No hay acuerdo respecto de la marcha de la actividad económica de 2019. Mientras que el gobierno nacional vaticina una caída del PBI en todo el año próximo del 0,5%, organismos internacionales aseguran que podría ser de hasta el triple, es decir, del 1,5% y en algunas consultoras privadas se habla de un catastrófico -2,5%. No hay dudas de que la economía argentina se achicará en 2019. Las diferencias están en la magnitud de ese achicamiento.
Las causas de las divergencias en los pronósticos están asentadas en la poca estabilidad que muestran las variables macroeconómicas en la actualidad: tipo de cambio, inflación y tasa de interés, entre las principales. Pero tampoco hay acuerdo acerca del desempeño que podrían tener los salvavidas que determinarán la profundidad del hundimiento de la actividad económica.
El gobierno identificó un puñado de actividades como esos salvavidas: la obra pública a realizarse en el programa de Participación Público Privada (PPP); la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén; el regreso de una «gran cosecha» de soja y otros granos y el incremento del flujo de turistas del exterior. Todas estas actividades tienen un plus: pueden generar dólares por financiamiento de obras, por mayores exportaciones o por el gasto de los turistas extranjeros.
Las dudas de los analistas sobre la magnitud de la caída de la economía el año próximo tienen su correlato en lo que puede suceder en cada uno de estos segmentos. Pero las noticias no son buenas.
Adiós a la PPP
En primer lugar, el segmento PPP se paralizó la semana pasada cuando el presidente Mauricio Macri anunció en una reunión de Gabinete que «no se lanzarán nuevas licitaciones en ese formato hasta que los mercados se normalicen», según expresó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien a renglón seguido remarcó: «No se modificará el programa de obras de 2019».
Pero será difícil que el entusiasmo oficial impulse obras que no tendrán financiamiento.
La idea original del PPP era que por esa vía se realizasen grandes obras de infraestructura, mientras que las menores seguirían a cargo del presupuesto nacional y de las administraciones provinciales. Así, el gobierno esperaba que en 2019 se concretaran inversiones en PPP por unos $ 90 mil millones.
Cerrada la posibilidad de que los nuevos proyectos vean la luz, quedan en pie los seis corredores viales que se licitaron en junio y de los que sólo uno tiene algunas obras menores en marcha mientras que los otros cinco están totalmente paralizados por la falta de financiamiento.
Las empresas que ejecutan las obras PPP deben enfrentar el financiamiento a tasas siderales en dólares, además de otras cláusulas leoninas en materia de garantías, producto de las dudas que existen en los mercados de capitales internacionales sobre la capacidad de pago de sus deudas por parte del Estado nacional. Los proyectos PPP implican que el sector privado asume el riesgo crediticio mientras que el Estado nacional compromete un flujo de fondos destinado a la empresa constructora que durará lo necesario como para que el privado recupere su inversión además de una ganancia.
En el marco del déficit cero acordado con el Fondo Monetario, asoma como muy difícil que el Presupuesto nacional reemplace a los PPP. El que entrará en vigor en una semana prevé gastos totales en infraestructura por unos $ 215 mil millones, un 7% menores que los de este año aunque en realidad, reducidos en más de un 50% por efecto de la inflación.
La otra posibilidad que comenzó a sonar con fuerza en la semana que pasó fue que las provincias tomaran la posta del PPP. Desde el gobierno nacional hicieron trascender que muchas de las administraciones subnacionales cuentan con superávit fiscal primario, y en una cantidad de casos, también financiero. También se impulsó la idea de que las provincias podrían asumir los PPP caídos a partir de los créditos blandos que les ofrecen los organismo multilaterales.
Sin embargo, estas opciones no agregan fondos nuevos a los que ya estaban comprometidos puesto que ya estaban contemplados en el plan de obras públicas de 2019 y del cual las provincias debían hacerse cargo por un valor de 1,2 billones de pesos. Los préstamos subsidiarios a las provincias, otorgados por los organismos internacionales de crédito a la Nación, cuyos recursos son a su vez represtados a las provincias, tienen por destino «funciones de competencia primaria de las provincias, como vivienda, agua y saneamiento, salud, espacio público y medio ambiente», según reza el Mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto 2019.
Debate en Vaca Muerta
La otra joya del gobierno, la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, entró en zona de conflicto por la decisión del gobierno –ya tomada y a punto de ser publicada, según diversas fuentes consultadas– de reducir los subsidios que le otorga a las empresas que extraen gas no convencional.
El gobierno ha preparado una sofisticada ingeniería financiera para lograr satisfacer a las empresas que perderían hasta un 50% de los subsidios, calculados en entre $ 50 mil millones y $ 100 mil millones, según sea el valor del dólar. Pero las empresas no han dado su brazo a torcer y aseguran que cualquier «decisión unilateral» por parte del gobierno nacional acarreará en forma «inmediata» la caída de las inversiones en el yacimiento. De acuerdo con información del portal Econojournal, el 70% del subsidio va a parar a manos de Tecpetrol, la firma petrolera de Techint. El megagrupo sufriría así un nuevo golpe –proveniente desde un flanco impensado poco tiempo atrás, como puede ser el Poder Ejecutivo– que se sumaría a la ofensiva judicial contra su CEO y principal accionista, Paolo Rocca, además de las investigaciones en EE UU por presuntas estafas a los accionistas de Techint radicados en ese país a partir del pago de coimas detalladas en la causa de los cuadernos.
Este diario se contactó con los portavoces de Techint para conocer su opinión sobre este escenario, pero declinaron hacer comentarios.
El riesgo de un conflicto abierto con las petroleras en Vaca Muerta tiene varias aristas. De un lado, es una fuente de dólares de las petroleras y fondos que llegan para realizar inversiones en el lugar. Por otro lado, asegura una cantidad de gas al mercado interno. La producción de gas de Vaca Muerta se ha disparado y ya representa el 20% del consumo nacional. Por último, el gobierno ya autorizó a una veintena de empresas a exportar el gas producido en Vaca Muerta. Con todo, esta alternativa se encuentra ante un problema de falta de infraestructura: el primer destino de la exportación es Chile y ya está saturado, y no hay plan B. De hecho, el tren norpatagónico que debía llevar parte de la producción de líquidos a Bahía Blanca quedó paralizado junto con los demás proyectos PPP.
El campo salvador
Tal como sucedía en la primera mitad del siglo XX, el gobierno espera una cosecha que movilice la economía. Los datos de la actual cosecha de trigo son alentadores al igual que los de la siembra de soja, cuya cosecha se concretará hacia mayo. Las autoridades de Agroindustria hablan de una cosecha de unos 140 millones de toneladas, entre granos y cultivos industriales.
Esa es la base de sus estimaciones muy optimistas sobre el alza de las exportaciones del año que viene, del 19% «Por sectores, el impulso vendrá de la mano de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario», explicó Hacienda.
Un ingreso masivo de dólares podría equilibrar el valor del dólar, reducir las tendencias devaluatorias, anclar la inflación, llevar a la reducción de la tasa de interés y generar un impulso del consumo y la producción.
Ese es el escenario que proyecta el gobierno. Pero aún falta que esa proyección supere algunas duras pruebas. Una, un verano por demás lluvioso cuyas consecuencias son por ahora imprevisibles; dos, una tregua en la guerra comercial entre EE UU y China, que llevaría el precio de la soja al piso. «
