El proyecto de Presupuesto que se apresta a tratar la Cámara de Diputados contempla que el gobierno deje de recaudar casi 3,7 billones de pesos en impuestos para promover actividades productivas, regiones o sectores que brindan otros servicios a la comunidad. Esa es la suma de gastos tributarios contemplados en el texto.
De esa cantidad, apenas $ 237 mil millones (apenas el 0,16% del PBI) corresponden a la exención del Impuesto a las Ganancias a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Esta partida desató un conflicto de alto voltaje político con una nueva discusión entre el Frente de Todos, que propicia incluir un artículo en el proyecto de ley para derogar ese beneficio, y Juntos por el Cambio, que lo interpreta como un ataque a la Justicia. Detrás de ellos se aglutinan la Corte Suprema (que estudia la posible inconstitucionalidad porque se afectaría la intangibilidad de los ingresos de los jueces), la Asociación de Magistrados y el gremio de empleados judiciales, que también están en desacuerdo.
Según el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, esa exención representa apenas el 6,49% de los gastos tributarios, nombre genérico que se aplica al “monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria”. Según el análisis que hace la OPC, esa reducción de obligaciones significa una transferencia implícita de recursos públicos.
Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo justifica algunos de esos regímenes especiales. En otros casos, aporta datos que ponen en duda su eficacia y por eso propone al Congreso su análisis puntual.
En particular, sobre los $ 237.850 millones que se resignarían para la exención del Impuesto a las Ganancias a los ingresos de magistrados y funcionarios, el proyecto oficial consideró que la continuidad de ese régimen “no contemplaría una política pública asociada a este beneficio. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”. En eso se basaron los legisladores oficialistas para impulsar la eliminación de ese beneficio.
Sin ser tan categórico, el gobierno también propuso volver a examinar algunas otras exenciones de ese impuesto. Por ejemplo, la que beneficia a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, que implica una cesión de $ 107.281 millones para el año 2023. En ese rubro, el mensaje del Ejecutivo propone una “revisión del beneficio evaluando impacto económico, optimización del universo beneficiado y mejora de la trazabilidad. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras”.
Algo similar ocurre con las alícuotas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que alcanzan a sectores tan variados como la construcción de viviendas, la venta de carnes y frutas y la medicina prepaga, entre otras. Allí se propone “evaluar el impacto y resultado de la medida otorgada a cada sector involucrado, considerando la incidencia del impuesto en cada etapa de la cadena comercial. Aumenta la regresividad del impuesto que se aplique alícuota reducida tanto a las obras de arte, medicina prepaga como a los productos de panadería y construcción de viviendas”. Por esa vía el Estado resignará $ 960.963 millones el año entrante, de los cuales $ 103.257 millones serán para las empresas privadas de salud.
Una consideración parecida se realiza con relación a los $ 105.275 millones que se dejarán de recaudar por la reducción de contribuciones patronales. Allí conviven criterios por sector económico (salud, economías regionales y servicios audiovisuales) como también geográficos, para zonas de la Patagonia y del Norte Grande. “La política pública asociada debe tener un límite temporal y/o con reducción gradual, con la medición de impacto correspondiente”, se señala. También se sugiere la “revisión de política pública actual asociada y posible reducción gradual del beneficio” para la promoción económica en la isla de Tierra del Fuego, creada en la década del 70 para favorecer el poblamiento de la región y que en 2023 significará unos $ 519.720 millones.
Con esos impuestos, habría superávit
En total, la OPC identificó en el proyecto 204 medidas puntuales que significarán 2,48% del PBI, una suma mayor al déficit primario presupuestado (1,9% del PBI). En otras palabras, sin esas exenciones y condonaciones, el gobierno obtendría superávit. Aun así, en muchos casos su continuidad es presentada como beneficiosa por su rol de incentivar la inversión, la construcción y la reducción en los precios de bienes y servicios básicos.
Además, el estudio advierte que para medir el impacto fiscal completo de estas medias “deberán efectuarse los ajustes necesarios para medir la reacción de los agentes involucrados”, los que, se supone, tenderían a una mayor actividad económica, con lo que la recaudación fiscal se fortalecería por otras vías.
