Centenares de personas se reunieron en la puerta de las oficinas centrales del PAMI en rechazo a la política de la actual administración. Allí se congregaron trabajadores activos de PAMI y ANSES entre otras dependencias así como «trabajadores activos con salario diferido» como definió a los jubilados una de sus representantes.
Los reclamos que se escucharon desde el escenario apostado en la avenida Corrientes al 600 incluyeron la defensa del sistema de reparto, el rechazo a la posibilidad de la vuelta al sistema de AFJP, el repudio al creciente recorte de prestaciones y medicamentos y el rechazo absoluto a la resolución 956 que creó la Fundación PAMI.
Entre otros dirigentes hicieron uso de la palabra Carlos Rosito, Secretario General de SUTEPA, Luciano Fernández, Secretario Gremial ATE Capital, Raquel Márquez dirigente de la Comisión de previsión y de la CTA de los trabajadores; Luis Herrera y Ana Maria Cao del Frente de Personas Mayores, David Garuti, delegado general de los trabajadores del ex Hospital Francés nacionalizado a favor del PAMI y Magui Ubaldini de la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina.
Juan Carlos Rosito puso especial énfasis en «exigir la inmediata normalización del PAMI entregando su administración a sus verdaderos dueños: los trabajadores y los jubilados» en alusión al postergado cumplimiento de la ley 19.032 en lo que se refiere a los mecanismos de elección de los miembros del Directorio.
Los oradores rechazaron la creación de la Fundación PAMI que asociaron con un intento de promover la tercerización de servicios y de una privatización encubierta. Del mismo modo denunciaron que uno de los propósitos de la Fundación es que los trabajadores de lo efectores propios que pudieran ser absorbidos por la misma no sean incorporados bajo el convenio laboral que rige el PAMI sino en el de ATSA con condiciones inferiores.
Garutti, delegado del ex Hospital Francés, denunció la actitud cómplice de la actual conducción de la CGT y reclamó un paro activo nacional ya mismo.
Como resultado de la resolución 956 de creación de la Fundación, pesa sobre el directorio un pedido de informes en el Senado, una demanda de investigación en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social y un reclamo gremial para tomar vistas del expediente de creación de la entidad al que, por ahora, no accedieron.
