El gobierno publicó el decreto de necesidad y urgencia 438/21 mediante el cual dio respuesta a uno de los principales reclamos que llevó la CGT a la quinta de Olivos a principios de mayo en una reunión donde, además, Alberto Fernández dio pistas certeras de quién sería el sucesor de Eugenio Zanarini como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López.

Esa designación resultaba clave porque el Superintendente es quien controla los fondos de las Obras Sociales sindicales que administran cerca de $400 mil millones anuales y, además, determina el giro de dinero por prestaciones extraordinarias de diversa índole.

El decreto enmienda la ley que, en los noventa, desreguló las Obras Sociales y que habilita a los trabajadores a optar por la Obra Social que deseen más allá de la de su pertenencia según el convenio en el que revistan.

En la actualidad existen más de 300 obras sociales a las que aportan más de 8,5 millones de trabajadores registrados y autónomos a los que se suman algo más dos millones de trabajadores monotribustistas.

De ese total, hay cerca de 4 millones que, en rigor, acceden a las prestaciones de salud privada de las Prepagas a través de un mecanismo de tercerización de prestaciones que realizan algunas obras sociales menores que, en los hechos, ofician de vehículo para el giro de los fondos a las prepagas que, en total, cuentan con 6 millones de afiliados.

El decreto establece que los trabajadores, a partir de ahora, deberán esperar al menos un año para hacer uso de la opción de Obra Social y que, una vez que lo hagan, sólo podrán realizar un nuevo cambio un año después. Por eso la medida al desalentar el uso de la opción garantiza fondos a las entidades otorgando previsibilidad y financiamiento.

Rápidamente la CGT emitió un comunicado en el que saluda la decisión porque, aseguran, “protege las obras sociales”. Allí señalan que, “cualquier trabajador o trabajadora que inicie una relación laboral debe permanecer por lo menos un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de ejercer su opción de cambio. Además, limita esta posibilidad de cambio, la cual a partir de ahora solo podrá efectivizarse una vez por año calendario”.

Además confirman que el decreto “va en línea con un pedido que la CGT le realizo oportunamente a la ministra de Salud Carla Vizzoti, el cual fue expresado en un comunicado oficial emitido por la Confederacion General del Trabajo. A partir de esta reglamentación, se limita una practica habitual en el sistema de salud conocida como “descreme”, la cual consiste en el traspaso de afiliados de las obras sociales a las prepagas privadas mediante acuerdos con los gremios”.

Por otro lado confirman que “la nueva reglamentación implica la concreción de un compromiso que había asumido el Presidente Alberto Fernández durante un almuerzo con la CGT en la Quinta de Olivos y es un respaldo a las obras sociales sindicales , las cuales sostienen su servicio de excelencia durante la crisis sanitaria que azota a nuestro pais desde hace mas de un año”.

Con todo, el decreto no resuelve el otro reclamo que la cúpula de la CGT llevó a Olivos. Se trata del pedido de reintegro de $11 mil millones por prestaciones extraordinarias de transporte y educación derivados de la cobertura por Covid-19 que ofrecieron las entidades sanitarias sindicales.

Sobre el punto, Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT mostró su satisfacción por el decreto y explicó a este diario que “ese reclamo está porque es un compromiso que el presidente tomó para solucionar el problema de financiación. Según nuestra información el tema lo tiene el ministerio de Salud para resolverlo. El problema, parece ser encontrar el visto bueno del ministerio de Economía”.