Resulta indispensable, a mi entender, resaltar el primer tema tratado por el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo: “En una democracia, el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos, representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna. He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política”.

Son palabras con un importantísimo peso por sí mismas: el Presidente está definiendo, desde la ética, el comportamiento de su gestión.

Pero es inevitable referenciarlas respecto a lo vivido en el gobierno anterior cuando, lo mencioné muchas veces, se instaló la posverdad (con un importante componente de mentira, aunque no se limita exclusivamente a ésta) como método comunicacional. Y mucho más cuando lo expresado en todo su discurso está a años luz de frases como la que recientemente hemos escuchado por parte del expresidente Mauricio Macri, utilizando incluso una fuerte dosis de posverdad: “el populismo lleva a hipotecar el futuro”. Lo dijo justo él, que dejó tierra arrasada en la Argentina y una enorme hipoteca, que es la deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Sin duda el valor de la palabra es fundamental, y es por eso que no ingenuamente Macri utiliza el término “populismo” para referirse a gobiernos democráticos y populares.

De allí que cabe resaltar algunas definiciones esenciales de Alberto Fernández en el discurso ante la Asamblea Legislativa: “Vengo a ratificar (…) mi compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía transitando (…). Y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social”.

Sobre este enfoque, Fernández citó a Néstor Kicrhner: “El punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”. De allí que el Presidente dejó una serie de datos para ratificar que recibió “un país dañado en su tejido social y productivo y con su alma herida por divisiones profundas”.

Sigue habiendo un incesante reclamo desde los medios concentrados por la supuesta falta de plan económico del gobierno. Otra posverdad. Ya comentamos en esta columna que la exposición del ministro Martín Guzmán en la Cámara de Diputados evidenció un verdadero plan. Plan que también describió Alberto Fernández en su discurso: “estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción”. ¿No es acaso ésa una fuerte definición de la guía principal de un verdadero plan de gobierno?

Por si quedaran dudas, ante la situación de tierra arrasada, el Presidente nos propone “comenzar por los últimos, para poder llegar a todos”.

Y dentro de esta frase creo que corresponde analizar las recientes medidas sobre retenciones que se acaban de anunciar. Resulta pertinente, no obstante, hacer un breve repaso de lo ocurrido en años anteriores.

En septiembre de 2018, Macri reincorpora las retenciones a todos los productos. Además de la parte porcentual, se agrega un monto fijo de $ 3 o $ 4 por dólar, para la soja, la cual queda, en ese momento, con una retención cercana al 30%. En su discurso señalaba: “sabemos que es un impuesto malo pero es un emergencia” y aseguraba que “las retenciones son el último esfuerzo temporal”.

Un año después, en septiembre de 2019 la “temporalidad” de los incrementos se extendía con la promesa de que finalizarían en 2020.

Con el cambio de gobierno en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto en el que tuvo por objeto actualizar los montos fijos que había colocado Macri, y por lo tanto la soja quedó con una retención del 30 por ciento. 

El pasado 5 de marzo el Poder Ejecutivo publicó otro decreto en el que se incorpora un esquema de retenciones que otorga más equidad y progresividad al anterior. Algo que no hace más que dar cumplimiento a lo normado por la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que en su artículo 53 señala que “El Poder Ejecutivo (…) deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas”.

Según el nuevo esquema, para las economías regionales se reducen los derechos de exportación que recaen sobre las arvejas, porotos, garbanzos y lentejas en cuatro puntos porcentuales y los del maní en siete puntos. El resto de los productos de estas economías, entre los que se encuentran las manzanas, los limones, las uvas, la lechuga, el tomate, quedan sin modificaciones.

Tampoco se modifican las retenciones que gravan al maíz en grano, el trigo en grano, el sorgo, los lácteos y la carne bovina y avícola. Por otro lado, se reducen las alícuotas a las ventas de girasol, maní, pescado, arroz, carne ovina y porcina.

Sin embargo, lo más interesante es el criterio aplicado sobre los productos de la soja. Según señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, “la idea es que los sectores que no tienen la capacidad de los pooles de soja tengan la capacidad de desarrollarse” a lo que agregó que “mientras más chicos sean los productores de soja, más compensaciones van a recibir”. La realidad se encarga de ratificar estos dichos.

Según lo establecido la semana pasada, sólo el 26% de los exportadores de soja (aquellos que hayan vendido más de 1.000 toneladas en la campaña pasada) estarán alcanzados por la alícuota del 33% (una diferencia de 3 puntos con la situación actual). Las restantes tres cuartas partes pagarán menos del 30% bajo un sistema progresivo basado en la cantidad producida. Dentro de este último grupo, aquellos productores que hayan entregado hasta 100 toneladas aportarán el 20%, entre 100 y 200 toneladas: 23%, y así progresivamente se incrementa el gravamen hasta llegar a los que venden entre 500 y 1.000, que pagarán un 30%.

No pareciera entonces que quienes convocaron al paro para los próximos días representen al campo en su totalidad. Al menos esta medida no involucra los intereses de todos los actores que están incluidos en este sector compuesto por un tejido muy diverso de productores, muchos de ellos beneficiados por estas nuevas medidas, especialmente en el caso de los más pequeños. No resulta lógica una adhesión masiva al paro de estos productores que han sido beneficiados. A su vez, sería esperable y provechoso que los pequeños productores estuvieran discutiendo cuestiones técnicas, como por ejemplo los pormenores del proceso de devoluciones, los distintos plazos, la forma en que se obtienen estos beneficios, entre otros. De esa forma, la participación de los productores en el proceso generaría una mayor ganancia para todos.

Para concluir, es evidente que nos encontramos ante la actitud de algunos sectores concentrados de la sociedad que no concuerdan con la idea de una estructura impositiva progresiva que pretenda una mejor distribución del ingreso. Una estructura que va de la mano de un Estado que bregue por una sociedad más justa y equitativa, cuando resulta urgente comenzar a salir de la situación de tierra arrasada con la que se encontró Alberto Fernández al iniciar su mandato.  «