Supermercadistas advirtieron que las listas con aumentos ponen en peligro la comercialización minorista y llamaron a una mesa de diálogo que incluya al gobierno, a los proveedores, a los mayoritas, a los autoservicios y almacenes.

Por estos días la industria alimenticia negocia con el Ministerio de Desarrollo Productivo aumentos en la lista de Precios Máximos. Las empresas que fabrican productos de consumo masivo pidieron la eliminación de ese programa de referencia pero el gobierno lo ratificó hasta fines de octubre.

No obstante en forma particular la administración concedió analizar con las firmas aumentos de productos puntuales. En una entrevista reciente el titular de la federación empresaria alimenticia Copal, Daniel Funes de Rioja, consignó a Tiempo que los aumentos están encaminados, una afirmación que confirmaron fuentes del entorno del ministro Matías Kulfas a este medio.

Lo cierto es que más allá de la imposibilidad que supone el programa Precios Máximos en el marco de la pandemia de Covid-19, las empresas del rubro comercial denunciaron permanentes incrementos en los últimos meses por parte de las fábricas.

En muchos casos, como confió la Confederación General Almacenera, los comercios se ven en la obligación de retirar los productos de las estanterías para no exponerse a sanciones del gobierno.

Con esa advertencia coincidieron este jueves la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados Asociados (FASA). En un comunicado reclamaron la apertura de una mesa con toda la cadena de valor para tratar los aumentos que llegan desde la industria. Funes de Rioja argumentó en la entrevista con Tiempo que los aumentos son un traslado directo del aumento de los costos y definió a sus representados como “víctimas de la inflación”.

El mercado de los alimentos y los demás productos de consumo masivo, como los de limpieza y tocador, está fuertemente concentrado por unas pocas decenas de empresas con espaldas para fijar los precios que paga el consumidor.

En nombre de 150 mil comercios de todo el país y de 500 mil empleos, CAS y FASA advirtieron que la situación los expone a “cierres masivos” y pérdida de miles de fuentes de trabajo.

En el comunicado apuntaron que la imposibilidad legal de recibir listas con incrementos ilegales “está generando innumerables problemas que, en muchos casos derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores” en sintonía con las denuncias de los almaceneros.

Finalmente las cámaras que representan a las cadenas de supermercados del interior del país sugirieron que la situación sigue sin respuesta pese a que gestionaron el tema ante las autoridades pertinentes e insistieron con el pedido de una mesa de diálogo.