Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a datos del último censo, en la Argentina existen unos 2 millones de hogares que alquilan y que abarcan a unas.8 millones de personas. Esas familias destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos para cubrir los gastos de alquiler. Además, según los resultados de una encuesta del CELS y el Idaes-Unsam en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante el ASPO, el 66,6% de los hogares inquilinos vio reducidos sus ingresos y el 42,3% contrajo deudas de alquiler.
ACIJ advirtió que el anunciado cese del decreto que prohíbe los desalojos significará, también, un aumento de las personas en situación de calle. Fue la situación que creó la toma de Guernica: cientos de familias que perdieron ingresos y a quienes se les hizo imposible sostener los alquileres en las modestísimas viviendas que alquilaban en las villas de Capital Federal y el Gran Buenos Aires o en barrios obreros.
Según ACIJ, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat equivoca cuando declara que los desalojos serán «contenidos» a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá implementar instancias obligatorias de mediación, y que solo se podrá realizar un desalojo sobre aquellos contratos de locación inscriptos en el registro de Afip. «Ambas medidas son incompatibles con la nueva Ley de Alquileres, donde se dispone que las mediaciones no son obligatorias y, al mismo tiempo, que los únicos contratos que deben inscribirse en Afip son aquellos firmados luego de junio de 2020».
Respecto del protocolo de riesgo temprano de desalojo, destinado a asistir casos concretos de familias inquilinas expuestas a quedarse en la calle, ACIJ observó que «tan solo está destinado a recabar información, sin establecer mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país».
ACIJ observa que «ninguna de las medidas anunciadas en los últimos días por esta cartera pone en el foco de las acciones las tres medidas que el Estado debería abordar de manera urgente». Esas medidas deberían ser un programa de desendeudamiento para los hogares inquilinos; prorrogar la prohibición de desalojos mientras dure la crisis sanitaria; e impulsar políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda, más allá de la construcción de nuevos inmuebles.
Eduardo Reese, del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento (UNGS), coincide con esta mirada. «Valoramos el decreto original y sus extensiones que tomaron cartas en el asunto frente a una situación de urgencia y emergencia por los efectos de la pandemia y el confinamiento obligatorio. Mucha genete dejó de trabajar, perdió el trabajo o sufrió suspensiones con caída de ingresos», señaló.
Pero advirtió que «Si el DNU estuvo basado en una situación de emergencia y las medidas son excepcionales, la situación de excepcionalidad no terminó y, además, salir de ste cuadro requiere de un proceso». Sólo así se podrá ingresar a «un estado de normalidad en las relaciones contractuales entre inquilinos y propietarios», agregó.
En ese sentido, Reese, arquitecto de profesión, indicó: «No es una solución salir sin resolver esto».
Eso supone -dijo- trazar un plan para poder renegociar los contratos, establecer pautas para el largo plazo, y disponer ayudas para familias con necesidades para que pudieran pagar esa deuda
«Nunca imaginamos que, efectivamente, la resolución de una situación de emergencia no tuviera un plan que permita un proceso de ordenamiento de las deudas contraídas, de los aumentos postergados ya acumulados en un año. La verdad es muy sorprendente que ahora el gobierno le diga a los inquilinos ‘arréglense con los propietarios'», concluyó.
