El tarifazo eléctrico provocó una crisis en muchas empresas que actúan en la economía social. Facturas que llegaban antes con valores de $ 100 mil mensuales saltaron a $ 378 mil, como en el caso del Frigorífico Yaguané, una recuperada dedicada a la producción de carnes. Para las recuperadas y cooperativas, se trata de un problema central, al punto que se encuentra en el centro de la agenda de reclamos ante las autoridades nacionales.

El pasado miércoles 20, un grupo de referentes del sector de la economía social tomó por seis horas la planta baja del Ministerio de Energía y Minería para presionar en busca de una respuesta de las autoridades. «Fuimos con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas al Ministerio de Energía porque es el que tiene que tomar la decisión sobre el asunto de las tarifas. Después de más de seis horas de negociaciones, firmamos un acta en la que se plantea el compromiso de ese ministerio de poner en marcha un registro de las empresas recuperadas en todo el país, y a través de esto nos darían el acceso a la tarifa social», explicó Eduardo Murúa, del MNER.

Ese mismo día, 25 cooperativas, en su mayoría empresas recuperadas, se presentaron en el Ministerio de Trabajo para reclamar una salida al problema. «Planteamos la necesidad de que se apliquen los subsidios dirigidos a los asociados de las cooperativas para paliar la suba de tarifas», dijo a este diario Eduardo Montes, de la Gráfica Patricios, cuya factura de electricidad pasó de 40 mil pesos por mes a 126 mil pesos. El MNER, junto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), presentaron reclamos ante el Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, y radicaron una acción de amparo colectiva en la provincia de Buenos Aires. Ahora preparan otra para el ámbito de la Capital Federal.

Los delegados del MNER y el CTEP acordaron con el subsecretario de Coordinación Administrativa de Energía, Sebastián Scheimberg, la creación del registro que estará habilitado por diez días hábiles y que permitirá obtener el acceso a la tarifa social del servicio eléctrico. Murúa indicó que «si bien firmaron un acuerdo por el cual asumen un compromiso con las empresas recuperadas, aún queremos verlo funcionar». En el caso de la gestión en el Ministerio de Trabajo, Montes explicó que con el aumento de las tarifas de los servicios públicos, muchos trabajadores reciben más de un golpe en sus ingresos cotidianos. En particular, esto es así para aquellos que conforman una cooperativa de trabajo porque se suma al impacto en las cuentas domésticas el que sufren los magros excedentes que puedan obtenerse mediante la producción y que son repartidos como salario por el conjunto de los trabajadores.

Los aumentos en la tarifa de electricidad para estos casos son de entre un 400 y un 600%, lo que hace peligrar el funcionamiento de estas entidades con menos margen que las grandes empresas, al punto que algunas de ellas optaron por reducir la producción por el momento. A modo de ejemplo, el delegado del frigorífico Subpga, Rubén Sosa, señaló que el aumento de luz implicó pasar a pagar 174 mil pesos en diciembre a 800 mil en marzo. «Así no podemos seguir trabajando -afirmó-, a lo que se suma que perteneciendo al gremio de la carne tuvimos una baja del 75% de nuestra producción». Las cooperativas de trabajo y recuperadas mantendrán encuentros esta semana para discutir nuevas iniciativas que apunten a incrementar la presión sobre las autoridades nacionales.