La defensa del exsindicalista Omar «Caballo» Suárez, detenido por dos causas relacionadas con su gestión al frente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), desafió a la Oficina Anticorrupción (OA) –que encabeza la exdiputada Laura Alonso– a que investigue de manera seria y completa al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. «Dejen de proteger a los funcionarios que cometen groserías», sostuvo. 

El abogado Alejandro Argibay Molina, uno de los defensores de Suárez en sus procesos penales, advirtió que la OA emitió un descafeinado llamado de atención a Triaca por su empleada todoterreno Sandra Heredia, «Sandrín». Pero omitió investigar otras conductas del titular de la cartera laboral, entre ellas 500 mil pesos pagados con fondos sindicales a un hermano del ministro para una celebración y la designación de 173 amigos, familiares, y allegados en  la intervención del SOMU.

Suárez requirió a la OA que «amplíe la investigación» sobre Triaca y deje de «proteger a los funcionarios que cometen las groserías que ha cometido este ministro en su actuar». La nota, dirigida a Alonso, pide: «Tenga independencia de criterio para no caer en la crítica que indica que usted investiga selectivamente a los denunciados».

Suárez lleva casi dos años preso por disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien también salpica la denuncia ante la OA. Además, Suárez denunció penalmente al juez y pidió su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Sostiene que un funcionario del juzgado le pidió a través de un tercero 500 mil dólares a su familia para concederle la prisión domiciliaria.

Triaca fue reprendido por la OA con una recomendación de «prudencia» y de abstenerse de designar cargos en el SOMU como lo hizo con Heredia, cuyas aptitudes para representar a trabajadores marítimos es desconocida. Pero esa resolución, según denunció la defensa de Suárez, omitió otros casos en los que «el ministro tuvo varias veces beneficios para sus allegados y para él». 

Heredia denunció públicamente que para una celebración del Día del Niño, el SOMU intervenido contrató los servicios de Carlos Triaca, hermano del ministro, y pagó por ello medio millón de pesos. El abogado de Suárez aportó detalles sobre aquella jornada. La denuncia añade que Triaca «utilizó la intervención judicial como una bolsa de trabajo para favorecer a amigos, conocidos y militantes del PRO», y adjunta un listado de 173 personas que ingresaron al sindicato durante la intervención, que estuvo al principio a cargo de la hoy senadora Gladys González. El texto reclama a la OA que determine «si hubo favorecimiento por parte del ministro para contratar o sugerir o elegir gente afín al gobierno, que no fue seleccionada por la idoneidad que se requería para el cargo». 

La OA, hasta ahora, sólo se pronunció sobre el caso de Heredia, ignoró todos los demás y archivó el expediente Triaca. ¿Hay algún otro caso que involucre directamente al ministro o a su entorno? La denuncia menciona a su cuñado, Sergio Borsalino, «un familiar directo beneficiado con el dinero del gremio intervenido». «