La normalización de las deudas con Cammesa por el suministro de energía eléctrica y los montos destinados a subsidiar el transporte público son, por estas horas, las principales monedas de cambio que circulan en la Cámara de Diputados para garantizar la aprobación del Presupuesto 2023. El proyecto está siendo discutido en comisiones y tanto legisladores de la oposición como gobiernos provinciales ponen sus propias condiciones para garantizar al oficialismo un dictamen favorable y la luz verde para la discusión en el recinto.

La intención del Frente de Todos es que la comisión de Presupuesto y Hacienda apruebe un dictamen mayoritario este jueves y se pueda llamar a sesión el 26 de este mes, para dar media sanción al proyecto. Luego la norma pasaría al Senado, que dispondría de un mes hasta el cierre de las sesiones ordinarias (a fines de noviembre) para convertirlo en ley.

Como condición para asegurar el voto de los legisladores que les responden, los gobernadores piden cambios en la redacción del artículo 90 del proyecto, que establece que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”. Esa figura autoriza a la Jefatura de Gabinete a retener de los envíos de coparticipación todas las sumas adeudadas a Cammesa por los distribuidores de energía eléctrica de cada región.

«Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del Tesoro nacional. Y este artículo nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema», dijo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, cuando hizo su exposición ante la comisión.

Los montos son cuantiosos porque a partir del congelamiento de tarifas y de la postergación de las revisiones tarifarias integrales, la mayoría de las distribuidoras tomó como costumbre postergar los pagos a esa compañía (que tiene el rol de intermediar entre la generación y la distribución de electricidad) para equilibrar sus cuentas. En la práctica, las deudas así generadas son periódicamente conmutadas por compromisos de inversión de cada una de las distribuidoras, cuyo cumplimiento es a la vez renegociado si la demora en la actualización tarifaria persiste.

Hasta mediados del mes pasado, las deudas de las distribuidoras con Cammesa sumaban unos $ 502 mil millones. Buena parte de ella correspondía a Edenor ($ 112 mil millones) y Edesur ($ 116 mil millones), las dos empresas que operan en el AMBA y que nunca fueron transferidas a la Ciudad ni a la provincia de Buenos Aires, por lo que su relación contractual sigue siendo con el Estado nacional. Esa diferencia pone en alerta a las demás provincias, que argumentan una disparidad en el trato.

La otra cuestión en danza es el tira y afloje con los fondos para subsidiar el transporte. El gobierno nacional quiere fijar un límite de $ 66 mil millones a ese fin y argumenta que para desinflar esas partidas ya autorizó dos incrementos en el boleto urbano en CABA y el conurbano, uno de 40% desde julio y otro similar para diciembre. En las provincias se quejan de que el valor del pasaje es cercano a los 100 pesos en comparación con los 25 pesos del boleto mínimo en el área metropolitana. Por eso quieren llevar esas partidas a cerca de $ 110 mil millones para evitar nuevos incrementos en sus ciudades.

La definición sobre estas dos cuestiones saldrá del habitual “poroteo” que definirá los números aceptables para todos los sectores. Teniendo en cuenta la necesidad política del gobierno de contar con un Presupuesto para 2023, después del traumático rechazo que sufrió con el proyecto de este año, todo indica que habrá fumata blanca.