La pobreza alcanza al 40,8 por ciento de los argentinos y al 32,1% de los hogares del país. Así lo estimó el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Los datos corresponden al tercer trimestre de este año.

Esto se traduce en unos 16 millones de argentinos que viven bajo la línea de la pobreza y unos 3,6 millones, por debajo de la de indigencia. El dato más alarmante del trabajo es que el 59,5% de los niños y adolescentes son pobres.

Este escenario será el principal escollo que deberá enfrentar y resolver el próximo gobierno, que ya tiene trazada su primera estrategia: la Tarjeta Alimentaria.

El 7 de octubre, en la Facultad de Agronomía de la UBA, el entonces candidato Alberto Fernández presentó el proyecto Argentina contra el Hambre, en el que incluyó a personalidades y organizaciones sociales y políticas, con un único objetivo: bajar la pobreza. Con la elección de Fernández como presidente, el plan avanzó en definiciones y, en ese marco, se lanzará en febrero la Tarjeta Alimentaria que tendrá una carga monetaria mensual de 4000 pesos y estará destinada exclusivamente a la compra de alimentos.

«La idea es acceder a la canasta básica y también apuntar a un esquema en torno a la producción de alimentos», dijo Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social. La Canasta Básica Alimentaria se ubica hoy en $ 13.913, según el Indec.

Además de la Tarjeta, también se espera que el gobierno decrete aumentos de las jubilaciones, de las asignaciones familiares y del resto de los planes sociales.

«Hoy, hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distinto tipo en comedores, merenderos, iglesias. Del total, el 20% son madres con chicos menores de 6 años y es ahí donde vamos a arrancar», aseguró Arroyo en una reciente entrevista con Tiempo.

El plan es más ambicioso que una asistencia económica para la compra de alimentos e involucra también a las áreas de salud, educación, tecnología y agricultura. Se creará un Consejo Consultivo para el seguimiento del plan y un observatorio.

«La tecnología nos juega a favor para el seguimiento y control nutricional. Cuando la familia usa la tarjeta, la compra se codifica: sabemos qué productos compra y los nutricionistas tienen la información para aconsejar de qué manera mejorar una dieta (…) El Estado va a las casas, a los hogares, en términos de apoyo nutricional y de salud porque tenemos un problema de hambre y también de malnutrición», advirtió Arroyo. La idea apunta también a que las escuelas colaboren con el control de peso y talla de los chicos, además de ser el espacio para el acompañamiento de los nutricionistas.

El proyecto también requiere un fluido diálogo ya iniciado con empresarios de la cadena alimenticia, organizaciones y movimientos sociales, las iglesias católica y evangélicas, sindicatos y universidades.

El plan pretende también apuntar a las cadenas de producción y a la generación de empleo a través de los movimientos sociales. «Los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina. Van a formar parte de la gestión institucional de la política social, sobre todo en lo que tiene que ver con economía popular y redes de comercialización para convertir a los planes sociales en trabajo en sectores clave como la construcción, producción de alimentos, textil y reciclados. Esa es la forma de reconstrucción de la Argentina, de abajo hacia arriba», aseguró Arroyo.

Los supermercados tendrán un rol destacado, ya que será en esos espacios donde las personas podrán usar la tarjeta. Según pudo averiguar Tiempo, los supermercadistas creen que el paquete de medidas que prepara Fernández impulsará las ventas minoristas hacia fines del primer trimestre de 2020.

Desde el punto de vista empresario, las ventas están por el piso y estas iniciativas pueden ayudar a reactivar el consumo de manera rápida y efectiva. La proyección de los comercios es que esa demanda inicial se cubrirá con productos de segundas y terceras marcas, en las que las grandes empresas crecieron en los últimos años a la par de la depreciación del salario y de la caída del poder adquisitivo.

Con todo, el programa será apenas el puntapié inicial de un largo camino, habida cuenta el crecimiento de la pobreza, especialmente en los últimos dos años, por la política económica de Cambiemos, enfocada en reducir el costo empresario, para lo cual redujo el valor de los salarios y eliminó impuestos. Sin embargo, al liberar al dólar y recurrir a un furioso endeudamiento, derivó en una espiral de inflación y alzas del dólar, que a su turno impulsaron los tarifazos y nuevas devaluaciones, recreando continuamente un ciclo de subas de costos sin fin.

Este combo deterioró la actividad económica, provocó la destrucción de empleo, impulsó la informalidad, desarticuló el tejido industrial, bajó el nivel de recaudación y no pudo contener a la inflación ni al dólar. La resultante fue una caída muy significativa del poder adquisitivo, tanto de salarios como de jubilaciones, asignaciones y demás. El impacto del ajuste sobre la pobreza ha sido brutal.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terminó por detonar el esquema económico de Cambiemos y el resultado fue más pobreza. De esta forma, en cuatro años se generaron no menos de cuatro millones de nuevos pobres.

Alberto Fernández tendrá un desafío similar al de Néstor Kichner, quien al asumir en 2003 enfrentó un índice de pobreza del 48 por ciento. «

MESETA

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que la pobreza en la Argentina se «amesetó», es decir que la mayoría de pobres lo son desde hace muchos años, sin cambios más allá de los gobiernos.