Ingresó este miércoles en el Congreso un proyecto de ley oficialista que relanza el impuesto sobre los Bienes Personales, que afecta en buena medida a la clase media, luego de que el gobierno nacional alcanzara el acuerdo por la adenda fiscal con los gobernadores peronistas.

El proyecto está definido con el número 6443-D-2018 y firmado por el diputado Jorge Franco, de Misiones y miembro del Frente de la Concordia Misionero, y la radical jujeña Silvia Alejandra Martínez.

De esta forma, Cambiemos da marcha atrás con su decisión de reducir Bienes Personales a su mínima expresión tras el blanqueo de capitales que concluyó en marzo de 2017. Uno de los compromisos gubernamentales fue que la carga tributaria a aplicarse sobre las viviendas y los automóviles declarados, iría reduciéndose con el paso del tiempo.

La propuesta oficial tiene varias aristas. Estas son las principales:

-Corre a partir del año fiscal 2019. Es decir, se pagaría recién en el primer semestre de 2020, con plazo máximo en junio de ese año.

-Establece tres niveles de mínimos no imponibles (MNI). El más bajo es de dos millones de pesos. Si el valor de los bienes acumulados por el contribuyente es menor a esa cifra, no paga. El MNI actual es de $1.050.000. Es decir, casi se duplica el valor, pero hay que tener en cuenta que la suba del dólar ha sido de casi el 100 por ciento y que la inflación alcanzará en este 2018 al 50%.

-Si el valor de la riqueza acumulada por el contribuyente está ubicada entre los dos millones de pesos y los cinco millones, la alícuota será del 0,25% sobre el excedente a dos millones. Por caso, si el contribuyente tiene bienes cuyo valor suma $ 2.500.000, pagará en 2020 un 0,25% de 500.000, es decir, $ 1250.

-El siguiente MNI es de cinco millones de pesos. Para este caso, la alícuota es del 0,5%, pero no aplica sobre todo el excedente sino que sólo para la fracción que supera los cinco millones. Un ejemplo: si el contribuyente tiene un patrimonio de $ 5.500.000, pagará un 0,25% por los 3 millones de pesos excedentes del MNI de $ 2 millones, y un 0,50% por los 500.000 que superan el MNI de cinco millones. Esto equivale a $ 7500 por la primera parte y $ 2500 por el segundo tramo. O sea, $ 10.000 en total.

-El tercer MNI es de $ 20 millones, para el cual se aplica una alícuota del 0,75%, aunque con el mismo criterio que en el caso anterior. Un ejemplo: si el contribuyente tiene un patrimonio de $ 25 millones, pagará un 0,25% por los tres millones excedentes del primer MNO; luego el 0,50% sobre los 15 millones excedentes del segundo MNO y, por último, un 0,75% por los 5 millones de pesos que exceden el tercer MNI de $ 20 millones. Esto equivale a $ 7500 por el primer tramo, $ 75.000 por el segundo y $ 37.500 por el tercero. En total, 120.000 pesos.

La reforma no incluye cambios en la forma como se valúan las viviendas o los automotores. Por caso, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la valuación de una vivienda a los efectos de su cálculo para Bienes Personales equivale a la  Valuación Fiscal Homogénea (VFH), que a su vez es el valor fiscal de una propiedad. El contribuyente porteño puede conocer ese valor de una manera muy sencilla: figura en la boleta del ABL. Por ley, la VFH nunca podrá ser superior al 20% del valor de mercado de la propiedad.

Acuerdo con gobernadores

El acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores de la oposición para aprobar el Presupuesto 2019 incluye la llamada adenda fiscal. La semana pasada el oficialismo ingresó este tema como un proyecto de ley independiente del Presupuesto. La adenda modifica el pacto fiscal de fines de 2017, que incluyó una reducción de la movilidad jubilatoria a fin de derivar esos fondos a cubrir el agujero fiscal que provocaría en las provincias la reducción de Ingresos Brutos a las empresas.

La adenda fue firmada por 18 gobernadores antes de ingresar al Congreso. Los que no lo hicieron son: Miguel Liftchitz, de Santa Fe, Mariano Arcioni, de Chubut, Gildo Insfrán, de Formosa, Alicia Kirchner, de Santa Cruz, Carlos Verna, de La Pampa, y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis.

Entre otros, la adenda habilita al gobierno nacional a aumentar el impuesto de Bienes Personales, un tributo que es coparticipable y que, por lo tanto, su incremento redunda en mayores fondos para las provincias.

El oficialismo en Diputados hizo trascender que las provincias pidieron el cambio en Bienes Personales para ingresar más fondos con los cuales cubrir el traspaso de los subsidios al transporte público de pasajeros, algo en lo que el gobierno y los gobernadores ya habían negociado y acordado antes de que el proyecto de Presupuesto se presentara en el Congreso.

Esto significaría que ambas partes aceptaron un traspaso de gastos a sabiendas de que las provincias no lo iban a cubrir, lo que redundaría en definitiva en un alza del boleto de transporte público de pasajeros.

El alcance de Bienes Personales será amplio. Aplicará sobre todos los bienes, tanto los ubicados en la Argentina como en el exterior, de todas los contribuyentes argentinos. El oficialismo espera que esta misma semana sea discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.