El tarifazo es presentado como una decisión inexorable que no ha sido tomada con la gradualidad que hubiera correspondido.
Pasa por alto dos cuestiones que definen las razones del colapso energético. Para evaluar el costo de la energía hay que considerar cuál es el valor que tiene el barril de petróleo y cuál el precio del gas en boca de pozo. La otra cuestión es que uno de los más penosos resultados del proceso privatizador ha sido la desintegración del sistema energético, su fragmentación en múltiples unidades económicas y la pérdida de economías de escala. Esta matriz privatista nunca fue revertida.
No es independiente del escándalo del tarifazo que las petroleras están recibiendo un precio para el barril que supera los U$S 70 cuando el mundo paga U$S 45 y el costo en nuestro país no supera los 14. Tampoco que el millón de BTU supere los U$S 7, cuando en el mercado norteamericano es de 2,8 y el costo de producción local de 1,9. El tarifazo le traslada a la comunidad y a los sectores productivos la renta extraordinaria que se les reconoce a los productores de petróleo y gas que antes se sostenía con el subsidio estatal. La explicación de la crisis por el «consumo irresponsable» de las tarifas bajas; y la falta de inversión por la ausencia de rentabilidad, pasa por alto la matriz privatista de los ’90. El debate de fondo que buena parte del sistema político no quiere dar, que el gobierno oculta por la asociación de su Gabinete con las petroleras, es que no hay solución sin terminar con las rentas extraordinarias de petroleras y sin revertir el proceso privatizador. Argentina necesita volver a integrar el sistema energético bajo control estatal para capturar en manos públicas la renta existente y poder orientarla seriamente al desarrollo económico y energético del país.
