en las principales cadenas de comercialización, las compras de bienes en supermercados y autoservicios apenas subieron 1,1% en agosto con relación al mismo mes del año pasado. La situación fue peor en los comercios de cercanía, muchos de los cuales no consiguen que sus proveedores les bajen los productos a los valores de Precios Cuidados y por eso redujeron sus ventas en 1,7%, señal de que sus golpeados bolsillos fuerzan a los consumidores a cambiar sus lugares habituales de compra para gastar menos.
En la construcción, en tanto, las fluctuaciones son todavía mayores. El índice que elabora el Grupo Construya, que reúne a las principales firmas del sector, mostró una caída del 9,88% en agosto. El número refleja la menor provisión de materiales que esas empresas venden al sector privado. De todas maneras, el saldo anual es positivo en relación a un 2021 distorsionado por el parate que ocasionó la ola de coronavirus.

Preocupación en la UIA
Una de las grandes preocupaciones pasa por el sector manufacturero, pilar de la actividad por su impacto en la generación de empleo. La propia Unión Industrial Argentina, a través de su Centro de Estudios (CEU), advirtió de una «ralentización» a partir de julio. «La segunda mitad del año comenzó con incertidumbre y un panorama más complejo para la producción. Las crecientes dificultades en el acceso a divisas encarecen y limitan el acceso a insumos claves para la actividad industrial. Hubo un desmejoramiento en las dimensiones operativas de las empresas (plazos de entregas y stocks de insumos) y en menor medida, un peor desempeño de la producción y de las ventas. Esto se reflejó también en las expectativas», explicó el CEU.
La compleja situación del sector industrial fue admitida incluso por una usina de datos oficial, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende del Ministerio de Economía: allí estimaron que en julio el sector se retrajo 1,6%.
La cuestión predominó en el almuerzo del último jueves entre la cúpula de la UIA y Sergio Massa. Los dirigentes pidieron prioridad en el acceso a los dólares para asegurar insumos y evitar frenos en la producción. El ministro reclamó a cambio que no haya sobrestockeo por parte de algunas firmas, práctica que (entienden en el Palacio de Hacienda) contribuye a que la balanza comercial haya sido negativa en los últimos tres meses. «

Se reducen los ingresos fiscales

Tanto la recaudación como los gastos del sector público se restringieron en términos reales durante agosto. Su evolución por debajo de la inflación (78% interanual) es otra señal de desaceleración, si se considera que los impuestos que cobra el Estado son una fracción más o menos fija de la actividad económica.
El Ministerio de Economía informó que en ese mes hubo un déficit primario de $ 224 mil millones, producto de ingresos que subieron 73,7% interanual ($ 1,278 billones) y egresos que lo hicieron en 72,9% ($ 1,488 billones). Del subtotal se restaron $ 14 mil millones de la renta por emisión de bonos que sobrepasaron el límite autorizado por el FMI.
En materia de ingresos, resulta muy llamativo que los derechos de exportación bajaron $ 19 millones. El resultado refleja la reticencia del complejo agroexportador, que recién aceptó liquidar sus ventas de soja cuando el gobierno le reconoció una cotización preferencial de $ 200 por dólar.
Esa misma razón beneficiaría las cuentas en septiembre, donde se aceleró esa liquidación. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron que, aunque el rojo acumulado representa el 96% de lo pactado con el Fondo, «el gobierno podría cumplir la meta fiscal del tercer trimestre pese al escaso margen disponible ($ 40.764 millones) por dos razones: se compatibilizarán los ingresos de retenciones por el dólar-soja y existe una alta posibilidad de que las metas sean revisadas (por el reconocimiento de una mayor inflación en el Presupuesto 2023)».