Después de haber encarrilado la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno encarará esta semana otra que aparece aun más ríspida. En este caso será con varios fondos de inversión que constituyen el núcleo de los bonistas acreedores por la gran cantidad de títulos de deuda argentina que poseen.
Aunque no hay información oficial, se sabe que una delegación integrada por representantes de varios de esos fondos vendrá a Buenos Aires en la semana que se inicia y se reunirá con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre los asistentes se menciona a miembros de grupos como Black Rock, Fidelity, Templeton y Pimco, entre otros.
La dinámica de endeudamiento durante la era macrista permitió a esos fondos adquirir gran poder como grupos de presión. Es que muchas emisiones de títulos encubrían en realidad un préstamo directo, porque los montos, plazos y tasas de interés eran negociados directamente con ellos. Eso les otorgó un rol clave a la hora de redefinir las condiciones.
Algunas consecuencias de ese esquema se advirtieron en las últimas semanas. Fue Fidelity Investments el que hizo fracasar la intentona de Axel Kicillof por retrasar el pago de un tramo del bono BP21 de la provincia de Buenos Aires. El rechazo de Fidelity, tenedor del 16% de los papeles, más algunos inversores pequeños, provocó el naufragio de la idea. Algo similar le pasó a Economía con el bono AF20, del que Templeton tenía el 24% de la emisión. Ante la imposibilidad de refinanciarlo, el gobierno nacional tomó una decisión drástica: pateó el pago de los $ 95 mil millones y de sus intereses hasta septiembre.
La hora de los abogados
Los acreedores saben que les ofrecerán una reducción en el capital a devolver y un período de gracia de tres años sin abonar intereses. Para ello, Guzmán cuenta con el aval del FMI, que declaró la deuda argentina «no sostenible» y sugirió que los bonistas realicen una «contribución apreciable» para su reestructuración. Lo que no saben, todavía, es el número que les propondrán.
Como los títulos cotizan en torno al 45% de su paridad, cualquier quita inferior al 50% suena a negocio. Pero esa cuenta no incluye la interrupción en el flujo de intereses a cobrar. Además, algunos de los acreedores compraron los títulos a la par, en el momento de su emisión, y ya perdieron mucho dinero. El diario Financial Times reveló que la debacle bursátil de agosto último, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO, le costó a Templeton unos U$S 1800 millones.
Por las dudas, los fondos ya buscaron asesoramiento legal. Dennis Hranitzky, exabogado del fondo NML-Elliot (que en su momento litigó contra Argentina por los papeles defaulteados en 2001), admitió ante la agencia Bloomberg que está nucleando bonistas bajo el paraguas del estudio californiano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Un caso paradigmático es el del exfuncionario macrista Eugenio Bruno, quien desde la Secretaría de Finanzas negoció el canje de los títulos caídos en default en 2016. De regreso al sector privado, Bruno trabaja en el estudio porteño Nicholson y Cano, contratado por el banco suizo UBS para representar a sus clientes en la renegociación.
Ida y vuelta
Como en una copa de fútbol, Guzmán recibirá ahora a quienes visitó hace pocos días. El martes, el ministro se reunió en Nueva York con inversionistas y hombres de negocios, aunque los detalles de la discusión y la identidad de los asistentes se mantuvieron en estricta reserva.
Del mismo modo, mañana volverían Julie Kozack y Luis Cubeddu, los funcionarios del FMI que se vieron con Guzmán hace dos semanas en Buenos Aires y el lunes pasado en Washington. Su misión es preparar el terreno para que el Fondo también otorgue una prórroga en los U$S 44 mil millones a cobrar. Tienen el visto bueno de su jefa, Kristalina Georgieva: presionada por los errores del organismo al juzgar el caso argentino y por el respaldo de Donald Trump y varios líderes europeos al nuevo gobierno, la directora gerente se hizo a la idea de que la devolución de ese monto tardará tres años más de lo previsto en el cronograma original. «
