El lockout de 72 horas al que llamó la dirigencia agraria quedó en los hechos confirmado luego de que el gobierno postergara hasta la semana entrante una respuesta al pedido de reabrir las exportaciones de maíz, suspendidas hasta el 1 de marzo. De esa manera, el cese de comercialización de granos al que convocaron la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA) se extenderá entre mañana y el miércoles.

El cuarto actor de la Mesa de Enlace, Coninagro (que representa al sector cooperativo), acompaña el reclamo pero no la huelga. «Consideramos que hay que agotar hasta la última instancia de diálogo. No adherir al cese es una medida a favor del país, no del gobierno», dijo su presidente, Carlos Iannizzotto.

El detonante de la protesta fue la resolución del Ministerio de Agricultura del 30 de diciembre último que dispuso cerrar el registro de las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) correspondientes a embarques de maíz, lo que en los hechos impide su exportación. La decisión se tomó ante el reclamo de diferentes sectores que desde hace un par de meses denuncian dificultades para conseguir el grano, usado como insumo para la producción de carne de cerdo, pollos, huevos y para los feedlots. Un eventual aumento de su precio se trasladaría de inmediato al resto de la cadena de comercialización. Por eso la cartera que dirige Luis Basterra dispuso intervenir en el mercado por 60 días, aunque se comprometió a evaluar una reapertura más temprana «en función de cómo evolucione la oferta y la demanda».

Cada sector enarboló sus propios números. Desde Agricultura señalaron que solo quedan cuatro millones de toneladas de la cosecha 2019/2020 y que se necesitan para asegurar el abastecimiento local. Los acopiadores de maíz contestaron que en el sistema informático del Ministerio, donde se cargan las operaciones de compra y venta, consta un saldo de 9,8 millones de toneladas. Para la Rural, restan 8,5 millones de toneladas en manos de los productores.

Así como divergían las cifras, también fueron diferentes las actitudes. Mientras la Mesa de Enlace se encaminó hacia la protesta, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reunió el jueves con Basterra y allí surgieron algunas vías de acuerdo. En particular, la propuesta de que los compradores de maíz en grano puedan acceder a coberturas a futuro (como se hace con el dólar y con otros commodities) para asegurar sus precios de los próximos meses. Además, se planteó que el propio gobierno subsidie el precio cuando los montos recaudados por derechos de exportación superen en determinada proporción los fijados en el Presupuesto Nacional.

En el gobierno creen que esto daría más previsibilidad al sector y reduciría los perjuicios de los cambios de precio bruscos. «Esto nos coloca en condiciones distintas a las de las semanas anteriores. Se ha logrado poner los diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como el bien común, en el marco de la seguridad alimentaria», dijo Basterra tras la reunión, dando a entender que se podría proceder al levantamiento de la suspensión de exportar.

La demora de Agricultura en dar marcha atrás dejó expuesta a la Mesa de Enlace, que se quedó sin argumentos para desactivar el lockout, a la vez que contrasta su imagen con la del Consejo Agroindustrial, el aliado que eligió el gobierno para planificar la futura política del sector. El CAA es impulsado por CEC y Ciara, las cámaras que reúnen a las empresas que se encargan del acopio, procesamiento y exportación del grano y derivados. Hace algunos meses, el nuevo nucleamiento presentó a las autoridades un plan para aumentar 50% las divisas del comercio exterior que genera el sector. En cambio, la Mesa (que ya había dispuesto un cese de ventas de cuatro días en marzo del año pasado, en protesta por la suba de retenciones) se referencia en los productores. Por eso los dirigentes de las entidades que las componen se sintieron cómodos este fin de semana, acompañando asambleas a la vera de distintas rutas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en vísperas de una medida que acentúa su perfil opositor.   «