En conferencia de prensa la titular de la ANSES María Fernanda Roverta, junto con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, anunciaron una nueva actualización del haber jubilatorio para el mes de diciembre de este año.
El 5% otorgado (esta vez para todos los niveles) resulta el último que será por decreto toda vez que la Comisión Bicameral ya elevó el proyecto de ley para reestablecer una fórmula de movilidad jubilatoria que, se estima, será tratado durante las primeras semanas de diciembre y que entraría en vigencia ya para el próximo período.
El anuncio, según el mismo Santiago Cafiero, “le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año”. De este modo, continuó, “el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación». El jefe de Gabinete aseguró que, por lo tanto, “estamos recomponiendo las pérdidas de los haberes jubilatorios que se arrastraban desde 2018 y 2019 que, en términos reales, fueron del 19% con la fórmula del gobierno anterior».
Efectivamente, la inflación acumulada hasta el mes de octubre alcanzó un 26,9% aunque, según el relevamiento que realiza el BCRA para el mes de diciembre alcanzará un 35,8% para el nivel general y un 38,3% en la denominada inflación núcleo. A la hora del pronóstico para los próximos doce meses la suba de precios llegaría hasta un 52,1%.
Pero por otro lado, la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde 2017 y suspendida por la actual gestión hubiera recompuesto todos los haberes por encima de lo pautado en la medida en que, precisamente, gran parte de la actualización hubiera tomado como referencia para una parte del año la inflación registrada en la segunda mitad del año anterior.
Ruido interno
Por ese motivo, la propuesta oficial cosechó críticas de propios y extraños.
En primer lugar fue la conducción de la CGT que, considerándose parte del bloque político que llevó a Alberto Fernández al gobierno, señaló que “no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.
Desde el mismo bloque oficial el ex diputado y actual Director del Banco Nación Claudio Lozano planteó que “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la argentina, no se incluya en una fórmula de movilidad la cuestión central: el aumento de los precios”. En suma, explicó, “privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI”.
El mismo Lozano, explicó que “es más que evidente que en un sistema previsional que paga $ 18.129 como haber mínimo y que tiene como haber promedio $ 22.929 frente a una canasta de bienes y servicios para la tercera edad que se ubicó en octubre en $ 49.614, el objetivo de la fórmula de movilidad debe ser (por lo menos) mantener el poder adquisitivo de los haberes”.
Para uno de los directores del Banco Nación “es claro que el sistema está desfinanciado y que hay que discutir cómo se lo financia. Pero es evidente también que eso no lo resuelve la movilidad. La propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación, esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios, tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio”.
La estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) liderada por Juan Carlos Schmid y secundada por decenas de sindicatos mayormente alineados con el oficialismo, también criticaron la propuesta del gobierno con un tajante: “la CATT rechaza la vuelta a la fórmula anterior”. Para la organización, de esa forma, “se instrumentará otra fórmula de ajuste”.
Es que, explicaron, “cuando se anuló la norma sancionada por la gestión Macri (fuertemente resistida en soledad por la CATT), esto llevó a que se establecieran aumentos para marzo de 2020 del 2,3 % más $1500, en junio del 6,12 % y en septiembre del 7,5%, mientras que por Ley correspondía en marzo el 11,56 %, en Junio el 10,89 % y en septiembre 9,88 %, causando un serio deterioro en los haberes de nuestros mayores”.
Por el contrario, la organización integrada además por Juan Pablo Brey del gremio de Aeronavegantes señaló que “dentro de un contexto económico impactado por la pandemia, se debería prever un mecanismo de excepcionalidad por los efectos distorsivos (caída de recaudación, reducción de empleo, estancamiento de ingresos)”.
Para Lozano, por eso, “es imprescindible corregir esta fórmula y estamos a tiempo. Hay que incorporar una cláusula que establezca un piso para los aumentos equivalente al aumento de los precios”. En la misma línea se había pronunciado el abogado previsionalista que fuera asesor del Frente de Todos en la materia, Christian D’ Alessandro.
Los defensores
A la hora de justificar la nueva fórmula hicieron oír su voz los técnicos de la consultora CEPA cuyo director es Hernán Letcher, Concejal por el Frente de Todos y los del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV liderado por el actual Secretario General de ANSES, Santiago Fraschina.
Desde CEPA explicaron que “durante la aplicación de dicha fórmula, entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 se produjeron 18 actualizaciones. De ellos sólo perdieron en 5 casos en relación a la inflación (3 de ellas en 2016/7)”.
Además, destacaron que “si se considera la evolución en términos reales de la jubilación mínima se percibe que por cada $100 de septiembre de 2008, ese valor alcanzó el equivalente a $137 en septiembre de 2015 e incluso a finales de la serie, en septiembre de 2017, sumaba el equivalente a $127”.
Para la UNDAV, “entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017, los haberes jubilatorios se incrementaron un 18,59% en términos reales, gracias a la aplicación de la fórmula de 2008. En cambio, si hubiese aplicado la fórmula de 2017, hubieran perdido 1,31%”.
El informe destaca que, en el período que va desde 2009 y 2017, sólo en dos años (2016 y 2014) la fórmula suspendida hubiera generado un incremento superior al de la fórmula vigente entre 2009 y 2017.
Con todo, ambos informes omiten lo que hubiera ocurrido durante 2020 si se hubiera aplicado la fórmula suspendida luego de un año en el que, precisamente, la inflación se aceleró y los salarios se contrajeron en términos reales.
Sin embargo, desde el CEPA, y por pedido de Tiempo, reconocieron que los incrementos para todas las escalas, hubieran sido del 11,61% en marzo, 10,91% en Junio, 9,86% en septiembre y 4,71% en diciembre. De esa forma, confirmaron, el incremento acumulado hubiera alcanzado el 42,39%.
El mismo informe de CEPA destaca que “llama la atención la pretendida instalación mediática que vincula la nueva propuesta de movilidad con la visita del FMI”. Es que, aseguran, “el organismo ha sido históricamente crítico de dicha fórmula y promotor de la actualización votada en 2017”.
En ambos casos los estudios abordan la diferencia que existe entre la nueva propuesta y la que rigió entre 2008 y 2017 que difieren en que aquella seleccionaba el que “resultara mejor” de los índices salariales Ripte y el del INDEC mientras que esta solo incluye el Ripte basado en la recaudación efectiva que realiza la ANSES.
Desde UNDAV aseguran que “en los últimos años, entre 2016 y 2020, el Índice de Salarios, considerando los salarios no registrados, acumula una caída real de 18,4%, mientras que el RIPTE cayó 12,9%: casi 6 puntos menos”.
“¿Por qué se considera en esta nueva fórmula solamente el RIPTE?” se pregunta el informe del CEPA: “El objetivo _dice_ “es utilizar un indicador más preciso (el índice de salarios deriva de una encuesta, mientras que el RIPTE se conforma con el resultado de declaraciones juradas)” y, a la vez, “al constituirse con los salarios de los trabajadores estables, se vincula estrechamente con el financiamiento del sistema de Seguridad Social”.
Para Claudio Lozano, sin embargo, “la relación del haber con los salarios y la discusión sobre el financiamiento deben ser abordadas en profundidad en el marco de una profunda reforma previsional.” Finalmente, el estudio realizado por UNDAV ofrece “proyecciones para el 2021 sobre la fórmula de movilidad presentada”.
De este modo, aseguran, “los resultados estiman incrementos del 13% en marzo y del 19,2% en septiembre” que, en términos acumulados, “brindará un aumento del 34,7%, ubicándose tres puntos porcentuales por encima al 31,8% que hubiese otorgado la fórmula macrista”.
La estimación se realiza en base a un incremento de los salarios del 13,7% y de la recaudación del 26,2% para el segundo semestre de 2020 y del 15,3% para los salarios y el 51,3% la recaudación para el primer semestre de 2021.
Tiempo pudo saber que, para determinar semejante proyección se infirió, sobre la proyección de inflación del Presupuesto 2021, una recuperación del salario real del 4% para 2021. Un pronóstico de aumento complejo de establecer toda vez que, en definitiva, los salarios dependerán de los acuerdos paritarios que se alcancen.
El 5% otorgado (esta vez para todos los niveles) resulta el último que será por decreto toda vez que la Comisión Bicameral ya elevó el proyecto de ley para reestablecer una fórmula de movilidad jubilatoria que, se estima, será tratado durante las primeras semanas de diciembre y que entraría en vigencia ya para el próximo período.
El anuncio, según el mismo Santiago Cafiero, “le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año”. De este modo, continuó, “el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación». El jefe de Gabinete aseguró que, por lo tanto, “estamos recomponiendo las pérdidas de los haberes jubilatorios que se arrastraban desde 2018 y 2019 que, en términos reales, fueron del 19% con la fórmula del gobierno anterior».
Efectivamente, la inflación acumulada hasta el mes de octubre alcanzó un 26,9% aunque, según el relevamiento que realiza el BCRA para el mes de diciembre alcanzará un 35,8% para el nivel general y un 38,3% en la denominada inflación núcleo. A la hora del pronóstico para los próximos doce meses la suba de precios llegaría hasta un 52,1%.
Pero por otro lado, la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde 2017 y suspendida por la actual gestión hubiera recompuesto todos los haberes por encima de lo pautado en la medida en que, precisamente, gran parte de la actualización hubiera tomado como referencia para una parte del año la inflación registrada en la segunda mitad del año anterior.
Ruido interno
Por ese motivo, la propuesta oficial cosechó críticas de propios y extraños.
En primer lugar fue la conducción de la CGT que, considerándose parte del bloque político que llevó a Alberto Fernández al gobierno, señaló que “no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.
Desde el mismo bloque oficial el ex diputado y actual Director del Banco Nación Claudio Lozano planteó que “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la argentina, no se incluya en una fórmula de movilidad la cuestión central: el aumento de los precios”. En suma, explicó, “privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI”.
El mismo Lozano, explicó que “es más que evidente que en un sistema previsional que paga $ 18.129 como haber mínimo y que tiene como haber promedio $ 22.929 frente a una canasta de bienes y servicios para la tercera edad que se ubicó en octubre en $ 49.614, el objetivo de la fórmula de movilidad debe ser (por lo menos) mantener el poder adquisitivo de los haberes”.
Para uno de los directores del Banco Nación “es claro que el sistema está desfinanciado y que hay que discutir cómo se lo financia. Pero es evidente también que eso no lo resuelve la movilidad. La propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación, esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios, tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio”.
La estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) liderada por Juan Carlos Schmid y secundada por decenas de sindicatos mayormente alineados con el oficialismo, también criticaron la propuesta del gobierno con un tajante: “la CATT rechaza la vuelta a la fórmula anterior”. Para la organización, de esa forma, “se instrumentará otra fórmula de ajuste”.
Es que, explicaron, “cuando se anuló la norma sancionada por la gestión Macri (fuertemente resistida en soledad por la CATT), esto llevó a que se establecieran aumentos para marzo de 2020 del 2,3 % más $1500, en junio del 6,12 % y en septiembre del 7,5%, mientras que por Ley correspondía en marzo el 11,56 %, en Junio el 10,89 % y en septiembre 9,88 %, causando un serio deterioro en los haberes de nuestros mayores”.
Por el contrario, la organización integrada además por Juan Pablo Brey del gremio de Aeronavegantes señaló que “dentro de un contexto económico impactado por la pandemia, se debería prever un mecanismo de excepcionalidad por los efectos distorsivos (caída de recaudación, reducción de empleo, estancamiento de ingresos)”.
Para Lozano, por eso, “es imprescindible corregir esta fórmula y estamos a tiempo. Hay que incorporar una cláusula que establezca un piso para los aumentos equivalente al aumento de los precios”. En la misma línea se había pronunciado el abogado previsionalista que fuera asesor del Frente de Todos en la materia, Christian D’ Alessandro.
Los defensores
A la hora de justificar la nueva fórmula hicieron oír su voz los técnicos de la consultora CEPA cuyo director es Hernán Letcher, Concejal por el Frente de Todos y los del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV liderado por el actual Secretario General de ANSES, Santiago Fraschina.
Desde CEPA explicaron que “durante la aplicación de dicha fórmula, entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 se produjeron 18 actualizaciones. De ellos sólo perdieron en 5 casos en relación a la inflación (3 de ellas en 2016/7)”.
Además, destacaron que “si se considera la evolución en términos reales de la jubilación mínima se percibe que por cada $100 de septiembre de 2008, ese valor alcanzó el equivalente a $137 en septiembre de 2015 e incluso a finales de la serie, en septiembre de 2017, sumaba el equivalente a $127”.
Para la UNDAV, “entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017, los haberes jubilatorios se incrementaron un 18,59% en términos reales, gracias a la aplicación de la fórmula de 2008. En cambio, si hubiese aplicado la fórmula de 2017, hubieran perdido 1,31%”.
El informe destaca que, en el período que va desde 2009 y 2017, sólo en dos años (2016 y 2014) la fórmula suspendida hubiera generado un incremento superior al de la fórmula vigente entre 2009 y 2017.
Con todo, ambos informes omiten lo que hubiera ocurrido durante 2020 si se hubiera aplicado la fórmula suspendida luego de un año en el que, precisamente, la inflación se aceleró y los salarios se contrajeron en términos reales.
Sin embargo, desde el CEPA, y por pedido de Tiempo, reconocieron que los incrementos para todas las escalas, hubieran sido del 11,61% en marzo, 10,91% en Junio, 9,86% en septiembre y 4,71% en diciembre. De esa forma, confirmaron, el incremento acumulado hubiera alcanzado el 42,39%.
El mismo informe de CEPA destaca que “llama la atención la pretendida instalación mediática que vincula la nueva propuesta de movilidad con la visita del FMI”. Es que, aseguran, “el organismo ha sido históricamente crítico de dicha fórmula y promotor de la actualización votada en 2017”.
En ambos casos los estudios abordan la diferencia que existe entre la nueva propuesta y la que rigió entre 2008 y 2017 que difieren en que aquella seleccionaba el que “resultara mejor” de los índices salariales Ripte y el del INDEC mientras que esta solo incluye el Ripte basado en la recaudación efectiva que realiza la ANSES.
Desde UNDAV aseguran que “en los últimos años, entre 2016 y 2020, el Índice de Salarios, considerando los salarios no registrados, acumula una caída real de 18,4%, mientras que el RIPTE cayó 12,9%: casi 6 puntos menos”.
“¿Por qué se considera en esta nueva fórmula solamente el RIPTE?” se pregunta el informe del CEPA: “El objetivo _dice_ “es utilizar un indicador más preciso (el índice de salarios deriva de una encuesta, mientras que el RIPTE se conforma con el resultado de declaraciones juradas)” y, a la vez, “al constituirse con los salarios de los trabajadores estables, se vincula estrechamente con el financiamiento del sistema de Seguridad Social”.
Para Claudio Lozano, sin embargo, “la relación del haber con los salarios y la discusión sobre el financiamiento deben ser abordadas en profundidad en el marco de una profunda reforma previsional.” Finalmente, el estudio realizado por UNDAV ofrece “proyecciones para el 2021 sobre la fórmula de movilidad presentada”.
De este modo, aseguran, “los resultados estiman incrementos del 13% en marzo y del 19,2% en septiembre” que, en términos acumulados, “brindará un aumento del 34,7%, ubicándose tres puntos porcentuales por encima al 31,8% que hubiese otorgado la fórmula macrista”.
La estimación se realiza en base a un incremento de los salarios del 13,7% y de la recaudación del 26,2% para el segundo semestre de 2020 y del 15,3% para los salarios y el 51,3% la recaudación para el primer semestre de 2021.
Tiempo pudo saber que, para determinar semejante proyección se infirió, sobre la proyección de inflación del Presupuesto 2021, una recuperación del salario real del 4% para 2021. Un pronóstico de aumento complejo de establecer toda vez que, en definitiva, los salarios dependerán de los acuerdos paritarios que se alcancen.
