A pesar de la publicación del DNU 438/23 y la resolución ministerial 1133 que no deja lugar a dudas sobre la obligatoriedad en el pago de la suma fija de $60 mil en dos cuotas para los trabajadores del sector privado y la imposibilidad de absorber la misma en cuotas paritarias que no lo hubieran previsto, las principales entidades empresarias insisten en cuestionar la medida.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, insistió el martes en sus críticas al bono. Para el dirigente industrial, el gobierno les “enchufó una cifra no remunerativa de la noche a la mañana” cuando “hace un año estamos sosteniendo que debería haber solo paritarias”.

El dirigente aprovechó la crítica a esa medida para avanzar en un reclamo de una reforma laboral integral. Es que, señaló, “ningún país se desarrolla con economía de subsistencia, se lo hemos dicho al Gobierno. Tiene que ser con producción”. Para eso reclamó, entre otras cosas, avanzar con un fondo de desempleo para las indemnizaciones y una reforma de los criterios de actualización de los créditos en juicios laborales.  Para Funes de Rioja, la suma fija y la normativa laboral vigente genera “miedo” entre los inversores: “los empresarios tienen ganas de invertir, pero tienen miedo porque los funden”, dijo.

A la vez, la Sociedad Rural Argentina se sumó al reclamo por la suma fija pero fueron más allá de los lamentos sobre la política laboral y de ingresos del gobierno que realizó la UIA. Tal como había adelantado su titular Nicolás Pino la semana anterior en un evento junto con las otra cámaras patronales cuando dijo que “desde la Sociedad Rural no podemos afrontar, como sector, el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor”, formalizaron su negativa a cumplir con lo dispuesto.

Mediante una carta dirigida a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que preside el secretario de Trabajo Marcelo Belotti y regula la actividad laboral en el sector y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) solicitó junto con las otras entidades agrarias y a contramano de lo que dispone la resolución 1133 del ministerio de Trabajo, “se convalide la absorción total” de la suma fija.

Para la Sociedad Rural Argentina “luego de analizar el decreto, advertimos que el artículo 8 prevé la absorción del bono para negociaciones salariales en curso y paritarias actualizadas como la que nos comprende”.

Por ese motivo, concluyen, “en consecuencia el bono queda absorbido y compensado por los aumentos salariales recientemente acordados”. Sin embargo, la resolución aclaratoria dispuso que la suma no remunerativa sólo podría ser absorbida en aquellos acuerdos previos que lo hubieran contemplado explícitamente.

El texto aclaratorio publicado en Boletín Oficial el martes señala que “aclárese que la posibilidad de absorción indicada en el artículo 8° del DNU 438/23 se efectivizará siempre y cuando el mecanismo para absorberlas haya estado previsto en forma expresa en cláusulas de los Acuerdos o Convenios Colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones devengadas en los meses de agosto y setiembre de 2023. En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción”.

Así las cosas, y en la medida en que la paritaria de trabajadores rurales se desarrolla en un organismo creado a tal efecto con participación del Estado Nacional, es de esperarse que el diferendo continúe por esa vía y que, tal como adelantaron, las entidades se abstengan de realizar el depósito correspondiente hasta tanto no se resuelva la controversia. Según la letra del decreto, las empresas tienen tiempo hasta el 21 de este mes para cumplir con lo dispuesto sin correr riesgo de ser sancionados.