Once trabajadores permanecen en las instalaciones del bar Adela’s, ubicado en Cuenca 2775, en el barrio porteño de Villa del Parque. Lo hacen porque la patronal dejó de pagar los sueldos desde el 25 de julio. Piden una mesa de diálogo y negociación con el responsable del negocio, Pablo Heras, quien es miembro de las firmas Entre Amigos SRL y 5 Hispanos.
“Un día vinimos a las siete de la mañana y los vidrios del local estaban empapelados. Pudimos entrar porque un encargado tiene llaves. Cuando ingresamos vimos que no estaban los muebles, después nos dimos cuenta que los pusieron en el fondo. Nos ofrecen menos de la mitad de lo que nos corresponde como indemnización. Obvio, no aceptamos. Estamos pensando en formar una cooperativa de trabajo, porque no vemos otra solución al problema”, cuenta a Tiempo Diego Santillán, de 43 años, uno de los empleados.
Y continúa: «El bar ya cumplió diez años y yo trabajo hace tres. Ahora la patronal nos hizo una denuncia por usurpación, y tenemos que esperar lo que resuelve la Justicia. Nos vamos turnando para que el espacio no quede solo, los vecinos se muestran muy solidarios, como así también varias organizaciones sociales y partidos políticos. Somos once familias que de la noche a la mañana nos encontramos con esta terrible situación. Lo único que queremos es conservar nuestra fuente de trabajo, como corresponde. Ya fuimos a la Legislatura y la Defensoría, ahora solo nos queda esperar”.
Los trabajadores permanecen en las instalaciones del café en reclamo de los sueldos adeudados y de la continuidad de la fuente de trabajo. Este lunes realizaron una asamblea abierta y, además, cuentan con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
“Trabajo acá hace un año y medio. La situación se está tornando un poco complicada, porque llevamos más de dos semanas encerrados en este lugar. La gente del barrio nos acerca comida, por lo cual estamos muy agradecidos. Recuerdo que los primeros días dormíamos en los sillones tapados con los manteles, hasta que nos trajeron frazadas. Yo soy del interior del país y vine a Capital a probar suerte y de repente pasa esto”, asegura Mariano Montané, de 32 años, otro de los afectados.
Los trabajadores le piden que la Justicia evitar un desalojo violento. Y explican que la única solución que ven posible para remediar el problema es la recuperación de los puestos laborales. Exigen que la fiscal Lorena San Marco y a la jueza Fernanda Botana busquen una solución pacífica al conflicto y que se abra una mesa de diálogo.
