El Indec presentó días atrás un nuevo informe, sobre condiciones de vida de la población de 31 aglomerados urbanos de la Argentina. El trabajo, que pasó desapercibido en medio del fárrago de malas noticias económicas y financieras, muestra con claridad cuál es el alcance de la pobreza estructural en el país. Si bien es información que ya era sabida, especialmente por medio de investigaciones privadas, ahora se trata de datos oficiales que amplían la mirada sobre las carencias básicas de la población.

Los datos: alrededor de 13,8 millones de personas, algo más de la mitad de la población urbana incluida en el estudio (27,3 millones de personas en total) carece de alguno de estos tres servicios básicos vitales: agua corriente, gas en red o cloacas. El peor indicador es este último, el que mide el acceso –o no– a la red de aguas sanitarias: 9,4 millones de personas aún no cuentan con este servicio (ver infografía).

«Nuestros datos coinciden con los del Indec. Vemos una pobreza estructural que no se soluciona con un cambio en las condiciones económicas de corto plazo», dijo a Tiempo Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de Cippec, señaló sobre el informe de Indec que «se observa que hay una estabilidad en las características que hacen a la pobreza estructural, tanto en lo que respecta a los datos vinculados a lo habitacional como en el caso de los servicios públicos. En cambio, advertimos cambios muy leves y positivos en relación al acceso a los servicios sociales, como salud y educación».

Entre los expertos hubo alguna duda sobre la aparición del informe. La suspicacia surgió porque detalla las condiciones de vida al segundo semestre de 2017. Además, agrega datos del primer y segundo semestres de 2016, con lo que se puede establecer una breve comparación. El próximo informe, con los datos sobre el primer semestre de 2018, aparecerá el próximo 7 de noviembre. Y el gobierno podría tener una fuerte expectativa en sus números a partir de inversiones realizadas en saneamiento, lo que podría derivar en una mejora en el acceso a cloacas.

Los datos de la serie que publicó el Indec muestran en casi todos ellos mejoras en el segundo semestre de 2017 respecto del primero, menos en el caso del régimen de tenencia de la vivienda, donde hay una leve caída entre los propietarios y leves subas entre quienes alquilan y los que ocupan viviendas.

Díaz Langou agregó que «el informe nos muestra una situación que ya tenemos todos en la cabeza y que es que un tercio de la población argentina vive en situación de pobreza. Se trata de un problema que no atañe sólo al ingreso sino también a la salud, la educación y los servicios públicos».

Donza coincidió: «Los datos que muestra el Indec son similares a los que conocemos nosotros a partir de nuestras investigaciones sobre pobreza multidimensional. Muestra el alcance de la pobreza estructural en la Argentina. En general, la forma tradicional de ver la pobreza es a partir de la valorización de los bienes o canasta que la mide. Pero esa medición está sometida a la fluctuación entre épocas de crisis o bonanza económica. Acá se trata de cuestiones estructurales. No es sólo por ingreso sino que está acompañado por las condiciones habitacionales y por el acceso a servicios como la red de agua, cloacas, salud y educación».

Este especialista consideró que «estamos en presencia de la tercera generación de población que queda fuera del sistema, no sólo el laboral sino también de la distribución de los ingresos, de la salud, la educación». Donza advierte  que existe «una situación de fortalecimiento de ese quedarse en la periferia y en la marginalidad, lo que a su vez alimenta la presencia de otros factores, como el consumo de drogas y alcohol y la presencia del delito».

Al respecto, Díaz Langou, de Cippec, subrayó que «falta una mirada integral del abordaje de la pobreza. No parece estar del todo presente una política pública de conjunto. Vemos enfoques interesantes en el sector de la salud, por ejemplo, pero que están integrados a otras políticas sociales. Las acciones fragmentadas no permiten realizar un diagnóstico integral y, por ende, las políticas que se implementan carecen del mismo problema».

¿Cómo lograr un enfoque integral? «A partir de dos elementos –dijo Díaz Langou–. De un lado, hay que construir el problema de esa manera. El debate actual es poco complejo en todos los poderes del Estado. Se dice que la principal salida a la pobreza es la creación de empleo decente. Pero aun cuando hay crecimiento económico la pobreza estructural se mantiene. Estamos en presencia de un fenómeno mucho más complejo, que requiere de respuestas interdisciplinarias, económicas, sociales, de salud y educación; y también interjurisdiccionales, es decir, en las que se integren todos los niveles de gobierno: el nacional, el provincial y el municipal. Del otro, hacen falta consensos políticos que son los que permitirán crear las herramientas técnicas para avanzar en el campo concreto. Ello va a permitir discutir, por caso el nivel del gasto social y su destino. El gasto social estatal es enorme pero falta direccionarlo y establecer prioridades».

La mirada habitual del gobierno nacional sobre la pobreza es la que la vincula aun nivel determinado de ingresos: «Lamentablemente esta devaluación trajo el rebote de inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza», dijo el presidente Macri dos semanas atrás. En el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley, también hacen una lectura similar, en la que se enfatiza el peso de la inflación y la devaluación sobre el ingreso de los sectores más empobrecidos, aunque rechazan, al mismo tiempo, los reclamos de las organizaciones que los agrupan, que piden medidas y productos para paliar los efectos de la crisis económica y financiera.

En el Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda creen que la inversión realizada en los barrios se notará en el próximo período y descuentan que la baja en la obra pública producto del ajuste aplicado a partir del acuerdo con el Fondo Monetario no repercutirá en los trabajos vinculados a los sectores más pobres. Tiempo pidió una posición oficial en ambas carteras sin obtener respuesta.

Sí, pero no

Una mejora económica coyuntural no repercute en el nivel de la pobreza estructural. Pero un empeoramiento de las condiciones económicas sí se sienten inmediatamente.

Según Donza, «después de la crisis de 2001-2002, la pobreza llegó hasta el 50% de la población. Luego, fue decreciendo hasta el 28-30% de los años 2008-2009. Pero a partir de ese momento se produce un estancamiento en la reducción de la pobreza, más allá de los años de crecimiento económico, de los que hubo varios. Se trata de un núcleo duro, que persiste al margen de los avatares de la economía».

Donza cree que el eslogan del gobierno acerca de «pobreza cero» era eso, un eslogan. «Mauricio Macri planteó el problema de la pobreza en términos de campaña electoral, en 2015. Puso de relieve un problema que el gobierno anterior se había empeñado en ocultar desde 2007, al punto que dejó de medir la pobreza en 2014 y mantuvo la posición de que estaba en el 5% y que era menor que la de Alemania. Fue importante que se la haya nombrado».

El tema es que «no se va a salir de la pobreza mientras no haya una reactivación del mercado del trabajo. Pero, por el contrario, vemos ahora que este 2018 empeora en el plano económico, lo que repercute de nuevo en la pobreza». «

Promedios de la Cepal

Según el anuario estadístico 2017 de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la provisión de agua corriente en las viviendas urbanas de América Latina y el Caribe llegaba en 2016 al 89,4%. Si la medición se hace sobre los hogares rurales, cae al 75,2 por ciento.
En este ítem, los datos del Indec, si bien son de un año posterior, ubican a la Argentina en la misma línea, con un 89,6% de los hogares urbanos que tienen acceso a la red pública de agua corriente.
En relación con el acceso a la red de cloacas, Cepal informó que sólo el 62,4% del total de los hogares de la región contaba con ese servicio esencial, cifra que caía al 51,1% en el caso de las viviendas ubicadas en áreas rurales contra un 65,3% de las urbanas.
El informe del Indec sobre condiciones de vida, en base a las muestras de la EPH, sostiene que el 70% de las viviendas urbanas cuenta con acceso a este servicio.
En este punto, la Argentina se encontraba un escalón arriba del promedio del continente.

Inflación de los pobres

El señalamiento del presidente Mauricio Macri, acerca del impacto negativo de la inflación y la devaluación en los niveles de pobreza, es correcto. El alza de los precios de los alimentos ha llevado la valorización de las canastas de pobreza e indigencia a niveles imposibles de alcanzar para una enorme masa de la población.
De acuerdo con un informe del Indec de la semana que pasó, una pareja con dos hijos menores de 10 años necesitan $ 8118 para no ser indigentes y $ 20.134 para no ser pobres. Si se agrega un tercer hijo, los valores se van a $ 8539 y $ 21.176, respectivamente.
La Canasta Básica Total (CBT, se usa para medir pobreza) subió en julio un 2,7%. En el acumulado anual, se elevó un 20,7%, mientras que la interanual alcanzó la alarmante cifra de 34 por ciento.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA, se usa para medir indigencia) subió en julio un 3,5 por ciento. En el acumulado anual, el número se fue al 22,2 por ciento. La interanual (julio 2017 – julio 2018) llegó a 32,4%, por encima de la inflación anual a julio del 31,2 por ciento.