«En el caso de Farmacity, cerca del 3%», fue la respuesta del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ante una pregunta de Perfil sobre su participación accionaria en esa empresa que presidió. La vigencia de Quintana como accionista de la empresa que supo fundar y presidir enciende un alerta, sobre todo en el marco de la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia de revisar el fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, en el juicio que Farmacity inició contra la Provincia, en 2012.
Cabe recordar que la demanda inicial de la empresa lleva las firmas del propio Quintana y de Carlos Rosenkrantz, uno de los actuales jueces de la Corte Suprema que el presidente Mauricio Macri nombró por decreto, en 2015.
Farmacity fue fundada en 1997 por Quintana. En 2007, fue comprada por el fondo de inversión Pegasus, creado en 2000 por el propio Quintana junto con otros socios.
Esa operación se valuó en su momento en 100 millones de dólares. La empresa, que en ese entonces contaba con menos de 100 sucursales, especulaba con facturar 300 millones de dólares para 2008.
Hoy, diez años después y con 300 sucursales en 14 provincias, Quintana firmó en su declaración jurada de cierre del año 2016 que posee acciones en Farmacity por poco más de 900 mil pesos. Cuesta imaginar que el 3% de las acciones de esa empresa estén valuadas en apenas $ 932.493,20. Eso querría decir que la valuación total de Farmacity equivaldría a 33 millones de pesos, es decir algo más de U$S 1,85 millones.
La investigadora del Conicet y especialista en sociología económica, Ana Castellani, explicó a Tiempo: «Ya por haber sido directivo y fundador de esta empresa, se genera una situación de conflicto de interés ex ante; es decir, no hay que esperar a que efectivamente suceda que Quintana intervenga a favor de Farmacity y se lo demuestre ante la Justicia, sino que están dadas la condiciones estructurales para que se termine por incumplir con los deberes de funcionario público. Ya hay un conflicto de interés potencial. El tema es conocido como ‘puerta giratoria’. Por eso, en muchos países se regulan este tipo de cuestiones; para evitar estos casos».
El ensayo Puerta giratoria (Revolving Door, Miller y William; 2009) advierte que esta práctica es negativa porque «va en contra del interés público» y es considerada un delito en Francia, Japón y Canadá, entre otros países.
«En la mayoría de los países desarrollados y en la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, organización internacional compuesta por 35 Estados, la mayoría ricos) hay recomendaciones para evitar que una persona pase de un alto cargo en el sector privado a un alto cargo en el sector público. Precisamente, porque se genera una situación potencial de conflictividad de interés muy alta. Hay países en los que se debe esperar una determinada cantidad de tiempo para hacer ese pase: un año, seis meses, dos años», continuó Castellani.
En Argentina, los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Ética Pública (25.188) regulan el conflicto de intereses sin imponer tiempos de espera. La ley sólo se limita a decir que la función pública es incompatible «siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa». Ante la falta de especificaciones y de protocolos, la palabra de Quintana es suficiente para la Justicia y la Oficina Anticorrupción: «Salud, que es la única área del gobierno que no toco, es un área donde por lógica estoy vedado, y eso lo hablamos desde el primer día con el presidente. Es así, y más allá de rumores totalmente infundados, no la toco», expresó en la citada entrevista de Perfil.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) denunció en abril de este año a Quintana por haber influido en la destitución del entonces director de PAMI, Carlos Regazzoni. «Según el entorno del extitular del PAMI, en diciembre, cuando él debía renegociar con la industria farmacéutica el precio de los medicamentos para el año 2017, los vicejefes le dijeron que iban a hacerlo ellos», publicó la revista Noticias, también de editorial Perfil. Regazzoni ganó ese round y privó a Quintana de negociar el precio de los remedios. El contragolpe dejó nocaut a Regazzoni. Un hecho que podría interpretarse como «competencia funcional directa».
Tailhade detalló a Tiempo, además, que «Pegasus Colombia (Quintana posee acciones por $ 200 mil, según su declaración jurada) forma parte de una sociedad con el grupo colombiano Ospinas y con Blackstone, uno de los fondos buitre que operó contra Argentina. Quintana, hay que recordar, fue uno de los impulsores del acuerdo con los fondos buitre en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Es decir, él es socio de uno de los fondos buitre que iba a cobrar si se aprobaba la ley».
La investigadora Castellani detalló que «la ley de 1999, la original, establecía un mínimo de un año de espera para estos casos. Fue luego modificada en 2001. Con aquella Ley de Ética Pública, Quintana y un tercio del Gabinete no podrían haber asumido. La Justicia necesita determinados materiales probatorios para actuar en estos casos. Pero cualquier persona puede entender fácilmente que hay una injerencia que hace mucho ruido».
Tiempo consultó el tema con la Oficina Anticorrupción, liderada por la macrista Laura Alonso. Quedaron en contestar el requerimiento. Sin embargo, al cierre de este artículo, no hubo respuesta. «
