Cualquier opinión sobre el decreto debe realizarse en el marco del reconocimiento de la gravedad de la situación económica nacional en general, y de las y los trabajadores en particular.
El decreto establece un monto de aumentos bastante por debajo de lo esperado por buena parte del movimiento sindical, al menos de aquellos que desde distintos lugares enfrentaron al macrismo.
A su vez, la forma que toma está en consonancia con medidas previas como la referida a las jubilaciones, o sea, centrarse en los que menos ganan, en aquellos que tienen mayores necesidades.
En este sentido, es una medida correcta por dos motivos: tiende a aliviar la dramática situación de millones de argentinas y argentinos golpeados por las políticas del macrismo y el gran capital y, además, es sabido que esos sectores volcarán inmediatamente los aumentos al consumo dinamizando la economía.
También se ha planteado que esto es un piso y no hay techo, lo cual debería estar fuera de toda discusión. Por ahora el aumento es sólo para el sector privado, pero se anunció que se hará extensivo a los demás sectores: estatales, trabajadores agrarios, entre otros.
A partir de esta realidad se abren interrogantes y consideraciones.
Reconociendo lo difícil de la situación económica, de todos modos cabe preguntarse ¿hasta cuándo podrá el gobierno intentar quedar bien con todos? Una mejora sustantiva para el conjunto del pueblo sólo es viable a partir de tocar los intereses de los eternos beneficiados: el gran capital, la banca, los explotadores de grandes extensiones de tierra, las megamineras, etcétera.
Estos mismos grupos ya están atacando (en sus medios y por ahora a través de acciones menores) al gobierno. La historia argentina y de toda América Latina muestra que las concesiones a los mismos, no los calman sino que los envalentonan.
Por otra parte, es necesario insistir en que el movimiento obrero, independientemente de la relación que tenga con el gobierno, debe tener su propia agenda y su propio proyecto.
Las paritarias deben ser realmente libres y en ellas deberá encararse no sólo el tema salarial sino aspectos centrales como las condiciones de trabajo y la salud. Este último punto, la salud y vida de los trabajadores, debería ser un tema de salud pública y no un negocio para las aseguradoras.
Para todos aquellos que resistieron al anterior gobierno, que ocuparon las calles y fueron reprimidos, el pedido del presidente de que no haya «pedidos desmedidos» suena desubicado. Lo que se exija debe ser decidido por los propios trabajadores. «
