El sorpresivo dato oficial de inflación de noviembre, del 4,9%, el registro más bajo en diez meses, descomprimió la tensión que pesaba sobre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio. Una posible consecuencia es la postergación de la entrada en vigor del Observatorio de Precios para los primeros días del año que viene.

El instrumento tiene el objetivo de «monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios, que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación». Fue creado por la Ley 26.992, de 2014, pero se activó el pasado 22 de noviembre, en medio de una campaña del oficialismo para acreditar actividad contra los aumentos de los precios minoristas: una semana antes del lanzamiento se había publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre con un incremento del 6,3%.

El encendido y puesta en marcha del Observatorio entusiasmó a las entidades de defensa del consumidor, que definieron a las tres que, como ordena la ley, participarán del espacio:  la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda).

A la inversa, las empresas que ejercen posiciones dominantes en la formación de precios minoristas miraron de reojo la activación del Observatorio, concebido idealmente para analizar sus contabilidades en profundidad.

Después de la reunión del 22 de noviembre, en la que además se definieron las comisiones sectoriales que trabajarían, el ente encabezado por el titular de Comercio, Matías Tombolini, acordó reunirse entre el 5 y el 14 de diciembre, pero la convocatoria nunca se produjo y el encuentro tampoco.

Desde el miércoles 14, las entidades preguntaron a Comercio sobre el tema, pero aseguran que nunca recibieron respuesta.

El jueves pasado, se quejaron ante el Consejo Consultivo de las Asociaciones de Consumidores. Les contestaron que Tombolini «está muy interesado en el Consejo y que lo piensa reactivar en enero», dijo a Tiempo el titular de ADDUC, Osvaldo Bassano.

Bassano lamentó la postergación del observatorio y no descartó que obedezca a un súbito entusiasmo de las autoridades con el brusco descenso del IPC oficial en noviembre. Si bien el Indec midió 4,9%, las consultoras privadas publicaron datos que están en muchos casos en línea con los meses previos, por encima del 6%.

La semana pasada, Comercio selló una serie de acuerdos sectoriales para congelar precios de manera temporal, producto de mesas de diálogo directo con las empresas de cada ámbito.

El clima de fervor mundialista que atraviesa la sociedad también pudo haber intervenido como una brisa fresca que le dio un empujoncito de unos días a la agenda de Comercio. Y la cercanía de las fiestas de fin de año, aportó su granito de arena.

Ante la consulta de este medio, la dependencia pública respondió que no hay novedades sobre el Observatorio.

Pero diciembre podría arrojar una nueva suba de la inflación. Varias fuentes privadas anticiparon aumentos descontrolados de la canasta navideña. Por caso, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) reportó un incremento anual del 120% en un conjunto de 22 alimentos.

Sin aceite

Pedro Bussetti, presidente de Deuco, dio a Tiempo la misma versión que su par de ADDUC sobre el Observatorio de Precios y agregó que las entidades pidieron una auditoría del programa Precios Justos, otra de las políticas que lanzó la administración pública en acuerdo con los formadores de precios.

Precios Justos presentó diversos problemas desde su aparición. Las empresas atribuyeron esos problemas a los tiempos que se necesitan para la implementación efectiva, pero Deuco denunció que hay desabastecimiento de aceite en la inmensa mayoría de los comercios adheridos al programa.

El presidente de las cámaras CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, relativizó la versión a este medio. Idígoras reconoció que «a principios de diciembre hubo un cortocircuito con la Secretaría de Comercio porque el fideicomiso aceitero (para controlar el precio interno) se había extinguido. En septiembre se acabaron los U$S 190 millones que se habían establecido en la resolución. Después, la industria puso voluntariamente U$S 50 millones, que se terminaron el 1 de diciembre. Entonces el gobierno dijo que iba a poner un subsidio estatal que no consiguió. Por eso hay dudas en supermercados que piensan que no se va a entregar, pero la industria va a seguir acompañando», concluyó.  «