Quizá, la que está en curso, rankea entre las cinco semanas más agitadas para el Gobierno Nacional, luego de las declaraciones del Fiscal Luciani y el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad, al mismo tiempo que esta situación encolumnó al conjunto del Frente de Todos en rechazó a la persecución política de la Vicepresidenta. Pese a este controvertido hecho, el ajuste realizado en diferentes sectores del Estado por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, no pasó inadvertido. La quita de 200 mil millones de pesos trajo muchas críticas hacia el funcionario y el rechazo fue masivo desde uno de los sectores más castigados históricamente, el educativo.
La Decisión Administrativa N° 826/2022 representó para el sector un recorte de $50.000 millones. El presupuesto actual de la cartera que conduce Jaime Perczyk, alcanzaba los $965.371 millones y, hasta la fecha se ejecutó casi la mitad, el 49,8%. El recorte de $50.000 millones sobre diversos programas del Ministerio de Educación representa una baja del 5% en el presupuesto nacional, el programa Conectar Igualdad, contaba con una inversión total de $85.785 millones, y el recorte presupuestario representa $30.000 millones, alrededor del 35% del presupuesto actual.
«Significa un retroceso en el paulatino mejoramiento de la educación pública que se empezó a revertir en este último año», sentenció la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que conduce la docente Sonia Alesso. «Luego de cuatro años de ajustes y recortes en políticas públicas educativas durante el gobierno del macrismo – desfinanciamiento, caída del salario, cierre de la Paritaria Nacional Docente, reducción del Presupuesto, cierre de Programas, deterioro en los establecimientos educativos, nula construcción de edificios escolares, desarticulación del Programa Conectar Igualdad, entre otras medidas – y cuando se empezaba a revertir esta situación tras dos años de pandemia, el Ministro de Economía anuncia un ajuste en el Sistema Educativo», sostuvieron en el comunicado.
En el Ministerio de Educación, Massa limitó las partidas para transferencias a provincias y municipios para financiar gastos de capital, en varios programas: $ 15.000 millones en “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”; $ 5000 millones, en “Infraestructura y Equipamiento”; y un recorte de las partidas del Programa “Implementación del Plan Federal Juana Manso” en $ 30.000 millones, de los cuales $ 12.000 millones estaban destinados a servicios no personales y otros $ 18.000 millones a bienes de uso.
Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA), sindicato que dirige Sergio Romero, destacaron que este es «un verdadero ajuste presupuestario de la inversión que significaría una cifra superior a los $50.000 millones e impacta directamente sobre partidas destinas al Programa Conectar Igualdad que prácticamente quedará paralizado el resto del año”. Para el sector sindical con amplia representación a nivel nacional, «esta notable reducción presupuestaria deviene inexorablemente en una profundización de la crisis del Sistema Educativo a lo largo y ancho del país».
La Asociación del Trabajadores del Estado Nacional, que lidera Hugo Cachorro Godoy, también se sumó al rechazo de este ajuste con un fuerte comunicado: “Después de dos meses de un verdadero golpe de mercado que busca imponer una devaluación y una política económica al Gobierno resulta más que clara la decisión oficial de adoptar un giro verdaderamente conservador en la gestión como respuesta a esas presiones”, comienza el documento de ATE Nacional. Respecto al programa “Conectar Igualdad”, “podemos afirmar que achicar la brecha tecnológica de nuestros pibes y pibas más postergados debería ser una prioridad insoslayable. Por otra parte cabe preguntarse ¿No existe ninguna otra necesidad insatisfecha en materia educativa a la que asignar estos recursos? La poda directa de los mismos deja a las claras el objetivo ajustador”.
Desde este gremio que enrola a todos los trabajadores y trabajadoras estatales, aseguran que el ajuste llegó “a partir de la decisión de cumplir con las imposiciones del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y ‘corregir los desvíos’ de las metas allí acordadas, la política oficial abraza los principios de una declarada ortodoxia. La decisión de gastar solo lo que se recaude, congelamiento de vacantes, pagar el valor real por los servicios y otras declaraciones que se repitieron en boca de la actual gestión, nos rememoran discursos de otras épocas”.
