La inflación es la bomba que detona el salario de las y los trabajadores. Cada vez que sube un punto, perdemos un punto de capacidad de satisfacer alguna de las nueve necesidades contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Pero siempre que hay inflación nos dicen que es por culpa de los aumentos salariales.
Esa explicación es tramposa, porque así, si pedimos mejorar nuestros ingresos generamos un problema mayor. Pero ¿cómo se entiende que con inflación récord haya también récord de pobreza? ¿Por qué la plata en el bolsillo de las y los trabajadores genera inflación y en el bolsillo del patrón no? En 2015, Argentina tenía el salario promedio más alto en dólares en América Latina y la inflación anual rondaba el 25 por ciento. Entre 2016 y 2019, los salarios reales se redujeron 20 puntos en promedio, y la inflación llegó a 54 por ciento. En 2022, volvieron a caer los salarios y la inflación se acercó al 100 por ciento. Aumentó la productividad, creció la ganancia empresaria y cayeron los salarios. Evidentemente, no somos los que generamos la inflación, ni somos quienes nos quedamos con la ganancia de esa inflación.
La forma que tenemos de garantizarnos una vida digna es con un ingreso que cumpla con el derecho a tener un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debe permitir resolver las nueve necesidades vitales (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo). Con salarios dignos se impulsa el consumo, la producción y el empleo, en un círculo virtuoso que cualquier gobierno debe plantearse para resolver los problemas del país, que junto a la inflación, son los bajos ingresos y la pobreza.
