La iniciativa del Salario Básico Universal (SBU) se propone como una ampliación del sistema de seguridad social para la franja etaria de 18 a 64 años. Contempla un ingreso mensual equivalente a la canasta básica alimentaria de una persona adulta (hoy, de unos $14.000) e implicaría -en términos económicos- un avance crucial para la erradicación de la indigencia en nuestro país. Oficiaría de refuerzo económico para quienes ya trabajan pero sus ingresos no sacan de la pobreza o la indigencia, unas 7,5 millones de personas. Prevé un gasto fiscal neto del 0,7% del Producto Bruto Interno de nuestro país y la mayor parte de esa erogación podría ser cubierta con la reasignación del 20% del subsidio a las tarifas energéticas.
Por desconocimiento, por temor, por mezquindad o por malicia, propuestas como esta han cosechado rechazos. También apoyos públicos importantes como los de Cristina Fernández, el Papa Francisco, grupos sindicales y políticos. Son varias las notas, entrevistas y conferencias donde impulsoras e impulsores del SBU explican una y otra vez cada uno de sus recovecos. Ahora bien, ¿qué podemos aportar o cuestionar desde el campo de la salud? ¿Qué impacto sanitario tendría esa medida? ¿Qué propuestas de mejoramiento/contraprestación sanitaria podríamos incorporar?
Para abordar estas preguntas partiremos de tres dimensiones claves que nos muestran que es preciso apoyar esta iniciativa como una política no solo elemental, sino también urgente.
El SBU como política universal de ampliación de la seguridad social argentina
Nuestro país presenta dos grandes políticas de transferencia de ingresos vinculadas a la seguridad social. La AUH, que abarca a 4,4 millones de niñas, niños y adolescentes desde su concepción hasta los 17 años y que, como argumentamos más adelante, presenta evidencias de impacto positivo sobre la salud del grupo social al que contempla; y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) abarca a 6 millones de adultos y adultas mayores a partir de los 65 y 60 años respectivamente y se constituye como la obra social más grande del continente. Ambas políticas -perfectibles, por supuesto- conforman una importante estructura nacional sobre la que se montan estrategias de atención y cuidados en salud.
La “capa del medio”, personas de 18 a 64 años que cuentan con un empleo registrado, presentan una cobertura ligada a la percepción de ingresos y la realización de aportes previsionales. Es el sector que se encuentra alcanzado por el sistema de obras sociales nacionales. En un sistema de salud fragmentado y con inequidad en el acceso -y con salarios en el sector privado cada vez con más frecuencia por debajo de la línea de pobreza- este grupo cuenta al menos con derechos laborales y convenios colectivos de trabajo y una regulación centralizada del accionar sanitario de las obras sociales a través de la superintendencia de servicios de salud de la Nación.
Todas las demás personas de nuestro país que trabajan, pero no tienen derechos laborales, acceden al sistema de salud a través del subsector público o por pago de bolsillo directo en efectores privados. En ambos casos, la pérdida progresiva de funciones y de autoridad política del Ministerio de Salud de la Nación -desde la gestión del primer Ministro de Salud, Dr. Ramón Carrillo a nuestros días- condiciona un acceso al sistema de salud muy dispar según edad, género, provincia, municipio, tipo de trabajo, etc. Tienen cobertura, pero carecemos de una política unificada e integrada que resuelva los problemas de salud de este amplio sector social de la Argentina. A pesar de esto, contamos con un subsector estatal de jerarquía -en comparación con los demás países del continente- y con valiosas elaboraciones teóricas y esfuerzos militantes de organizaciones y grupos del sanitarismo nacional que nos invitan a proyectar soluciones ambiciosas a estos graves problemas nacionales.
Podríamos entonces asumir la oportunidad del SBU para nominalizar a este grupo de personas y así abordar un debate difícil que es la política de cuidados para un sector al que “las agendas” en general y el sector salud en particular le habla poco y mal. Aprovechar la oportunidad para saber dónde viven, cómo viven, qué dinámicas laborales presentan, y cómo abordamos cada una de las situaciones desde políticas nacionales que se adapten a la realidad de cada barrio. Hay suficiente evidencia científica al respecto de que consultas clínicas de salud sobre población sana, con controles sobre patologías prevalentes por grupo y edad y con consejerías preventivas para evitar hábitos dañinos mejoran la calidad de vida y aumentan la sobrevida.
Esta práctica denominada “tamizaje” o “screening” tiene extendida difusión y son numerosas las sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales y Ministerios de Salud que recomiendan estas prácticas de manera sistematizada a toda la población. Existen en contextos de privatización absoluta de los sistemas de salud como el caso estadounidense y en sistemas nacionales públicos del primer mundo como el inglés. También nuestro Ministerio de Salud de la Nación realiza recomendaciones similares. No se trata entonces de una falta de acuerdo o de evidencia científica alrededor del “examen periódico de salud”. Es, a la fecha, un problema complejo de accesibilidad al sistema que debemos resolver. A través del SBU se pueden mejorar las condiciones para que el estado cumpla con su deber, mejore la calidad de vida de nuestro pueblo y salve miles de vidas prevenibles por año.
Una política planificada y progresiva de cuidados sobre estas personas que sean opcionales, progresivas u obligatorias a modo de contraprestación con el SBU, permitirían evidenciar las deficiencias actuales del sistema de salud para hacer lo que se supone que tiene que hacer, y eventualmente prepararlo en infraestructura y en disponibilidad de trabajadores y trabajadoras para hacerlo correctamente.
Los problemas de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (presión alta, diabetes, trastornos respiratorios por fumar, etc), los consumos problemáticos de sustancias y los problemas de salud mental -entre otros- podrían además encontrar en la política del SBU un canal unificado, interministerial, integral y de llegada masiva a la ciudadanía y no la fragmentación y el desorden que caracterizan al abordaje actual de esos problemas.
El SBU para la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre
En Argentina los cambios en los patrones de consumo de alimentos siguen la tendencia mundial, y afectan especialmente a los sectores más pobres. El acceso a alimentos de buena calidad como carnes, frutas y verduras es cada vez más difícil. Por el contrario, el consumo de bebidas azucaradas, harinas refinadas y golosinas, que poseen alto contenido de azúcar, grasas y sal – con bajo valor nutricional- es alarmante.
En un país que produce alimentos, esa tendencia debería al menos inquietar la agenda política nacional. Como sabemos, la realidad es todavía peor. En nuestro país hay personas que no tienen para comer cuatro comidas todos los días del año. Otros sufren de desnutrición. En concreto, hablamos de que no mueran personas de hambre. El Frente de Todos tomó con responsabilidad este eje en la campaña contra el macrismo en 2019. Lanzó con cierta expectativa una mesa nacional contra el hambre que lentamente se fue desdibujando hasta perder la agenda. Hoy resulta evidente que el problema está lejos de ser resuelto.
Diversos estudios demuestran el impacto positivo que las políticas de seguridad social ligadas a la transferencia de ingresos como la AUH tiene sobre la seguridad alimentaria. En nuestro país, esta política impactó de forma directa y positiva en uno de sus grandes objetivos, sacar hogares de la inseguridad alimentaria (imposibilidad de contar con acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias). La iniciativa del SBU resolvería una parte importante del problema del hambre en el país ya que ninguna familia quedaría por debajo de la línea de indigencia. Es en definitiva el primer paso urgente y necesario para luego discutir cómo producir comida, qué comer, cómo y dónde hacerlo.
El SBU como política de reconocimiento de las prácticas de cuidado
Las tareas de cuidado generan las condiciones que habilitan la reproducción y el desarrollo de la vida social de las personas. Esas prácticas se encuentran subvaloradas, altamente feminizadas, no remuneradas y basadas en lazos familiares o comunitarios. Así, el SBU permitiría visibilizar el rol de las personas que realizan tareas altamente relevantes para el sostenimiento de la vida, el trabajo y la dinámica familiar y organizacional de nuestro pueblo.
Muchas personas realizan tareas de cuidado en contextos graves de violencia de género. El SBU podría colaborar masivamente para que la dependencia económica de quien sufre estas situaciones no sea un condicionante material en un proceso que desde el sistema de salud solemos acompañar con limitaciones materiales concretas.
Además, significa una oportunidad importante. Dentro de la dimensión de cuidados en términos generales, hay personas que en lo particular cuidan y acompañan a otras con problemas concretos de salud como personas con alguna discapacidad o adultas y adultos mayores. ¿Qué sucedería si pudiéramos nominalizar a todas las personas que realizan prácticas de cuidado -las indicadas por un profesional, y también las que no– y jerarquizar esa tarea en pos de facilitar el acceso al sistema de salud? ¿En qué medida el estado nacional podría aprovechar esta oportunidad para capacitar a quienes cuidan, darles más herramientas y facilitar por ejemplo su capacidad técnica cotidiana sobre padecimientos crónicos o su capacidad de alarma y reacción ante situaciones agudas?
El SBU contra la fractura social
Hay un peligro grande en desdoblar las agendas de la sociedad. No solo la política, sino la cultural, la de los consumos, la de las conversaciones. Las políticas de empobrecimiento sostenido de un sector social cada vez más voluminoso pueden determinar en nuestro país una realidad horrible que ya resulta funcional en otros países: una sociedad dividida. Por un lado, quienes tienen acceso a la universidad, a empleos relativamente buenos y formales, a consumos estéticos y culturales de los centros globales. Por otro lado, el pueblo pobre, excluido de esa agenda a la fuerza y con una agenda propia de problemas que no permea en la comodidad secular del consumo.
Esto no quiere decir que los distintos sectores sociales no tengan problemas igual de válidos, cada uno desde su perspectiva. Quiere decir que corremos el riesgo como país de asimilar altísimos niveles de injusticia y de descarte, que podamos convivir con personas con hambre, con trabajos altamente precarios, en el infierno de las drogas, pasando frío por no tener una casa digna, y poder vivir más o menos tranquilamente con eso.
Ante este escenario complejo, ¿qué preguntas nos estamos haciendo? ¿Qué agenda -con qué prioridades- construimos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras organizaciones sindicales y políticas, en lo que en definitiva nos realiza como personas?
La pandemia dejó muchos desafíos y unos cuantos interrogantes. Puso sobre la mesa la necesidad de integrar el sistema de salud. Necesitamos hacerlo- valga la redundancia- con las personas adentro. Aquí presentamos una serie de dudas, de angustias cotidianas y algunas propuestas: la ampliación de la seguridad social argentina para desarrollar también políticas nacionales universales de cuidados de la salud de adultas y adultos; la oportunidad de garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país; y la jerarquización de los cuidados domiciliarios y el rol importantísimo que tendría para la accesibilidad al sistema de salud. Debates que, en definitiva, buscan aportar a la integración del sistema de salud desde la perspectiva de los más pobres entre los pobres.
