Por Santiago Canevaro*, Roberto Benencia** y Germán Quaranta***

La decisión del gobierno nacional de excluir a los productores de origen boliviano del programa de Cambio Rural -existente desde 1993, y que nació destinado a modificar las condiciones socio-productivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios- además de ser un claro ataque discriminatorio y xenofóbico a los de trabajadores de origen boliviano, revela un desconocimiento llamativo de la actividad hortícola y las condiciones de trabajo y producción en esta rama fundamental de la agricultura.

Numerosas investigaciones y organismos internacionales han mostrado que la producción hortícola en Argentina ha sido beneficiada por la capacidad técnica y los aportes que numerosas generaciones de migrantes bolivianos le han venido imprimiendo desde hace varias décadas. Los avances tecnológicos, la mejora en la calidad del producto, así como la consecuente disminución de los precios, constituyen logros en los que las familias bolivianas tuvieron un papel central, constituyendo un claro aporte de esa comunidad al país.

A modo ejemplo, en la zona sur del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos de La Plata, Florencio Varela y Berazategui, se estima que existen 5.000 unidades de producción hortícola de las cuales aproximadamente el 60% (3.000) corresponden a productores de nacionalidad boliviana. Esta área concentra la mayor parte de la producción de verduras de hoja y hortalizas de fruto para el consumo en fresco del AMBA, alimentando a la mayoría de la población del área y de otras regiones del país.

En este escenario, la exclusión de los productores bolivianos del Programa de Cambio Rural es una decisión inadmisible, una decisión que las autoridades, según una modalidad a la que nos han venido acostumbrando, adjudican ahora a “error”, algo muy poco creíble. Pero semejante exclusión no sólo agrede el espíritu abierto a la inmigración que ha caracterizado a nuestro país desde sus inicios, sino que llamativamente va en contra del “mantra” en torno a la “igualdad de oportunidades” y la meritocracia que el gobierno se ha encargado de embanderar como una de sus principales bases de legitimación. En el marco de este discurso, que plantea la fantasía del “emprendedor” como solución a los problemas de empleo, resulta inentendible el hecho de que de las posibilidades de ascenso social favorecidas por las políticas públicas estén atadas a lugar de nacimiento de las personas, más allá de sus esfuerzos y méritos.

Parece claro pues que la decisión de centrar el apoyo en los productores capitalizados (a los que se les brinda asesoramiento técnico, créditos y otros apoyos) y excluir a los más pobres (y extranjeros) se inscribe en la sintonía más amplia que el gobierno de Cambiemos ha tenido hacia los distintos sectores sociales. En tal sentido, a los más “necesitados” son destinarios de políticas asistenciales, que, sin embargo (o por eso mismo), no permiten superar las condiciones de pobreza. Parece claro que esta nueva iniciativa del gobierno y este programa de “cambio” es parte del retroceso a las políticas migratorias de la década del noventa, en las que se perseguía a quienes no contaban con su DNI y en las que poco se hacía para asegurar el acceso al mismo.

Es de esperar que los magros resultados electorales obtenidos por el gobierno en las mesas de extranjeros en las áreas de producción hortícola sea únicamente una casualidad que vincule ambas circunstancias.

Finalmente, no parece exagerado afirmar que la política de flagrante discriminación de los migrantes es parte de un contexto en el que la reformulación del modelo económico, que se ha venido traduciendo en la pérdida de empleo de calidad, parece una vez más, tal como ocurría en la década del noventa, requerir de un viejo y remanido chivo expiatorio: los inmigrantes. Pero, como en aquella época, queda mucho por refutar y disputar en el terreno de la política y de la economía.

*CONICET/UNSAM
**CONICET/FAUBA/UNAJ .
***CEIL-CONICET/UNAJ