La lista de anuncios oficiales de la semana que pasó incluyó un acuerdo aerocomercial con los Estados Unidos que el sector de la aviación comercial local fue recibido con preocupación, lo que incluye, tanto a los sindicatos como a las compañías de bandera, las privadas tradicionales y las lowcost, que pese a la promoción de las autoridades con la «revolución de los aviones», hacen malabares para sostener sus negocios.

El gobierno argentino informó el entendimiento el miércoles a través de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por la red social Twitter. La modalidad contribuyó a la confusión generalizada; los gremios atinaron a denunciar una nueva avanzada del gobierno de Cambiemos en favor de corporaciones extranjeras; las empresas se limitaron a un llamado a la prudencia.

El denominador común es la sorpresa. Fuentes de ambos lados aseguraron que desconocían las gestiones del Ejecutivo con su par de Estados Unidos, coincidieron en señalar la vaguedad del texto oficial y suspendieron las opiniones finales hasta que los departamentos de legales terminen de estudiar a fondo lo firmado.

El nuevo protocolo para el Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo, según la publicación de Dietrich en Twitter, servirá para «ampliar las rutas y frecuencias aéreas de forma ilimitada», lo que además «permitirá que se realicen vuelos directos sin escalas».

El pacto consiste en la modificación de la normativa por primera vez desde 1985 y rige desde el mismo miércoles.

El gobierno de Donald Trump celebró la noticia como el resultado de un año de negociaciones entre su Departamento de Estado y la contraparte local y lo consideró una prueba de «la relación estrecha y cooperativa» entre ambas administraciones nacionales, además de una ampliación de los lazos comerciales y económicos.

Los norteamericanos agregaron que el pacto «beneficiará a las aerolíneas, los trabajadores de la aviación, los viajeros, las empresas, los transportistas, los aeropuertos y las localidades al permitir un mayor acceso al mercado para que las aerolíneas de pasajeros y de carga total puedan volar entre nuestros dos países y más allá».

Apertura creciente

Entre los gremios la repercusión fue negativa. La Asociación de Aeronavegantes reiteró su «firme oposición a toda medida o modificación de normativas que resulte en  una política de cielos abiertos».

Ese gremio puso el pacto en sintonía con acuerdos que el gobierno del presidente Mauricio Macri firmó con Gran Bretaña, España y Colombia, y que terminaron beneficiando a empresas de esos países en detrimento de Aerolíneas Argentinas.

En este caso, el beneficio directo sería para las empresas American Airlines y Delta Airlines, «que viene pisando fuerte en el Cono Sur».

En una línea similar, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) advirtió el «avance hacia el desmantelamiento de la aviación comercial y civil argentina y su extranjerización completa». El comunicado denunció que lo suscripto «coloca a las empresas nacionales en total desventaja» y garantiza una vieja ambición del lobby de los grupos privados extranjeros como la privatización y el control de los servicios de rampa.

De fondo, los sindicatos alertan por el futuro del empleo nacional pero informalmente reconocen que en cada asociación el acuerdo es objeto de un profundo análisis. Según dijeron, hasta el viernes pasado el gobierno no les informó nada relacionado al tema.

Por ahora tienen en agenda una convocatoria para conversar sobre la cuestión el miércoles próximo en el Congreso Nacional, motorizada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria. Los gremios esperan que de ese encuentro salga un pronunciamiento significativo. La interpretación política asocia el anuncio oficial con la campaña preelectoral en la que el gobierno de Macri y aliados juega prácticamente sin logros económicos. «