Para que el sistema eléctrico sea «sostenible», el gobierno nacional condonó cientos de millones de pesos de deudas a las distribuidoras de luz de todo el país y aumentará las tarifas de las empresas bajo su órbita: Edenor y Edesur.
El argumento de la sostenibilidad se ha empleado a mansalva cuando se trató de sostener los negocios de las privatizadas, especialmente las de servicios públicos. En los ’90, esa demanda de sostenibilidad se expresaba en tarifas altas que eran avaladas por los entes reguladores y los funcionarios oficiales.
Se suele decir que entre 2000 y 2015, las privatizadas de la luz, el gas, el agua y la telefonía de voz sufrieron hasta lo indecible por la no aplicación de los marcos regulatorios de los ’90, congelados por la emergencia económica. Sin embargo, los servicios se sostuvieron, no colapsaron. En ello influyó tanto el esfuerzo de los trabajadores tercerizados y precarizados, que se convirtieron en la columna vertebral de los servicios públicos, como un modelo de negocios en el que había pérdidas operativas pero los subsidios, con los que el Estado se hacía cargo de parte de la boleta del usuario final, terminaban de achicar y hasta cerrar esa brecha.
Negocio que incluía la tercerización y precarización de la fuerza laboral como forma de bajar gastos en nombre de la sostenibilidad.
Un botón de muestra: en 2015, Edenor pasó de un déficit operativo de $ 3335 millones a un resultado positivo neto de $ 1142 millones gracias a subsidios por $ 5576 millones.
Cuando en 2016, el gobierno de Cambiemos dio rienda suelta a los tarifazos, también lo hizo en nombre de la sostenibilidad del sistema. Pero ese criterio esquivaba la pregunta del millón que se repetía en todas las audiencias públicas: «¿A dónde fue la plata de los subsidios?». Nunca tuvo respuesta.
Una segunda pregunta que atravesó también esas audiencias –y que se sigue escuchando en las actuales– es la que indaga en los costos de producción, especialmente del gas. La Argentina desconoce los costos de producción de la mitad de la energía que está consumiendo en este mismo instante.
La sustentabilidad en boga pasa por una combinación de subsidios y tarifazos en una relación inversamente proporcional. Como el eje rector de este esquema es el ajuste del gasto público, comprometido con el Fondo Monetario a partir de la admisión de una deuda de U$S 44 mil millones, la decisión es reducir la cantidad involucrada en los subsidios y hacer crecer los montos que deben pagar los usuarios. Y sobre ello, aumentar los valores de las tarifas.
Enero ha sido pródigo en anuncios de tarifazos de servicios públicos: gas, internet, celulares, TV paga, transporte de pasajeros, agua y el próximo 23, de luz. Estos tres últimos, con alcance solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y en algunos casos, combinando suba de tarifas con quita de subsidios.
La actual concepción de la sostenibilidad de los servicios públicos no sólo no contesta preguntas centrales sino que, además, no toma en cuenta la relación fundamental: la que tiene con los ingresos de la población. En los últimos cinco años, los ingresos perdieron respecto a la inflación a pesar de que en tres de ellos las tarifas estuvieron casi congeladas. La sostenibilidad de la población está en riesgo por los ingresos tan bajos. Allí debería estar en énfasis. «
