El acuerdo político alcanzado entre la CGT y el gobierno permitirá el desentumecimiento del salario mínimo vital y móvil (SMVM). No sólo se aceleró el largo proceso de incremento del 35%, que se iba a prolongar en etapas sucesivas hasta febrero de 2022 y ahora estará culminado para septiembre, sino que ambas partes acordaron que en el último trimestre del año se procederá a una revisión para corregir eventuales retrasos con la inflación.

Según anunció la central obrera en un comunicado emitido el lunes, luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo, los tramos finales del incremento serán anticipados con adicionales a pagar en julio (6%), agosto (4%) y septiembre (1%). Para ese momento, el salario mínimo que a comienzos de año estaba en $ 21.600 y en junio había tenido una escala en $ 25.572, habrá subido a $ 29.160. Las partes acordaron una instancia de revisión del acuerdo que también se cumpliría en septiembre.

“El adelantamiento de los aumentos del salario mínimo es de suma importancia para mantener el valor del poder adquisitivo y fundamental en la batalla contra la inflación, que golpea los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras todos los días”, señaló el comunicado de la CGT.

Ahora se aguarda la publicación en el Boletín Oficial de la norma que implementa estas modificaciones: podría ser a través de de un decreto de necesidad y urgencia, ya que no se cumplió el requisito de convocar al Consejo del Salario, en el que también están representados el sector patronal y los gobiernos provinciales, para convalidar estos cambios.

La decisión pone al salario mínimo en el mismo camino que el resto de las paritarias del sector privado, respondiendo a una estrategia de las autoridades para “poner plata en el bolsillo a la gente”, como suele decirse en términos más políticos que económicos, que en los cálculos podría impulsar los alicaídos niveles de consumo privado y de actividad. No es casualidad que la suba esté lista en septiembre, en coincidencia con las elecciones primarias de renovación legislativa.

La señal política que se entrega con esta decisión es fuerte. En primer lugar, es una admisión de que los cálculos iniciales del gobierno, de que la inflación rondaría el 29% en el año 2021, quedó totalmente desbordada. De hecho, muchos sindicatos acordaron con los empresarios una readecuación de los convenios cerrados a comienzos de año para acercarlos a una franja de 40-45%, más acorde con los aumentos de precios esperados. En segundo lugar, porque apunta a los sectores más postergados, que se verán beneficiados no sólo por la actualización del salario mínimo sino de otros planes sociales cuyos montos van enganchados a ese valor, como los Potenciar Trabajo y el piso garantizado para las jubilaciones de quienes cumplieron al menos con 30 años de aportes.

Aun así, en la práctica el salario mínimo está muy lejos de satisfacer las necesidades imprescindibles de la población, que son las que por su naturaleza debería cubrir. Según el Indec, en mayo (último dato disponible) una familia tipo compuesta por un matrimonio y dos hijos pequeños necesitó $ 27.423 sólo para alimentarse y $ 64.445 para el conjunto de bienes y servicios indispensables incluidos en la canasta básica total (CBT) que elabora el organismo. Tal como consignó Tiempo en su edición impresa del 14 de marzo pasado, desde junio de 2018 la suma de dos salarios mínimos no alcanza para cubrir la canasta de pobreza del citado hogar, mientras que desde marzo de 2020 un salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta de indigencia de ese hogar. En los hechos, esa deuda sigue sin ser saldada.